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“Los familiares de los miles de asesinados bajo la administración anterior de Duterte continúan trabajando por la justicia y la rendición de cuentas, pero tienen pocas posibilidades legales en los tribunales locales y nacionales”, recoge la declaración, que luego condena, “en los términos más enérgicos posibles, las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en Filipinas, e insta al Gobierno de Filipinas a que adopte todas las medidas necesarias para detener estas violaciones, respetar los derechos humanos, garantizar que se lleven a cabo investigaciones imparciales para exigir responsabilidades a los autores de tales actos, y participar de manera seria y constructiva en el programa conjunto de tres años de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Filipinas”.
El Comité Central expresó asimismo sus condolencias a las familias de las víctimas, y en especial a las familias de los trabajadores de las iglesias, los pastores y los sacerdotes que han estado entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La declaración afirma al Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, las iglesias miembros y los asociados ecuménicos del CMI, y otras organizaciones religiosas y trabajadores religiosos “por su valiente trabajo con y por los pobres frente a la violenta oposición, y apoya su llamado al Gobierno de Filipinas y al Frente Democrático Nacional de Filipinas para que reanuden las negociaciones formales de paz y aborden las causas fundamentales del conflicto armado”.
El Comité Central del CMI se reúne habitualmente cada dos años y sirve como el principal órgano rector del CMI entre asambleas. La reunión de este año es la primera desde que el Comité Central fue elegido en la 11ª Asamblea del CMI en Karlsruhe (Alemania) en 2022.
Declaración sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas
Galería fotográfica de la reunión del Comité Central del CMI
