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El 22 de marzo, Mervin Toquero, secretario de programa del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas (NCCP, por sus siglas en inglés), se dirigió al Consejo de Derechos Humanos en nombre de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
“Los asesinatos relacionados con las drogas siguen impunes bajo la administración del presidente Ferdinand Marcos Jr., con 223 víctimas desde julio de 2022. Además, desde la época del presidente Rodrigo Duterte, la rendición de cuentas de los autores de los delitos ha sido mínima”, afirmó Toquero.
Los defensores de los derechos humanos, en particular las personas vinculadas a la iglesia y los trabajadores humanitarios, están en el punto de mira de la ley antiterrorista y de otras leyes conexas, señaló Toquero. “El Rev. Glofie Baluntong, clérigo ordenado de la Iglesia Metodista Unida y trabajador humanitario, ha sido acusado falsamente de intento de asesinato y de violación de la ley antiterrorista. Del mismo modo, la Sra. Peti Enríquez, miembro del personal del NCCP y defensora de los derechos de la tierra y del medio ambiente, ha sido acusada falsamente de violaciones del derecho internacional humanitario”.
Por ello, el NCCP pidió al Consejo de Derechos Humanos que instara al gobierno filipino a aprobar el proyecto de ley sobre los defensores de los derechos humanos y a derogar la ley antiterrorista, ya que pone en peligro a los defensores de los derechos humanos.
“Pedimos a este Consejo que siga instando al Gobierno de Filipinas a cooperar con la Corte Penal Internacional, ya que ello permitiría el establecimiento de mecanismos viables de rendición de cuentas y combatiría la impunidad”, apelaba el comunicado.
Copatrocinado por el CMI, el evento paralelo “Los derechos humanos en Filipinas”, celebrado el 23 de marzo durante el 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, puso de relieve la situación especialmente difícil de los defensores de los derechos humanos en Filipinas.
Entre los ponentes se encontraban también Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan; Edre Olalia, presidenta de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo; y April Dyan Gumanao, sobreviviente de un secuestro y coordinadora de Alliance of Concerned Teachers.
La ley antiterrorista y otras leyes conexas han sido utilizadas para perseguir a los defensores de los derechos humanos, entre ellos pastores y miembros de iglesias, y los activos de organizaciones y programas eclesiásticos están siendo congelados, señaló Mervin Toquero durante la mesa redonda. “Esto demuestra que el gobierno filipino utiliza las leyes contra su propio pueblo”.
“Como parte del movimiento ecuménico, pedimos a la comunidad internacional que intervenga, instando al Gobierno de Filipinas a poner remedio al problema de las violaciones de derechos humanos y a proteger a los defensores de estos derechos”, afirmó Toquero.
A pesar de la sombría realidad de los defensores de los derechos humanos en Filipinas, las iglesias no pierden la esperanza. “Soy un creyente, nunca pierdo la esperanza. Podemos hacer realidad nuestra esperanza si nos unimos a otros que piensen igual”, concluyó Toquero.
