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Testigos presenciales del ataque aéreo perpetrado por las fuerzas indonesias en septiembre de 2021 muestran municiones recuperadas de la ofensiva llevada a cabo en Kiwi, en la regencia de Pegunungan Bintang, en Papúa Occidental. El pueblo fue atacado por las fuerzas aéreas indonesias, causando destrucción y daños en muchas casas y edificios públicos, incluidos una clínica y una iglesia, y obligando a los habitantes a refugiarse en las selvas circundantes.

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Según el informe, están aumentando los homicidios y las torturas contra los indígenas papúes, y miembros de las fuerzas de seguridad han asaltado aldeas y prendido fuego a viviendas.

Los ataques se habrían producido el 1 y el 2 de abril en diversos focos de conflicto en Papúa Occidental, sobre todo en las regencias de Puncak, Nduga e Intan Jaya, pero también en lugares menos afectados por el conflicto, como los distritos de Elilim y Apahapsili en la regencia de Yalimo.

Varios indígenas papúes, incluidas mujeres y niños, han sido arrestados y torturados. Los observadores vaticinaron una agravación del conflicto hace algunas semanas, después de que los militares indonesios desplegaran más de 2000 efectivos suplementarios en Papúa Occidental durante el pasado mes de marzo.

La intensificación de los despliegues de las fuerzas de seguridad tiene lugar en paralelo a programas gubernamentales de socialización, en virtud de los cuales agentes militares y policiales interactúan directamente con las comunidades locales y participan en los trabajos colectivos, visitan escuelas y acompañan o pasan a hacerse cargo de servicios sanitarios esenciales. No obstante, esta intervención no ha hecho sino aumentar el miedo y la sensación de amenaza de las comunidades indígenas papúes.

Durante décadas, muchos indígenas han sufrido traumas debido a la historia de operaciones militares violentas en Papúa Occidental. Temen ser víctimas de arrestos arbitrarios, torturas, asesinatos o desapariciones forzadas. La presencia militar en escuelas, centros de salud e iglesias restringe el acceso de los indígenas papúes a estos servicios públicos básicos.

“La 11a Asamblea del CMI instó a todas las iglesias miembros del CMI a aumentar su concienciación, acompañamiento y apoyo al pueblo y a las iglesias de Papúa Occidental en el contexto de esta crisis prolongada y cada vez más grave”, recordó Peter Prove, director de Asuntos Internacionales del CMI. “Y este informe es un poderoso recordatorio del deterioro de la situación en la región. Exhortamos a la comunidad internacional a solidarizarse con los pueblos indígenas de Papúa y apoyarlos”.

Human Rights Monitor es una organización con sede en la Unión Europea que promueve los derechos humanos a través de la documentación y actividades de defensa y promoción. Trabaja en colaboración con el Consejo Mundial de Iglesias en cuestiones relacionadas con el conflicto y los derechos humanos en Papúa Occidental.

Informe de Human Rights Monitor: Indonesia intensifica las operaciones de seguridad en Papúa Occidental (en inglés)

Un informe sobre los derechos humanos exhorta a reducir urgentemente la violencia y promover la rendición de cuentas en Papúa Occidental (comunicado de prensa del CMI, 16 de febrero de 2023) (en inglés)

11ª Asamblea del CMI: Nota sobre la situación en Papúa Occidental

Galería de fotografías: Papúa Occidental