El planeta vivo: en busca de una comunidad mundial justa y sostenible

“Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que lo habitan.;

Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos” (Salmo 24)

“.. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda”. (Isaías 1:16b-17)

Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura.

(Marcos 16:15)

Juntos creemos que…

la Tierra es del Señor, y todo lo que hay en ella. Los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a servir como fieles y responsables cuidadores de la preciosa y única creación de Dios, de la que somos, a la vez, parte inherente e inextricablemente dependientes, ya que nuestra existencia depende de la salud de todo el mundo natural. Para lograr un ecosistema global sostenible, debemos revisar la estrecha comprensión antropocéntrica de nuestra relación con la creación hacia una comprensión de la vida en su conjunto. Todos somos interdependientes en la creación de Dios. Mientras el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad, nosotros estamos llamados a la metanoia y a establecer una relación renovada y justa con la creación que se manifieste en términos prácticos en nuestras vidas.

Se nos acaba el tiempo para poner en práctica esta metanoia. El Comité Central, reunido en junio de este año, señaló que la isla de Kiribati, en el Pacífico, que afronta la subida del nivel del mar, había declarado el estado de catástrofe natural debido a una prolongada sequía. Mientras hemos estado reunidos para la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, nuestros hermanos y hermanas de Pakistán han soportado las lluvias más intensas que se recuerdan y unas inundaciones que han dejado 1 162 muertos, 3 554 heridos y 33 millones de desplazados. Cuatro años de escasez de lluvia en el Cuerno de África han puesto a 22 millones de personas en riesgo de inanición. En Europa, una sequía sin precedentes en quinientos años ha afectado a amplias extensiones del continente. Estas condiciones meteorológicas extremas y las crisis humanitarias que las acompañan son las señales de alarma de una emergencia climática. Además, la inestabilidad y la creciente competencia por los recursos causada por el cambio climático exacerban en gran medida el riesgo de conflictos. Por otra parte, el cambio climático es una emergencia de salud pública, que ha sido reconocida como una causa principal de la mortalidad y la morbilidad humanas. Ya no se trata de saber si habrá desplazamientos, reubicaciones o migraciones provocados por el cambio climático y cuándo, pues son fenómenos que están ocurriendo ahora.

Estas realidades vividas dan testimonio de los numerosos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés)[1]. La emergencia climática es una crisis ética, moral y espiritual, que se manifiesta en la obsesión por el lucro. Los sistemas extractivos —y, en última instancia, insostenibles— de producción y consumo que mantienen los cómplices de esta crisis siguen ignorando las crecientes advertencias científicas y morales.

Se nos acaba el tiempo.[2] Debemos arrepentirnos de nuestro insistente egoísmo humano, de nuestra codicia, de nuestra negación de los hechos y de nuestra apatía, que amenazan la vida de toda la creación.

Se nos acaba el tiempo. Esta Asamblea es la última oportunidad que tenemos de actuar juntos para evitar que el planeta se vuelva inhabitable.[3] Concretamente, no podemos demorarnos más si queremos tener alguna posibilidad de limitar el aumento del calentamiento del planeta a 1,5 °C y evitar un cambio climático mucho más catastrófico.

El amor de Cristo nos llama a una profunda solidaridad y a la búsqueda de la justicia para quienes menos han contribuido a esta emergencia, y que, sin embargo, son los que más sufren física, existencial y ecológicamente, a través de la transformación de los sistemas y estilos de vida. Nuestra teología debe responder a una emergencia de tales dimensiones.

Los pueblos indígenas están entre los primeros que se enfrentan a las consecuencias directas del cambio climático, debido a su dependencia del medio ambiente y de sus recursos, y a su estrecha relación con estos. Sin embargo, rara vez se tiene en cuenta a los pueblos indígenas y el papel que desempeñan en la lucha contra el cambio climático a través de la restauración de la integridad de la creación. Esto debe cambiar a través de la reconfiguración y deconstrucción de la visión del mundo y de la teología predominantes.

Toda medida que no reconozca las responsabilidades históricas de los impulsores de la emergencia climática y de la degradación del medio ambiente, así como las injusticias cometidas contra las comunidades pobres y vulnerables que ahora sufren las peores consecuencias, a pesar de generar la menor huella de carbono, no podrá considerarse una mayordomía fiel.

Juntos, hacemos un llamado al mundo para que responda urgentemente a las siguientes demandas de justicia climática y medioambiental, y para que los gobiernos se unan en acciones prácticas —y no solo en compromisos— para satisfacer la necesidad urgente de evitar el desastre ecológico:

• Se debe acelerar una transición justa hacia fuentes de energía renovable. El uso de las fuentes de combustibles fósiles existentes debe ser eliminado sin más demora. Todo nuevo proyecto que utilice combustibles fósiles o energía nuclear debe estar prohibido. Deben ser eliminadas las subvenciones a las industrias de combustibles fósiles que reducen artificialmente el costo de producción de estos. Deben aplicarse soluciones a gran escala basadas en la naturaleza y en las tecnologías y capacidades de retención para compensar las emisiones residuales.
• Las poblaciones y países más ricos, responsables de la mayor parte de las emisiones, deben tomar la iniciativa de reducir sus propias emisiones y de financiar la reducción de emisiones de las naciones más pobres. También deben responder de forma constructiva a las demandas de compensación por las pérdidas y daños ya ocasionados y proporcionar apoyo financiero para las medidas de mitigación y de adaptación que todos deben adoptar, pero no todos pueden permitirse. Las voces, experiencias y perspectivas de los grupos más afectados y más vulnerables, como los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres, los pueblos indígenas, los pequeños agricultores, y las comunidades pobres y marginadas deben alzarse y amplificarse en todas las negociaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental.
• Las llamadas soluciones “verdes” y “azules” no deben ir en detrimento de las comunidades pobres y vulnerables ni del ya frágil ecosistema. La extracción de elementos poco comunes de la tierra y del mar, so pretexto de proporcionar vías alternativas, ha provocado la degradación del medio ambiente y el sufrimiento de las comunidades indígenas, que viven estas iniciativas como una “colonización verde y azul”[4]. Es necesario fomentar la utilización de indicadores alternativos de la prosperidad y del bienestar que tengan en cuenta el conjunto de las condiciones económicas, sociales y ecológicas, pues constituyen una importante herramienta.
• Todos los gobiernos y autoridades deben respetar, proteger y cumplir el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como se describe en el “Acuerdo de Escazú”[5]. La consideración de propuestas tales como la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Económico, Social y Ecológico de la ONU; un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles; los derechos de la naturaleza; leyes sobre el ecocidio[6]; un Tribunal de Crímenes Climáticos[7] y una opinión consultiva sobre Derechos Humanos y Cambio Climático de la Corte Internacional de Justicia[8] son nuevas formas de rendición de cuentas más exigentes que requieren apoyo.
• La nueva estructura financiera y económica internacional (NIFEA, por su sigla en inglés) que promueve una Economía de Vida, contribuye a la reconciliación de los objetivos económicos, sociales y ecológicos, y expresa la compasión de Cristo por toda forma de vida a través de la compensación y la restauración sistémicas.
• El impuesto de “Zaqueo” (ZacTax) que defiende el CMI propone la creación de un impuesto sobre el patrimonio y sobre las emisiones de carbono a nivel mundial y nacional, para frenar las crecientes diferencias socioeconómicas y recaudar los recursos necesarios para luchar contra la pobreza y el cambio climático. El desarrollo de nuevos mecanismos internacionales para abordar y prevenir el endeudamiento crónico de los Estados, además de la cancelación de las injustas deudas externas contraídas por los países en desarrollo, es esencial para liberar recursos que serán destinados a la descarbonización y al incremento de proyectos de resiliencia climática.[9]
• El fin de las guerras y de los ejercicios militares, y la desinversión en los sectores de los combustibles fósiles, las armas y otros sectores que destruyen la vida, junto con la movilización y reorientación radical de los recursos hacia la salud y la resiliencia de nuestras comunidades y la protección y renovación de los ecosistemas que constituyen la base de todas nuestras economías y sociedades.

La Asamblea se une al Comité Central del CMI para instar a todas las iglesias miembros y asociados ecuménicos de todo el mundo a que presten a la emergencia climática la atención prioritaria que merece una crisis de dimensiones tan inéditas y globales, tanto en sus palabras como en sus acciones, y a que intensifiquen sus esfuerzos para exigir a sus respectivos gobiernos la adopción de las medidas necesarias —en el plazo requerido— para limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 °C y la asunción de sus responsabilidades históricas para con las naciones y comunidades más pobres y vulnerables.

Juntos, en calidad de iglesias, adquirimos los siguientes compromisos:

• Predicar con el ejemplo y adoptar todas las medidas posibles en nuestros propios contextos para ayudar a impulsar una transición justa hacia un futuro sostenible, inspirándonos en la Hoja de ruta destinada a las congregaciones, las comunidades y las iglesias para una economía de vida y una justicia ecológica[10], y en los muchos otros recursos puestos a disposición por el CMI y otras organizaciones.
• Animar a las instituciones de aprendizaje y enseñanza teológicos (p. ej., el Instituto de Bossey) a que ofrezcan programas de estudio o becas en el ámbito de la teología ecológica.
• Crear y consolidar espacios de encuentro para que las iglesias se apoyen mutuamente en la incorporación de la justicia climática a todos los aspectos de la vida y del trabajo de la iglesia.
• Colaborar con los responsables de la adopción de decisiones y con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para garantizar la rendición de cuentas y velar por el derecho de las generaciones futuras a un entorno seguro y saludable y a una vida digna.
• Apoyar a los países y comunidades pobres y vulnerables que reclaman el justo reconocimiento y satisfacción de su derecho a recibir compensaciones por las pérdidas y daños sufridos, y a recibir apoyo financiero para las medidas de mitigación del cambio climático, así como para afrontar la adaptación y la reubicación que este exige.
• Oponerse a las subvenciones gubernamentales[11] para el sector de los combustibles fósiles, y a todo tipo de ayudas destinadas a la energía nuclear o a las prácticas agrícolas industriales insostenibles. Debemos trabajar a todo nivel para promover el consumo ético y garantizar la desinversión y, en su lugar, promover la inversión en iniciativas que promuevan la salud ecológica y el bienestar de la comunidad.
• Apoyar el uso de la tierra y las prácticas agrícolas que conservan el carbono en el suelo y los recursos hídricos al tiempo que se eliminan gradualmente las actividades de cría de ganado insostenibles, que no solo degradan la tierra sino que emiten metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos. Nos comprometemos también a garantizar que nuestro consumo de alimentos se basa en una producción alimentaria respetuosa con el clima y en prácticas de producción sostenibles.
• Establecer un diálogo con nuestros respectivos proveedores de servicios financieros con respecto a estos compromisos, y armonizar nuestras prácticas con la iniciativa “Financiamiento responsable con el clima: un imperativo moral para con la infancia”.[12]
• Habilitar y apoyar a los jóvenes que quieran actuar contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente para proteger su futuro, que tanto ha puesto en peligro la actual generación.[13]
• Abogar por la regulación y el control de los productos químicos perjudiciales para el medio ambiente.
• Apoyar a los pequeños productores de alimentos y comprar alimentos de producción local. Procuraremos evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos en nuestro día a día.
• Garantizar que las tierras que son propiedad de las iglesias se gestionan de manera sostenible.
• Apoyar el papel de las iglesias miembros del CMI y de sus dirigentes en las Conferencias de las Partes de la CMNUCC, en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y en otros foros similares para hacer oír la voz de nuestra fe cristiana y la perspectiva de los más vulnerables en favor de una transición justa; y redoblar nuestros esfuerzos de colaboración con otras tradiciones religiosas en las actividades locales y mundiales de promoción de la justicia climática y en las acciones en favor de una transición justa.
• Buscar la reconciliación con los pueblos indígenas y defender sus derechos, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos de nuevas infraestructuras “verdes” y “azules”, entre otros.
• En nuestros respectivos contextos y de acuerdo con nuestras respectivas capacidades, trabajaremos para salvaguardar nuestros bosques, selvas, humedales y espacios naturales, y para proteger los océanos, ríos y demás masas de agua.
• Trataremos de garantizar que nuestras iglesias se conviertan en “iglesias verdes y promotoras de la vida”, y en testigos de una nueva estructura financiera y económica internacional y de una “Economía de Vida”.

Juntos decidimos que

es necesaria una respuesta de emergencia por parte del CMI, en todos los ámbitos de su trabajo, para afrontar la crisis moral y existencial del cambio climático y de la injusticia ecológica y económica. Juntos nos comprometemos a proporcionar los recursos necesarios para esa respuesta.

Ello requiere las siguientes medidas excepcionales:

• Establecer urgentemente una Comisión sobre Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Injusticia Económica, convocada por el CMI en colaboración con los asociados ecuménicos, con el fin de supervisar los progresos y asesorar sobre las medidas para acelerar nuestros esfuerzos para la protección de la creación de Dios, y para la promoción de comunidades justas y sostenibles.
• Declarar un Decenio ecuménico de arrepentimiento y acción por un planeta justo y próspero.^[14]
• Dar ejemplo adquiriendo el compromiso de reducir la huella de carbono institucional del CMI hasta alcanzar el nivel de cero emisiones netas en 2030.
• Establecer limitaciones estrictas a los viajes institucionales del CMI, dando prioridad a los medios virtuales de consulta y encuentro. Estos encuentros en línea y el uso de dispositivos electrónicos por parte del CMI deben también tener presentes los costos medioambientales persistentes y el impacto en los niños obligados a trabajar en industrias extractivas buscando minerales poco comunes de la tierra.

Antecedentes/Fundamentos (para información)

El Acta sobre la Justicia Climática adoptada por la 10ª Asamblea del CMI en 2013 en Busan reconoció que el cambio climático es “una de las mayores amenazas a escala mundial, cuyas repercusiones afectan sobre todo a los más vulnerables”. La Asamblea de Busan observó que, a pesar del creciente consenso científico sobre el cambio climático antropogénico y la gravedad de sus consecuencias, las negociaciones a nivel internacional no habían conseguido dar respuestas eficaces para afrontar el reto. En consecuencia, la Asamblea pidió a las iglesias y a las organizaciones ecuménicas que insistieran en que sus respectivos gobiernos mirasen “más allá de sus intereses nacionales y (adoptaran) una actitud responsable hacia la creación y hacia nuestro futuro común”, y que les instaran a salvaguardar y promover los derechos humanos básicos de quienes están amenazados por los efectos del cambio climático.

En los nueve años transcurridos, las pruebas científicas de la gravedad de la amenaza que supone el cambio climático son cada vez más abrumadoras, los fenómenos meteorológicos extremos y los incendios son cada vez más frecuentes y destructivos en casi todo el mundo, y sus repercusiones, especialmente sobre las comunidades más pobres y vulnerables, son cada vez más desastrosas. Al mismo tiempo, ha crecido la amenaza a la biodiversidad de la Tierra debido a la negligencia de la mayordomía humana de la naturaleza. A pesar de algunos momentos de oportunidad y de mayor esperanza —especialmente, en el Acuerdo de París de 2015—, ha persistido la incapacidad humana colectiva de responder eficazmente a estos desafíos existenciales sin precedentes y de garantizar la justicia para los más vulnerables —y los menos responsables de la crisis ecológica mundial—, mientras se agota el tiempo disponible para tomar medidas.

Los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre están ahora en su nivel más alto en la historia de la humanidad. Aunque las emisiones disminuyeron drásticamente en 2020 debido al confinamiento impuesto a causa de la pandemia, en 2021 ya se habían igualado o superado los niveles máximos registrados dos años antes: en 2019 ya eran un 12 % más altas que en 2010, y un 54 % más altas que en 1990. Sin embargo, en una señal del creciente reconocimiento de la amenaza del cambio climático, la tasa media de aumento de las emisiones en la última década (2010-2019) fue menor que en la década anterior. Además, el coste de muchas tecnologías de baja emisión de carbono ha disminuido de forma constante. No obstante, las emisiones siguen aumentando en lugar de disminuir. La temperatura global ya había aumentado en 1,09 °C en 2021, por lo que, si las emisiones siguen al ritmo actual, se prevé que las temperaturas aumenten otro 3,5 °C más para finales de siglo.

Más de 3 000 millones de personas viven actualmente en situaciones de alta vulnerabilidad al cambio climático. A continuación, se enumeran algunos de los efectos ya observables de la crisis ecológica sobre las personas y los ecosistemas.

• Aumento de la frecuencia, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de los fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, inundaciones, sequías) e incendios.
• Menor disponibilidad de recursos hídricos y alimentarios (especialmente en África, Asia y las islas pequeñas).
• Efectos negativos sobre la salud en todas las regiones del mundo, derivados del aumento del estrés térmico, la propagación de enfermedades a nuevas regiones, la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas y el aumento del riesgo de pandemias, el deterioro de la calidad del aire, así como las consecuencias para la salud del hambre, la malnutrición y la escasez de agua relacionadas con las condiciones climáticas cambiantes.
• Aumento del nivel del mar, inundación de islas y zonas costeras bajas y el inicio de desplazamientos a gran escala inducidos por el clima.
• Pérdida acelerada de especies animales y vegetales.

Se espera que a mediados del siglo XXI 1300 millones de personas en el mundo entero se vean expuestas a mayores amenazas humanitarias en relación con el clima. Entre otras cosas, se prevé que un clima más cálido intensifique las estaciones y los fenómenos meteorológicos y climáticos muy húmedos y muy secos, lo que repercutirá en las inundaciones o las sequías, y que, por consiguiente, el número de personas privadas de acceso a agua limpia aumentará. La escasez de agua ya afecta al 40% de la población mundial, pero por cada grado centígrado que aumente la temperatura, 500 millones de personas más afrontarán una reducción del 20% de los recursos hídricos de que disponen.

Al mismo tiempo, la pérdida de la biodiversidad –en parte relacionada con el cambio climático y con otros factores medioambientales– también representa una gran amenaza. De los aproximadamente ocho millones de especies de animales, hongos y plantas del planeta –de los cuales solo una parte se ha documentado científicamente–, los científicos prevén que, si no se toman medidas a nivel mundial, el mundo puede perder casi un millón de especies antes de 2030, y que de media se puede extinguir una especie cada diez minutos. Las consecuencias para ecosistemas enteros, y para los seres humanos, son enormes. El Comité Ejecutivo del CMI destacó este reto en la Declaración sobre la crisis de la biodiversidad mundial y la necesidad urgente de un cambio estructural (en inglés) de mayo de 2019. En diciembre de este año, la segunda fase de la 15ª Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad se reunirá en Montreal (Canadá) para intentar acordar un nuevo marco internacional para la protección de la biodiversidad.

Los contaminantes químicos siguen planteando importantes problemas medioambientales, y las nuevas preocupaciones en torno a la omnipresencia en el medio ambiente y las consecuencias para la salud de los microplásticos y las PFAS (un grupo de sustancias químicas que se usan ampliamente por sus propiedades para repeler el agua y el aceite) requieren intensificar los estudios y las medidas al respecto.

Las consecuencias del cambio climático y las amenazas medioambientales mantienen una relación compleja con otros factores, lo que resulta en riesgos en cascada en los diferentes sectores y regiones. Por ejemplo, el cambio climático –y las catástrofes naturales cada vez más frecuentes y graves que provoca– es una de las principales causas del hambre mundial, pero se ha combinado con conflictos y con los actuales efectos económicos de la pandemia de la COVID-19 causando una crisis alimentaria mundial amplificada. Se calcula que unos 828 millones de personas padecen hambre en la actualidad, y la prevalencia de la subalimentación, que llevaba estable los últimos cinco años, ha aumentado en un 1,5% hasta el 9,9%. Además, si la temperatura mundial aumentara 2° C de media por encima de los niveles preindustriales, se prevé que 189 millones de personas más se vean abocadas a pasar hambre. Si el mundo se calentara 4° C, esta cifra podría aumentar hasta los 1800 millones de personas, una cifra sobrecogedora.

Al mismo tiempo, junto con la silvicultura y otros usos de la tierra, la agricultura causa casi una cuarta parte de las emisiones de GEI causadas por la actividad humana. Sobre todo debido a las actuales prácticas agrícolas, un tercio de los suelos del mundo están degradados, emitiendo 78 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que cuesta más del 10% del PIB. Además, el 14% de todos los alimentos producidos, cuyo valor asciende a 400 000 millones de dólares estadounidenses, se pierde después de la cosecha antes de llegar a los distribuidores. El desperdicio y las pérdidas de alimentos causan el 8% de las emisiones de GEI a nivel mundial.

Las actividades de cría de ganado, que no solo degradan la tierra sino que emiten metano, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos, son una de las principales causas de la deforestación debido a la quema de bosques en Brasil y en muchos países del Sur. Las zonas forestales cuando se queman liberan inmediatamente carbono a la atmósfera, lo que provoca que se desplacen los pueblos indígenas y se degraden o eliminen la rica biodiversidad de sus tierras ancestrales y las prácticas culturales y espirituales asociadas a ellas, con consecuencias que en muchos casos son irreversibles. La deforestación tropical y la degradación de los bosques representan el 11% de las emisiones de GEI. Además, el ritmo insostenible de deforestación –que afecta en especial a los principales bosques lluviosos que quedan, los ‘pulmones del planeta’– está agotando gravemente la capacidad de la Tierra para absorber el dióxido de carbono. Los últimos informes han ilustrado el acelerado bucle de retroalimentación de los incendios y el clima. Las condiciones más calientes y secas debidas al cambio climático hacen que los bosques estén más expuestos a sufrir incendios más frecuentes y de mayor extensión, que emiten todavía más carbono, que sumándose así a las emisiones y provocando más calentamiento global, degradación forestal y pérdida de la biodiversidad.

Los océanos absorben hasta cincuenta veces más CO2 que la atmósfera, y veinte veces más que las plantas y el suelo juntos. Pero como los océanos se calientan y acidifican, sus aguas pierden eficacia a la hora de captar las emisiones y pueden incluso devolverlas rápidamente a la atmósfera.

Los modelos del cambio climático sugieren que para que el mundo evite consecuencias climáticas extremas, las emisiones deben comenzar a bajar antes de 2025 y deben reducirse a la mitad antes de 2030. La gran mayoría de las emisiones de carbono proceden del uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, se requieren medidas inmediatas para reducir el uso de combustibles fósiles, seguidas de importantes reducciones continuadas a lo largo de las próximas décadas.

Al mismo tiempo, reconocemos que muchos de los recursos naturales necesarios para la ‘transición ecológica’[15] se extraen principalmente en el hemisferio sur, con frecuencia asociado al desplazamiento y el conflicto armado, y que la ‘transición ecológica’ también conlleva el riesgo de la apropiación de esos recursos por parte del Norte, y el riesgo de consecuencias desastrosas sobre el medioambiente natural, los pueblos indígenas y la explotación de los niños[16].

Por otro lado, la atención se centra cada vez más en el océano como fuente de estos recursos[17]. Debemos reconsiderar el marco actual de la economía azul con una mirada crítica a la agenda económica geopolítica, ideológica y neoliberal que lo presenta. Es preciso examinar de cerca estos aspectos para identificar a quién y qué representan verdaderamente.

El 10% de la población mundial posee el 75% de la riqueza, recibe el 50% de los ingresos y es responsable de casi la mitad de todas las emisiones de carbono[18]. Estas cifras representan una injusticia monumental. Quienes son más culpables siguen resistiéndose a atender las reivindicaciones justas de las víctimas de obtener apoyo para la mitigación y la adaptación al cambio climático, y de ser recompensadas por los daños y pérdidas ya sufridos por los países y las comunidades más pobres y vulnerables.

El cambio climático exacerba las dificultades a las que ya se enfrentan las comunidades indígenas, en particular la marginación política y económica, la pérdida de tierras y recursos, las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y el desempleo. Y, sin embargo, como pone de relieve el Informe conjunto del Grupo de Referencia de la Red Ecuménica de Pueblos Indígenas y del Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático del CMI (disponible en inglés), la larga experiencia de los pueblos indígenas que viven de manera sostenible con la naturaleza contiene una sabiduría esencial para responder a la crisis medioambiental mundial.

La 11ª Asamblea se reúne en la mitad del período de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2016-2030), y cada vez está más claro que muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están realmente lejos de alcanzarse, debido a las crisis convergentes e interrelacionadas del clima, la COVID-19, el conflicto, los alimentos, la energía y las finanzas.

Incluso en la actualidad, están planificados o ya operan 425 proyectos masivos de combustibles fósiles –llamados ‘bombas de carbono’– con el potencial de emitir más de una gigatonelada de carbono[19]. Se trata de dos veces el presupuesto de carbono total que le queda al mundo para tener alguna posibilidad de cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Son armas de destrucción medioambiental masiva.

La pandemia de la COVID-19, particularmente en 2020 y 2021, causó grandes impactos económicos a nivel mundial, cuando muchos países contrajeron deudas considerables para afrontar los costos de la respuesta a la pandemia y los menores ingresos fiscales a causa de la reducida actividad económica. Muchos países endeudados también están atrapados en costosos ciclos de construcción-reconstrucción debido a catástrofes climáticas recurrentes, que aumentan aún más las cargas de sus deudas. Esas deudas se hacen rápidamente insostenibles para algunos países cuando suben los tipos de interés.

Las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, junto con las actuales perturbaciones económicas derivadas de la pandemia, están agravando la crisis mundial de la seguridad alimentaria impulsada por condiciones climáticas cambiantes, que hacen que los precios de los alimentos se disparen. Además, la controversia y la incertidumbre acerca del suministro de petróleo y gas de Rusia han contribuido a grandes aumentos de los precios de los combustibles a nivel internacional con el consiguiente impacto en la estabilidad económica y política de una serie de países, siendo el caso más notable el de Sri Lanka. Y aunque el peligro de un daño medioambiental irreversible a causa del cambio climático es cada vez más urgente, la adicción mundial a los combustibles fósiles da pocas muestras de llegar a su fin.

Existe el peligro de que la pandemia y el conflicto en Ucrania se utilicen como excusas para no lograr los ODS. Las iglesias deben seguir siendo agentes de esperanza y voces por la justicia y la rendición de cuentas: no se deben abandonar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni se debe permitir que fracasen. Las iglesias pueden desempeñar un papel significativo al promover y trabajar por la consecución de la Agenda 2030.

La aceleración de la crisis medioambiental: la respuesta del CMI

Con cada nueva prueba de la amenaza a las generaciones futuras y el mundo vivo provocada por el ser humano, y con cada nueva experiencia de la gravedad de las consecuencias, el CMI ha expresado su preocupación y ha exigido medidas de manera cada vez más urgente.

En concreto, después de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre Calentamiento global de 1,5 ºC (octubre de 2018), El cambio climático y la tierra (agosto de 2019) y El océano y la criosfera en un clima cambiante (septiembre de 2019), y de una serie de fenómenos climáticos extremos y otras catástrofes naturales en todo el mundo que causaron muchas muertes y una devastación generalizada, el Comité Ejecutivo del CMI declaró en noviembre de 2019 una emergencia climática, exigiendo “una respuesta urgente y sin precedentes por parte de todos en todas partes, en el ámbito local, nacional e internacional”. El Comité Ejecutivo expresó “su amarga decepción por las acciones inadecuadas e incluso regresivas de los gobiernos que deberían ser líderes en la respuesta a esta emergencia”, e instó “a las iglesias miembros, los asociados ecuménicos y otras comunidades religiosas, y a todas las personas de buena voluntad y conciencia moral a buscar la manera de realizar una contribución significativa en nuestros propios contextos para evitar las consecuencias más catastróficas de continuar con la inacción y con acciones de los gobiernos con repercusiones negativas” y a “contribuir a enfrentarse a esta crisis mundial mediante esfuerzos concertados de promoción y defensa para la mitigación del cambio climático y la adaptación, un uso cero de combustibles fósiles y una ‘transición justa’”.

Después de los informes de los grupos de trabajo del IPCC (contribuyendo al Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación) sobre Bases Físicas (agosto de 2021), Impactos, adaptación y vulnerabilidad (febrero de 2022) y Mitigación del cambio climático (abril de 2022), así como de nuevas catástrofes relacionadas con el clima en el mundo entero, en junio de 2022 el Comité Central del CMI publicó la Declaración sobre la necesidad de dar una respuesta eficaz a la emergencia climática. En esta declaración, el Comité Central señaló que “[d]écadas de investigación científica han validado la realidad de la aceleración de la emergencia climática a la que ahora nos enfrentamos como una verdadera catástrofe inminente”. El Comité Central subrayó que “[l]a metanoia mundial necesaria para afrontar este desafío debe, en primer lugar, conllevar la urgente eliminación gradual de la extracción y el uso de combustibles fósiles, y una transición justa a fuentes de energía renovables que proteja los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades marginadas, y tenga en cuenta la justicia de género. Sin embargo, en claro contraste con esta necesidad, el mundo va camino en la actualidad de producir antes de 2030 más del doble del carbón, el petróleo y el gas de lo que es coherente con limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC”. Ante esta situación alarmante, el Comité Central declaró que “seguir deliberadamente nuestro actual camino destructivo es un crimen: contra los pobres y vulnerables, contra los menos responsables de la crisis pero que sufren sus consecuencias más graves, contra nuestros hijos y las generaciones futuras, y contra el mundo vivo”.

Por consiguiente, el Comité Central pidió a la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en la que ahora estamos reunidos –“la última Asamblea ecuménica mundial que se celebrará en el tiempo de que disponemos para actuar con el fin de evitar las peores consecuencias del cambio climático”– que sirva de plataforma “para promover la metanoia ecológica que necesitamos en el movimiento ecuménico y en el mundo, gracias al encuentro de iglesias de países ricos y pobres, de los privilegiados y los que están en peligro”, animó a todas las iglesias miembros del CMI y los asociados ecuménicos “a venir a la Asamblea preparados para escuchar y aprender de las historias de lucha y resiliencia de las comunidades afectadas, compartir sus compromisos e iniciativas, y acompañar sus palabras con hechos con el fin de contribuir a garantizar un futuro sostenible para el mundo vivo que Dios creó con tanta abundancia y complejidad”, e invitó a que se considerara la creación de una nueva Comisión sobre el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible “con el fin de centrar la atención adecuada en este asunto durante este período fundamental”.

Décadas de actividades de promoción por parte del CMI han expresado la necesidad de tomar medidas para reducir las emisiones a niveles sostenibles, por una transición justa a un futuro sostenible, y por la justicia climática para las comunidades pobres y los pueblos indígenas más vulnerables, reflejando la responsabilidad histórica de los países industrializados más desarrollados. A lo largo del período desde Busan, el CMI ha seguido participando en actividades de promoción –a menudo con asociados interreligiosos– en las conferencias de la ONU sobre el cambio climático (Conferencias de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y otros foros intergubernamentales. Además de estos esfuerzos de promoción y complementándolos, el CMI ha trabajado durante este período para presentar a sus miembros y asociados medios prácticos para que puedan tomar medidas significativas en sus propios contextos, como la Hoja de ruta destinada a las congregaciones, las comunidades y las iglesias para una economía de vida y una justicia ecológica. De las palabras a la acción y la reciente iniciativa “Financiamiento responsable con el clima”.

La respuesta del CMI ha sido desarrollada también en parte gracias a los dirigentes de la Red Ecuménica del Agua y la campaña ‘Alimentos por la Vida’ de la Alianza Ecuménica de Acción Mundial, así como a través de colaboraciones como la Asociación Internacional sobre Religión y Desarrollo Sostenible (PaRD, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa Interreligiosa en defensa de los Bosques Lluviosos (IRI, por sus siglas en inglés). Reconociendo que las causas fundamentales de la crisis climática y medioambiental residen en los modelos económicos injustos e insostenibles basados en la explotación que prevalecen en la actualidad, el CMI ha seguido promoviendo una ‘Economía de vida’ a través del programa de la nueva estructura financiera y económica internacional (NIFEA), tal y como queda reflejado en la Declaración sobre el reto urgente de la transformación económica: diez años después de la crisis financiera mundial de noviembre de 2018 del Comité Ejecutivo del CMI. Al responder a las crisis sanitaria, económica y ecológica mundiales que están interconectadas, el CMI ha señalado, junto con organismos ecuménicos hermanos, la urgencia de un “cambio de sistema” y de enraizar nuestros sistemas en la Nueva Creación donde la justicia y el cuidado del Creador quedan “reflejados en una creación que no es explotada sin cesar, sino profundamente bendecida” (CMI y otros, 2020).

La Comisión de Fe y Constitución del CMI también ha publicado “Cultivate and Care: An ecumenical theology of justice for and within creation” (Cultivar y cuidar: Una teología ecuménica de justicia para y en la creación, en inglés), y el CMI se ha asociado con la Misión Evangélica Unida, Pan para el mundo, la Iglesia Evangélica en Alemania y Evangelische Mission Weltweit para publicar “Kairós para la Creación: confesando esperanza para la Tierra”.

[1]Véase el anexo y también el informe del IPCC en https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

[2] Cita.

[3] IPCC.

[4] Mensaje de la Preasamblea de los Pueblos Indígenas del CMI, 28 a 30 de agosto de 2022, Karlsruhe (Alemania). See also https://www.pacificblueline.org/

[5] El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_e…

[6] https://www.faithforecocidelaw.earth/

[7] https://climatechangeischi.wixsite.com/generations-together

[8] https://climatechangeischi.wixsite.com/generations-together

[9] https://www.oikoumene.org/resources/documents/calls-of-the-zacchaeus-tax-campaign

[10] https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice

[11] https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/21/young-people-go-to-european-court-to-stop-treaty-that-aids-fossil-fuel-investors

[12] https://www.oikoumene.org/climate-responsible-finance

[13] https://www.oikoumene.org/en/resources/publications/climate-justice-with-children-and-youth

[14] Esta propuesta fue articulada por primera vez en el “Llamado de Wuppertal” https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-the-wuppertal-calll

[15] Por ejemplo, minerales y elementos poco comunes de la tierra como el coltán, el litio, el níquel, el cobalto, el cobre, el neodimio, el magnesio, el platino, el titanio y el vanadio.

[16] https://docs.google.com/document/d/14PGIgdfFO3nQdYnri6as1gkdiB3JK82AitTFoIxvIQE/edit

Véase también https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-go…

https://www.cbsnews.com/news/cobalt-children-mining-democratic-republic…

https://news.mongabay.com/2022/05/scheme-to-stop-conflict-minerals-fail…

[17] https://www.pacificblueline.org/

[18] World Inequality Report 2022 (Informe sobre la desigualdad global 2022, en inglés), https://wir2022.wid.world/

[19] https://www.leave-it-in-the-ground.org/projects/carbon-bombs/