Noticias
Por Maurice Malanes (*)
Berlin Guerrero, pastor de la Iglesia Unida de Cristo de Filipinas, volvía a su casa con su familia después del servicio de culto vespertino cuando su automóvil fue detenido por pistoleros. El pastor fue sacado a punta de pistola e introducido en un furgón. Le ataron las manos. La bolsa de plástico que le pusieron en la cabeza casi le ahogaba y Guerrero se desmayó dos veces, por lo que los secuestradores le golpearon para hacerle volver en sí. Guerrero fue secuestrado y torturado para obligarle a admitir su pertenencia al Partido Comunicas clandestino de Filipinas.
"Los secuestradores llegaron incluso a decir a mi marido que nos violarían a mi hija y a mi ante él si no daba los nombres de los dirigentes de supuestas organizaciones clandestinas", recuerda Mylene, la esposa de Guerrero.
El secuestro de Guerrero ocurrió el 27 de mayo de 2006. Afortunadamente, salvó su vida, a diferencia de más de 800 militantes, trabajadores de las iglesias y periodistas que perecieron en asesinatos extrajudiciales desde 2001. Pero Guerrero está encarcelado desde entonces por las que su esposa califica de falsas acusaciones de un asesinato, que se supone cometió hace 17 años. Con el apoyo de la iglesia y de grupos defensores de los derechos humanos, la familia sigue luchando por la solución del caso.
La terrible experiencia de Guerrero fue uno de los testimonios escuchados por una delegación del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) el primer día de su visita realizada del 18 al 21 de noviembre a este país insular del Asia Sudoriental.
La delegación, encabezada por el secretario general del CMI, Rev. Dr. Samuel Kobia, estaba compuesta por Sophia Adinyira, jueza del Tribunal Supremo de Ghana y miembro de la Iglesia (Anglicana) de la Provincia del África Occidental, la Rev. Dra. Sandy Yule, secretaria nacional de la Unidad Cristiana de la Iglesia Unida de Australia, y el encargado del programa del CMI para Asia, Dr. Mathews George Chunakara.
La delegación ecuménica escuchó también la súplica continua de la ex periodista-educadora Editha Burgos para que los militares le devuelvan a su hijo Jonas, defensor de los derechos de los pobres que fue secuestrado por hombres armados el 28 de abril de 2007. Burgos recordó cómo recurrió en vano a todos los organismos gubernamentales, desde los militares y la policía hasta la Comisión sobre Derechos Humanos y la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo. "Han pasado 206 días desde que desapareció mi hijo y sigo esperando que esté vivo porque no tenemos todavía pruebas de su muerte", afirmó.
Les contaron también la experiencia de Jonathan Santa Rosa, cuyo hermano Isaías, pastor de la Iglesia Metodista Unida, fue sacado a la fuerza de su casa el 3 de agosto de 2006 y posteriormente ejecutado sumariamente. El mismo Jonathan fue torturado. Los dos hermanos eran sospechosos de ser miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido Comunista clandestino de Filipinas (Maoísta), que combate una guerra de guerrillas desde hace más de 38 años.
Otros cuatro supervivientes y víctimas de violaciones de derechos humanos relataron también sus experiencias durante el encuentro organizado por el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas. Pusieron rostros humanos a las estadísticas e informes sobre la violencia y los abusos estatales.
Filipinas es el único país predominantemente cristiano de Asia, ya que el 85% de sus aproximadamente 86 millones de habitantes pertenece a las diversas confesiones cristianas. La Iglesia Católica Romana que es la mayoritaria fue establecida bajo el imperio colonial español entre los siglos XVI y XIX, mientras que las misiones Protestantes llegaron a comienzos del siglo XX. El Consejo Nacional de Iglesias se fundó en 1963, después de varios otros predecesores, el primero de los cuales se remonta a 1900.
El Consejo Nacional de Iglesias, que es una agrupación ecuménica de las iglesias Protestantes "históricas", se opuso sistemáticamente a la ley marcial impuesta por Ferdinand Marcos en 1971. Desempeñó una función importante sensibilizando al pueblo sobre los problemas de la militarización, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la explotación del pueblo. Durante los cuatro años del histórico levantamiento pacífico de febrero de 1985 - conocido como la "revolución del poder popular" -, que puso fin a la dictadura de Marcos, se vio manifestarse unidos a sacerdotes y monjas Católitos y pastores y trabajadores de iglesias Protestantes.
Recientemente, el Consejo Nacional de Iglesias ha estado en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. El pasado marzo, su informe "Let the stones cry out" (Que las piedras griten) llamó la atención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de otras instancias de la comunidad internacional sobre el "clamor colectivo en favor de la justicia de miles de filipinos [ ] que han sufrido las violaciones de los derechos humanos bajo las estrategias antirrevolucionarias y antiterroristas del Gobierno de Filipinas".
En ese momento, el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales registrado desde 2001 era superior a 800. Ahora es de cerca de 900, si bien, según Marie Hilao-Enriquez, de la alianza por el control de los derechos humanos Karapatan, su frecuencia ha disminuido. En cambio, añade, "han aumentado las desapariciones forzadas".
"Queremos tranquilizarles sobre nuestro acompañamiento continuo en su camino hacia la paz y la justicia", dijo Kobia después de escuchar los relatos de las víctimas y supervivientes de las violaciones de derechos humanos. Recordando el compromiso permanente del CMI en apoyo del pueblo filipino, afirmó que el Consejo seguirá presionando al Gobierno de Filipinas para que ratifique la Convención Internacional para la Protección de todas las personas en contra de las desapariciones forzadas, así como para que cumpla sus obligaciones sobre los derechos humanos exigidas por el derecho internacional.
Ante los relatos de sufrimientos, dolor y abandono aparente de las víctimas y supervivientes de las violaciones de los derechos humanos, que tienen pocas posibilidades de obtener justicia inmediatamente, la delegación del CMI las confortó y alentó para que no pierdan la esperanza.
Anteriormente, el mismo día, la delegación asistió a un servicio en memoria del Obispo Alberto Ramento, que fue dirigente de la Iglesia Filipina Independiente y su asesinato en octubre de 2006 se debió a su defensa incondicional de los derechos humanos, según afirman sus colegas trabajadores eclesiales.
"Como aprendemos a no tener miedo", dijo Kobia en su homilía ante los parientes de Ramento y miembros de la iglesia nacida en el país, "abrazamos la esperanza y la visión de otras Filipinas".
(*) Maurice Malanes es un periodista independiente de Filipinas. Actualmente es corresponsal de Noticias Ecuménicas Internacionales (ENI), y escribe también para el periódico Philippine Daily Inquirer, con sede en Manila, y la Unión Católica de Noticias de Asia (UCAN) con sede en Bangkok.
Más información sobre la visita del secretario general del CMI a las Filipinas
Contacto para los medios de comunicación en Filipinas: Sharon Joy Duremdes +63-92-0955-6351
El informe "Let the stones cry out!" puede consultarse en el sitio web del CMI (en inglés)