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En el segundo Foro anual de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los defensores de los derechos humanos de Colombia y Guatemala expresaron su preocupación por el impacto de la degradación medioambiental, ecológica, económica y social en las comunidades indígenas. Este impacto es una consecuencia de los proyectos gestionados por empresas multinacionales en varios países.
El foro tuvo lugar del 2 al 4 de diciembre en Ginebra (Suiza).
Entre estos defensores de los derechos humanos, que contaron con el apoyo de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales (CIAI) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), se encontraban Pablo Ceto y Miguel de León, de las comunidades indígenas del pueblo ixil de Guatemala, y Germán Ospina, de Colombia.
El grupo participó en reuniones junto con los representantes de Enel, una multinacional italiana que ha instalado centrales hidroeléctricas en Guatemala. En estas discusiones, los representantes de las comunidades indígenas se expresaron públicamente sobre las violaciones de los derechos humanos causadas por Enel, solicitando que la empresa rinda cuentas por el impacto negativo de sus proyectos en las comunidades indígenas.
El grupo también se reunió con los representantes de la misión guatemalteca. En sus discusiones, cuestionaron la incapacidad del gobierno guatemalteco para detener la apropiación de las tierras de las comunidades indígenas del pueblo ixil, que pone trabas a la relación de los pueblos indígenas con su tierra ancestral.
Hablando sobre el significado de su participación en el foro, y de sus reuniones con los representantes de las empresas multinacionales y del gobierno, Pablo Ceto, de Guatemala, afirmó: «nuestra participación en la ONU nos dio la oportunidad de denunciar el acoso sistemático por parte de las empresas multinacionales, las infraestructuras de negocios y el Estado al que se ven sometidas las comunidades indígenas».
«No sólo contribuimos con nuestras voces a la tarea de sensibilizar al público sobre las amenazas que se ciernen sobre las comunidades indígenas en nuestros países, sino que también invitamos a la comunidad internacional a apoyarnos», añadió.
Pablo Ceto compartió estos puntos de vista en una reunión en las oficinas del CMI en Ginebra, junto con el resto del grupo, una vez concluidas las reuniones del foro el jueves 5 de diciembre.
Germán Ospina, un abogado colombiano que lleva más de doce años sumido en una batalla judicial para luchar por los derechos de los pueblos indígenas, denunció que los pueblos indígenas no cuentan con una representación suficiente en los foros mundiales. «Cuando abogamos por nuestras causas en el foro de la ONU, nuestras preocupaciones adquieren una mayor visibilidad, y se vuelve más difícil para el gobierno y las empresas multinacionales ignorar la violación de los derechos humanos en nuestros territorios», declaró.
Germán Ospina, que representa a los 6000 afrocolombianos que viven en el río Anchicayá en el Valle del Cauca, mencionó diferentes casos en los que las centrales hidroeléctricas fueron la causa de la contaminación medioambiental y la destrucción de los recursos naturales.
Afirmó que, en nombre de los pueblos indígenas, han presentado denuncias contra empresas como Unión Fenosa y el Grupo Empresarial Antioqueño, cuyos proyectos son los responsables de los impactos negativos que están afectando a miles de personas en las comunidades afro-indígenas, dañando los cultivos y causando la muerte de los peces.
Explicó también que la mayoría de los procedimientos legales están en curso, y que «proporcionar pruebas contra las empresas constituye un desafío de grandes dimensiones para las comunidades indígenas debido a la presencia de grupos militares, paramilitares o de guerrilleros, y también de violencia entre las bandas, así como al hecho de que cuentan con un mínimo apoyo profesional en este proceso».
El Dr. León, de la comunidad indígena ixil de Guatemala, declaró que «las comunidades indígenas deberían tener derecho a la autorrepresentación, y no ser representadas solamente por las organizaciones no gubernamentales». Afirmó también que para promover y aplicar la Guía sobre Empresas y Derechos Humanos, las voces de los pueblos indígenas deben ser escuchadas y las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por sus actos.
El CMI apoya las acciones de defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas a través de sus iglesias miembros en Colombia y Guatemala, en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).
Programa del CMI sobre los derechos humanos
