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El Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra (Suiza), del 15 al 18 de junio de 2022, constata con gran preocupación que los recientes acontecimientos en Israel y Palestina han puesto de relieve los crecientes obstáculos a una paz justa en la región, así como las amenazas cada vez mayores a la presencia cristiana en la tierra del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Cristo.
Durante los últimos siete meses, los dirigentes de las iglesias locales han publicado al menos siete declaraciones haciendo hincapié en las amenazas planteadas por los ataques de grupos extremistas contra el clero y los edificios eclesiales, las limitaciones israelíes a la libertad de religión y el acceso a los lugares sagrados, y otros actos perpetrados que ponen en peligro el statu quo y la identidad multirreligiosa y multicultural de Jerusalén. En la primera declaración, con fecha de 13 de diciembre de 2021, los dirigentes de las iglesias de Jerusalén instaron a las autoridades de ocupación a:
- “hacer frente a los desafíos que grupos extremistas en Jerusalén plantean a la comunidad cristiana y al Estado de derecho a fin de garantizar que ningún ciudadano ni institución tenga que vivir bajo la amenaza de la violencia o la intimidación”; y a
- “iniciar un diálogo sobre la creación de una zona cultural especial relativa al patrimonio cristiano para salvaguardar la integridad del barrio cristiano en la Ciudad Vieja de Jerusalén y garantizar la conservación de su carácter y patrimonio únicos por el bien de la comunidad local, de nuestra vida nacional y del mundo entero”.
A pesar de ello, los últimos acontecimientos indican que la situación se está deteriorando rápidamente. Por ejemplo, durante la Semana Santa de 2022, las celebraciones más solemnes de las iglesias miembros se vieron seriamente perturbadas o limitadas y, en algunos casos, incluso impedidas. Más recientemente, el 9 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Israel desestimó la petición del Patriarcado Ortodoxo Griego de anular una decisión de 2017 que otorgaba a la organización de colonos israelíes Ateret Kohanim el derecho de expropiar las propiedades de la iglesia en la Puerta de Jaffa (el hotel New Imperial y el hotel Petra) tras unos acuerdos muy polémicos y controvertidos que tuvieron lugar en 2004. Las propiedades en cuestión representan una parte importante de la ‘huella’ de la presencia cristiana en Jerusalén. Por lo tanto, se prevé que las consecuencias de esta decisión tengan efectos devastadores para la iglesia y la comunidad cristiana, y que socaven seriamente la identidad del barrio cristiano de la ciudad.
Tres días antes, el 6 de junio, extremistas israelíes irrumpieron en la Capilla de Pentecostés del Patriarcado Ortodoxo Griego en el Monte Sion, un lugar que ha sido a menudo objeto de ataques, vandalismo e intrusión por parte de estos grupos radicales. No obstante, no se han efectuado detenciones ni emprendido otras acciones policiales contra los autores de tales hechos. Este tipo de ataques se sigue produciendo debido a la impunidad de que gozan los responsables de estos actos.
Además, la falta de rendición de cuentas por parte del personal de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), al que se considera muy probablemente responsable del asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh el pasado 11 de mayo, contrasta notablemente con la respuesta a los recientes ataques a israelíes, que entrañó la muerte de los palestinos autores de los atentados, la demolición de sus hogares y el desplazamiento de sus familias. La discriminación contra los palestinos es abierta y sistémica, y la ocupación permanente desde hace medio siglo sigue siendo contraria a la igualdad de dignidad y derechos humanos de los palestinos que viven sometidos a este sistema de control, al tiempo que la respuesta de la comunidad internacional sigue reflejando una flagrante doble moral.
Mientras tanto, en el territorio ocupado en la Ribera Occidental y en Jerusalén Oriental, incluidos, entre otros, los barrios de Sheikh Jarrah y Khan Al-Khalil, muchas comunidades palestinas siguen viviendo bajo la amenaza de un desplazamiento forzoso. Mil dos cientos palestinos, entre quienes se cuentan quinientos niños, han sido amenazados de desalojo y demolición de sus viviendas en Masafer Yatta, la llamada Zona de Fuego 918, en Hebrón. El 4 de mayo de 2022, el Tribunal Supremo de Israel desestimó la petición de los residentes, una decisión que prepara el terreno para el mayor traslado forzoso de palestinos desde el inicio de la ocupación en 1967, y que supone una grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Tras conocerse la sentencia del Tribunal, la Administración Civil Israelí pasó rápidamente a la acción y el 11 de mayo de 2022 ya había demolido diecinueve viviendas, almacenes y establos de la comunidad.
Por consiguiente, el Comité Central:
Expresa su profunda solidaridad con las iglesias miembros y los cristianos de la región, con su vida y su trabajo, que mantienen vivos y vibrantes la fe y el testimonio cristianos en Tierra Santa, así como con todas las personas que viven en la región.
Insta a todas las iglesias miembros y los asociados ecuménicos, así como a los miembros de las comunidades judías y musulmanas y a todas las personas de buena voluntad, a apoyar a las iglesias y las comunidades cristianas en Tierra Santa como componentes esenciales del carácter multirreligioso y multicultural de la sociedad de la región, que incluye la presencia cristiana en su seno.
Acoge con satisfacción que el CMI mantenga relaciones con el Comité Judío Internacional para Consultas Interreligiosas y el Congreso Judío Mundial, y las oportunidades que ello representa para dialogar sobre estas cuestiones.
Pide al Gobierno y a las autoridades israelíes que garanticen la igualdad de derechos humanos de todas las personas que viven bajo su responsabilidad, que aseguren la rendición de cuentas por los ataques y las violaciones contra los palestinos, contra los lugares santos, las iglesias, las comunidades cristianas, los musulmanes y otros grupos, y que garanticen el libre acceso a los lugares de culto y los sitios sagrados.
Llama a todos los miembros de la comunidad internacional, a todas las iglesias miembros del CMI y asociados ecuménicos y a todas las personas de buena voluntad a defender el derecho internacional y denunciar los desalojos inminentes en Masafer Yatta y otras amenazas de desplazamiento de las comunidades palestinas en los territorios ocupados.
Lamenta profundamente que se hayan interpuesto tantos obstáculos aparentemente insalvables en el camino para lograr el compromiso y el anhelo de larga data de aplicar la solución justa de dos Estados de conformidad con las resoluciones internacionales y la política del CMI.
Reitera el llamado constante del CMI a poner fin a la ocupación y a velar por la igualdad de los derechos humanos de todas las personas que viven en la región.
