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Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y que fuera lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos”. Lucas 17:2
Por muchas décadas, el Consejo Mundial de Iglesias ha emitido sistemáticamente declaraciones condenando el flagelo del abuso sexual que sigue siendo incesante en todo el mundo. Más recientemente, el Comité Ejecutivo del CMI declaró:
“Reconocemos que la violencia sexual y de género es evidente en muchos contextos diferentes y, a menudo ocultos… que sus riesgos y consecuencias son… un tabú en muchas iglesias y comunidades eclesiásticas, lo que impide que la iglesia sea un lugar seguro y de protección para las mujeres que son víctimas de la violencia sexual y de género, o están amenazadas por ella. La iglesia debe contribuir activamente a la eliminación de este tipo de violencia y abuso”.[1]
Desde 2011, cuando el CMI abordó públicamente el abuso sexual en el clero,[2] se informa de más y más casos de conducta sexual inapropiada que guardan relación contextos eclesiales, tanto en el pasado como en el presente. Habida cuenta de que se sigue nombrando a líderes de la iglesia en casos de conducta sexual inapropiada, esos incidentes exigen que el liderazgo de las iglesias reconozca su complicidad en la perpetuación del problema y la protección de los abusadores a expensas del bienestar mental, emocional, físico y espiritual de quienes fueron abusados.
Lamentamos que la explotación, el acoso y el abuso sexual se basen en la marginación de mujeres, niños y otras personas vulnerables. Lamentamos que eso suceda en todos los sectores y a todos los niveles de nuestra sociedad, lo que incluye a comunidades eclesiásticas y a líderes de la iglesia a quienes las respectivas comunidades confiaron el ministerio y el cuidado de todos, en particular, de los más vulnerables. Con demasiada frecuencia, el pecado del abuso se ve agravado por que el personal, las estructuras y los sistemas de las iglesias que en lugar de actuar, culpan con palabras y acciones a la persona que fue abusada, o bien, guardan silencio, lo que niega toda posibilidad de justicia. A veces, nuestro fracaso colectivo de priorizar los incidentes denunciados ha ocultado la verdad y silenciado a quienes fueron abusados, protegiendo así a los abusadores.
El reconocimiento y el arrepentimiento de actos de abuso y explotación son esenciales, pero deben ir seguidos de medidas que garanticen que nuestra teología, nuestra educación, nuestras estructuras, nuestro liderazgo y nuestra gobernanza prevengan ese abuso y esa explotación. Cada informe o denuncia de abuso sexual ha de tomarse con la máxima seriedad e investigarse en forma independiente, imparcial y exhaustiva. Todas las partes en una investigación deben ser apoyadas adecuadamente a lo largo de todo el proceso, incluso ofreciéndoles atención pastoral, equidad procesal y justicia natural. Cuando una investigación concluya que el abuso fue cometido, la persona sobreviviente debe recibir el mejor apoyo y la mejor reparación posibles y habrá que exigir responsabilidades al perpetrador.
Renovamos nuestro compromiso de prevenir todas las formas de conducta inapropiada, en particular el abuso y la explotación (sexuales y mentales), y de garantizar la salvaguarda de la infancia.
Propugnamos un cambio transparente y sistémico de nuestras políticas y prácticas, así como de nuestra gobernanza, en cada lugar y en cada momento en que nos reunamos individual y colectivamente en el marco de la comunidad.
Por consiguiente, a medida que avanzamos hacia la 11a Asamblea, el Comité Central del CMI, reunido en Ginebra, Suiza, del 15 al 18 de junio de 2022:
Llama a las iglesias miembros y los asociados ecuménicos del CMI a condenar o reiterar su condena de la violencia sexual y de género, así como de toda forma de violencia contra las mujeres, los niños y las personas vulnerables; a declarar que ese rechazo de la igualdad de dignidad de todas las personas y esa violencia son pecado, y a implementar las directrices relativas a la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexual.
Alienta encarecidamente a la secretaría, las iglesias miembros y los asociados ecuménicos del CMI a formular y/o fortalecer las políticas y prácticas que ofrecen apoyo a las personas que son abusadas, a garantizar investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes, así como a exigir responsabilidades a los perpetradores por su conducta en toda la extensión permitida por la ley.
Invita a las iglesias miembros y los asociados ecuménicos del CMI a incrementar los esfuerzos en materia de teología, educación y desarrollo de capacidades para cuestionar la marginación de mujeres, niños y personas vulnerables, y a sensibilizar sobre las buenas relaciones y los procedimientos a seguir en caso de acoso, explotación o abuso.
Acoge con beneplácito la iniciativa del secretario general en funciones de establecer un Código de conducta para la 11a Asamblea y futuros encuentros del CMI a fin de prevenir y responder a la explotación, el abuso y el acoso sexual.
[1] (Fragmento de la Declaración sobre la violencia sexual y de género, y sobre el premio Nobel de la Paz, emitida por el Comité Ejecutivo del CMI en noviembre de 2018)
[2] En 2011, el CMI publicó When Pastors Prey en colaboración con la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, para responder a los informes sobre la conducta sexual inapropiada en el clero.
