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“¡Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz! Pero ahora está encubierto a tus ojos”. (Lucas 19:42)
Reunidos en la 11a Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Karlsruhe (Alemania), casi tres años después de la aparición de la pandemia de la COVID-19, debemos reconocer con profundo dolor y consternación que la violencia y los conflictos siguen afectando a las comunidades vulnerables, sobre todo a los ancianos, las mujeres, los niños y los jóvenes.
La vida y la labor del CMI desde la 10a Asamblea de Busan se han enmarcado en una “peregrinación de justicia y paz”, basándose principalmente en el “Llamado ecuménico a la paz justa” y la “Declaración sobre el camino de la paz justa” de la Asamblea de Busan. Esta última describe la paz justa como “un viaje hacia el propósito de Dios para toda la humanidad y toda la creación”, y expresa su visión en cuatro dimensiones: la paz justa en la comunidad, la paz justa con la tierra, la paz justa en el mercado y la paz justa entre las naciones.
Nos reunimos en un momento de nueva intensificación de la polarización mundial, reconfiguración de la gobernanza y las alienaciones geopolíticas, división, confrontación y militarización, así como de ocupación militar permanente en lugares como Chipre y los territorios palestinos ocupados, con todos los terribles riesgos que este contexto conlleva. En la comunidad ecuménica, existe una gran preocupación por la instrumentalización del lenguaje, la autoridad y el liderazgo religiosos para justificar, apoyar o “bendecir” la agresión armada o cualquier tipo de violencia y opresión, algo en acusado contraste con la vocación cristiana de ser pacificadores y que entra en contradicción con los principios ecuménicos fundamentales.
Entendemos que hacer la paz requiere hacer frente al racismo, la xenofobia, el antisemitismo, los discursos de odio y otras formas de discriminación (problemas todos ellos que han aumentado y se han visto intensificados durante estos últimos años, en gran parte atizados por los movimientos nacionalistas populistas); la crisis y la competencia por los recursos esenciales para la vida; la injusticia económica y la desigualdad en el mercado; los conflictos interestatales y el resurgimiento de la guerra; y el espectro de la guerra nuclear.
Estas amenazas a la paz vulneran radicalmente los principios fundamentales de la fe cristiana. El llamado al diálogo, el encuentro y la búsqueda del entendimiento mutuo constituyen la esencia misma del ecumenismo y constituyen un elemento central de la construcción de la paz. Es el deber de las iglesias encarnar “el amor de Cristo [que] lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”.
Por lo tanto, la 11ª Asamblea del CMI:
Afirma la exigencia de decir la verdad profética y reconoce la necesidad acuciante de establecer un profundo diálogo renovado en el movimiento ecuménico sobre las implicaciones de nuestra fe cristiana para el testimonio por la paz en el mundo y para nuestro compromiso con el “camino de la paz justa”, e insta al CMI a ejercer su liderazgo, en cooperación con otros, a fin de convocar este diálogo.
Afirma enérgicamente el compromiso del CMI y sus iglesias miembros con la construcción de la paz mediante el diálogo y la cooperación interreligiosos a todos los niveles, como una contribución clave destinada a oponerse a las fuerzas de división, confrontación, polarización e injusticia, e insta al CMI y a toda la comunidad ecuménica a mantener y profundizar este compromiso.
Rechaza la polarización y la división de la comunidad humana y reafirma nuestra determinación de permanecer juntos como comunidad ecuménica, y de hacer frente a las amenazas y los desafíos a la paz, la justicia, la seguridad humana y la sostenibilidad medioambiental mediante el diálogo, el encuentro, la búsqueda del entendimiento mutuo y la cooperación, en vez de a través de la exclusión y la confrontación.
Pide a la comunidad internacional que preste un apoyo financiero y práctico mucho mayor a la construcción y el logro de la paz, en vez de optar por la división y la confrontación militar, y subraya el importante papel de las mujeres y los jóvenes como pacificadores, y de la transformación no violenta de los conflictos.
Reafirma la denuncia y el rechazo de la guerra por parte del movimiento ecuménico como algo contrario a la voluntad de Dios.
Llama a un cese al fuego a nivel mundial, como un imperativo moral urgente, en todos los conflictos armados del mundo, y a que las partes en conflicto emprendan el camino del diálogo y las negociaciones, y persistan en él hasta que se pueda lograr una paz justa y sostenible, renunciando a la guerra.
Exhorta a las iglesias miembros del CMI y a sus asociados a acompañar y apoyar activamente a las iglesias coreanas en su labor de promoción y defensa prosiguiendo el legado de la Asamblea de Busan, tal como se afirma en la Declaración sobre la paz y la reunificación de la península de Corea.
Reconoce el Artículo 9 de la Constitución de Japón como un legado importante surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y un recurso único para la paz mundial. Alentamos a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad del mundo a aunarse a los esfuerzos de las iglesias y la sociedad civil de Japón por proteger este legado, y recomendar este principio a otros países.
Exige un compromiso renovado del CMI y el movimiento ecuménico para reactivar la diaconía y responder a las emergencias y las necesidades humanitarias provocadas por la violencia y la inestabilidad en lugares como Etiopía, Nigeria, Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Mozambique, Sudán, Myanmar, Sri Lanka, Filipinas y Papúa Occidental, así como para mostrar nuestra solidaridad cristiana con las iglesias y la población de todas las regiones y países afectados.
Reconoce el acompañamiento del CMI durante el proceso de paz y reconciliación en Colombia a través de DiPaz (Diálogo Intereclesial por la Paz en Colombia). Mientras el nuevo gobierno trae nuevas esperanzas para la continuación del proceso de paz, la Asamblea insta al CMI y la comunidad internacional a que reiteren su compromiso y solidaridad con el gobierno, las iglesias y los habitantes de Colombia y colaboren en el diseño, ejecución, promoción y financiamiento de la construcción de la paz en el país.
Pide encarecidamente apoyo para las iglesias y los habitantes de Siria, Cuba, Venezuela y Zimbabue ante la opresión que sufren estas poblaciones a causa de las sanciones internacionales que afectan a sus derechos humanos y su dignidad. Las iglesias han desempeñado un papel crucial trabajando por mejorar las relaciones a pesar de las limitaciones y los obstáculos causados por las sanciones. Pedimos que se retire a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo, y que se acompañe a las iglesias como voces proféticas de la paz, la esperanza, la cooperación y el respeto mutuo.
Invita a las iglesias miembros de la comunidad del CMI a que reflexionen y debatan en sus instituciones y entre ellas sobre las perspectivas y los principios cristianos con respecto a la doctrina de la disuasión nuclear.
Insta a todos los Estados que todavía no lo han hecho a que firmen y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, en especial los Estados bajo la protección de un paraguas nuclear y los Estados poseedores de armas nucleares que son el origen de esta amenaza mundial.
Exige el pleno cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco de otras convenciones de desarme, especialmente el Tratado sobre el Comercio de Armas, el Tratado sobre la Prohibición de las Minas Terrestres y la Convención sobre Municiones en Racimo, así como la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales y el artículo VI del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) (que compromete a sus 191 Estados miembros –incluidos los cinco principales Estados poseedores de armamento nuclear– a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al desarme nuclear completo).
Manifiesta su firme apoyo a la prohibición preventiva mundial de los sistemas de armas autónomos (“robots asesinos” y drones) e insta a los Estados a que desistan de obstaculizar el avance de esta prohibición y a que participen en negociaciones de buena fe con este objetivo.
Denuncia el complejo militar-industrial que se aprovecha de los aspectos económicos de la guerra y la violencia, y la proliferación y exportación de armas, y exige una moratoria, y en última instancia el cese de la exportación de las armas y armamentos que avivan conflictos en todo el mundo.
Reclama la plena responsabilidad jurídica de todos los autores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos –incluyendo los ataques contra la población civil y contra infraestructuras civiles, la violencia sexual y de género en los conflictos, el uso de los alimentos y del acceso a los alimentos, el agua y la atención sanitaria como armas de guerra, y cualquier uso de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva.
Denuncia todo caso de violación de la libertad de religión o creencias, y afirma la libertad de religión o creencias de todos los creyentes y no creyentes de todos los lugares, y el derecho a la objeción de conciencia en aras de un mundo pacífico.
Apela a aumentar considerablemente la inversión de los gobiernos y otros actores en los cimientos de la verdadera seguridad humana y la estabilidad mundial, incluyendo medidas urgentes para lograr la justicia climática y evitar la amenaza de un cambio climático catastrófico, una transición justa a la energía renovable, la eliminación de la pobreza extrema, el desarrollo sostenible, así como medidas para controlar la desigualdad generalizada (también mediante la justicia fiscal y medidas de reparación), pues todas estas cuestiones generarán conflictos si no se abordan.
Apoya los esfuerzos renovados para reformar y mejorar la eficacia de la ONU y otros instrumentos intergubernamentales a la hora de promover la paz y la seguridad humana, y anima al CMI a explorar las maneras en que las iglesias y el movimiento ecuménico pueden realizar una contribución significativa a este respecto.
Pide que se levanten las sanciones y/o se aborden las repercusiones negativas de tales sanciones sobre la gente común en países como Siria, Cuba, Venezuela y Zimbabue, y alienta a que se siga estudiando la eficacia de las sanciones internacionales contra los responsables de situaciones de violencia y opresión, y las repercusiones negativas de las sanciones que no son suficientemente selectivas sobre la gente común y sobre la respuesta humanitaria, el servicio social y la construcción de la paz –especialmente por parte de las iglesias y las organizaciones afines– en los países afectados.
Insta al CMI a que colabore con ACT Alianza y otros actores internacionales para apoyar los esfuerzos destinados a formular una nueva política internacional de reducción de daños que reemplace el paradigma militar de la “guerra contra las drogas”.
Sugiere que el CMI coopere con ACT Alianza y otros asociados ecuménicos, así como con la ONU e interlocutores de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las iglesias de todo el mundo en materia de asesoramiento y apoyo psicosocial, especialmente en los lugares afectados por conflictos.
Ora por que el amor de Cristo lleve a este mundo sufriente y dividido a la reconciliación y la unidad, y por que todos los responsables de la violencia y la división se arrepientan de sus pecados y se impliquen en el restablecimiento de la justicia y la paz.
