El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) expresa su profunda preocupación por los continuos y generalizados ataques israelíes contra la población civil y las infraestructuras en las zonas ocupadas de Gaza, Cisjordania y Líbano, que se están propagando a la vecina Siria y a otras zonas.
El balance de estos brutales ataques militares es atroz. Han causado una pérdida de vidas humanas devastadora, con más de 50 000 civiles muertos –entre los que hay niños, trabajadores humanitarios, personal médico y periodistas–, y decenas de miles de heridos graves y personas traumatizadas. Observamos con profunda aflicción los continuos ataques contra hospitales, clínicas y ambulancias en Gaza y Líbano que han diezmado los servicios sanitarios esenciales. La destrucción intencionada de instalaciones médicas, la denegación del acceso de la asistencia humanitaria y la obstrucción de la ayuda violan tanto el derecho internacional como la sacralidad de la vida.
Se calcula que en el norte de Gaza bajo asedio hay 400 000 personas atrapadas a las que se les impide acceder a necesidades básicas como alimentos, agua, combustible y atención médica, lo que vulnera el derecho internacional humanitario y la dignidad humana. En Gaza, la severidad de la inseguridad alimentaria aguda ha empeorado drásticamente desde principios de octubre, cuando Israel comenzó a restringir cada vez más los flujos de suministro de alimentos humanitarios y comerciales hacia el norte y los flujos de suministro de alimentos comerciales hacia el sur. En las zonas más afectadas del norte de Gaza, el asedio ha provocado el bloqueo casi total de los suministros de alimentos desde el 1 de octubre. Para gran parte del norte de Gaza, la hambruna es una realidad inminente.
Los informes de UNICEF confirman que muchísimos niños y niñas soportan las heridas físicas y emocionales del conflicto, muchos de ellos con mutilaciones causadas por armas explosivas, mientras que más de un millón de niños y niñas están en riesgo de inanición.
En el contexto de la escalada de violencia en Israel y Gaza, la intensificación de los ataques con cohetes por parte de Hezbolá provocó la evacuación de un gran número de israelíes de sus hogares en el norte de Israel. Desde septiembre de 2024, los ataques con misiles israelíes en Líbano han matado a más de 3000 personas, han herido a más de 13 000, han desplazado a más de 1,2 millones y han destruido infraestructuras esenciales y la frágil economía de la nación. Se han arrasado más de treinta poblaciones enteras y miles de hogares.
La propagación de estos conflictos a Siria está desestabilizando todavía más la región, en la que continúan los ataques aéreos israelíes contra infraestructuras y zonas civiles, incluso en Damasco. Esta violencia continuada ha causado dolorosas víctimas entre la población civil y daños en lugares de importancia cultural y económica, como los declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Líbano y Siria. El impacto regional de estas agresiones continúa agravando la inestabilidad, lo que supone una seria amenaza a las perspectivas de una paz duradera.
El Parlamento israelí ha aprobado recientemente nuevas leyes que pretenden prohibir las operaciones del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en Israel, al tiempo que impiden a los funcionarios israelíes cooperar con el organismo. Esto agravará todavía más la vulnerabilidad de innumerables niños y familias que dependen de la ayuda humanitaria esencial que proporciona el UNRWA. Más allá de satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas, el UNRWA es el principal proveedor de servicios sociales, como la educación para la población infantil de Gaza. Además, el UNRWA es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con el derecho al retorno y la búsqueda de una solución justa a la cuestión de los refugiados palestinos.
La Comisión de Investigación de la ONU[1] concluyó recientemente que algunos aspectos de las acciones tanto de Hamás como de Israel constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esta guerra y sus trágicas consecuencias recalcan la necesidad de que la comunidad internacional rinda cuentas e intervenga de inmediato para proteger la sacralidad de la vida humana y defender el derecho internacional. Es crucial romper el ciclo de violencia y abordar los problemas subyacentes –como la opresión política, la ocupación israelí de larga data, la marginación económica y la ausencia de rendición de cuentas– que generan sentimientos de ira, frustración y alienación entre las poblaciones de la región. Estos agravios no atendidos son el caldo de cultivo para todo tipo de extremismos, incluido el religioso.
El sufrimiento de la región no es únicamente una crisis regional, sino un desafío moral y político a escala mundial. La aplicación selectiva del derecho internacional, a menudo influenciada por intereses políticos, erosiona la confianza en la gobernanza mundial y socava los esfuerzos por alcanzar la paz. Estamos todos llamados a centrar nuestra atención en los valores compartidos que mantienen a la humanidad unida. Solo si nos comprometemos colectivamente con la justicia, la rendición de cuentas y la paz, y con el respeto de los marcos jurídicos pertinentes creados para protegernos a todos de los abusos de los poderosos, podremos aspirar a restablecer la seguridad, la dignidad y la justicia para todas las personas tanto en la región como en el resto del mundo.
Las acusaciones verosímiles de genocidio en Gaza, crímenes de guerra y violaciones del derecho y los principios humanitarios internacionales fundamentales –así como de escolasticidio y ecocidio– exigen una atención urgente y la rendición de cuentas a escala mundial. En cuanto a la ayuda humanitaria, dado que las fronteras de Gaza están controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel, es obligación del Estado de Israel garantizar a la población palestina del territorio los alimentos y productos médicos necesarios.
Las autoridades jurídicas internacionales competentes para dirimir estas cuestiones –la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI)– están actualmente inmersas en procesos preliminares (incluidas las órdenes de detención dictadas por la CPI) antes de su decisión definitiva.
El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias, reunido del 21 al 26 de noviembre de 2024 en Chipre, muy cerca de la región afectada y profundamente consciente de la gravedad de estas realidades, exhorta a lo siguiente:
- Alto el fuego y acceso humanitario
Hacemos un llamado a un alto al fuego inmediato en Gaza, Líbano y el resto de la región para evitar más muertes y pérdidas de medios de subsistencia, y para que se restablezca el cumplimiento del derecho internacional. Reconociendo además las obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional humanitario, exigimos la eliminación de los obstáculos al acceso humanitario y pedimos que se proporcione incondicionalmente la ayuda humanitaria a las personas atrapadas en las zonas de conflicto en Gaza, los Territorios Palestinos Ocupados, así como en Líbano, Siria y otras zonas afectadas por el conflicto.
- Embargo de armas y soberanía
Instamos a que se imponga un embargo de armas a Israel y se impidan las transferencias de armas a grupos armados como Hamás y Hezbolá, cuyas acciones apuntan a graves violaciones del derecho internacional, con el fin de evitar una mayor escalada de la violencia y proteger a la población civil. También instamos a que se respete la integridad territorial de todos los Estados de la región, cuya soberanía Israel viola impunemente.
- Un Estado palestino soberano
Afirmamos la urgente necesidad de un Estado palestino soberano basado en las fronteras de 1967, reconociendo el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación tal y como se consagra en el derecho internacional. En este sentido, es esencial que gocen de los mismos derechos fundamentales que los demás. Apoyamos con nuestras oraciones todos los esfuerzos para lograr una solución justa y duradera que garantice un Estado palestino viable e independiente.
- El Estado de Derecho y el papel de las Naciones Unidas
Reiteramos la convicción del CMI de que el respeto de los principios pertinentes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos es un pilar esencial para lograr una paz sostenible en la región. Expresamos nuestra satisfacción por la movilización de las autoridades jurídicas pertinentes, como la CIJ y la CPI, respecto a esta situación, e instamos a que todas las violaciones sean objeto de una plena rendición de cuentas. La justicia, arraigada en la igualdad de derechos humanos –incluido el derecho a la autodeterminación– no solo es un imperativo moral, sino una condición sine qua non para la estabilidad en la región. Reafirmamos el apoyo del CMI al papel de las Naciones Unidas, especialmente del UNRWA, en la prestación de asistencia humanitaria esencial y apoyo a las poblaciones amenazadas por este conflicto, cumpliendo con una responsabilidad que Israel, como potencia ocupante, tiene pero se niega a cumplir.
- Solidaridad con las Iglesias y comunidades de Oriente Medio
Apoyamos firmemente a las Iglesias de Oriente Medio, especialmente en Líbano, Siria, Irak y Palestina/Israel, donde todas las comunidades se enfrentan a amenazas inmediatas a sus vidas y medios de subsistencia. Asimismo, las comunidades cristianas afrontan desafíos todavía mayores, como la confiscación de propiedades eclesiásticas, la reducción de su número y la erosión cultural. Instamos a las iglesias de todo el mundo a que proporcionen apoyo práctico, recursos y realicen labores de incidencia para proteger el futuro de estas comunidades, haciendo honor al llamado del Evangelio de apoyar a los necesitados.
- Justificación religiosa
Rechazamos categóricamente cualquier interpretación de la religión que justifique la ocupación, la violencia o la deshumanización del prójimo, y hacemos un nuevo llamado para que las iglesias miembros examinen y reflexionen sobre las implicaciones del llamado "sionismo cristiano" a este respecto. Tales distorsiones de la fe, utilizadas para legitimar aspiraciones políticas, representan una traición a la verdad religiosa. El CMI exhorta a todas las comunidades religiosas a permanecer unidas contra la instrumentalización de la religión y a comprometerse a promover enfoques no violentos para la resolución de conflictos.
- Compromiso con la paz y la justicia
Como comunidad mundial de iglesias, mantenemos nuestro compromiso de abogar por la justicia, la paz y la protección de las vidas humanas y de toda la creación de Dios. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que actúe con integridad, valentía y compasión. En palabras de Isaías, "Aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda" (Isaías 1:17). Que estos principios guíen nuestra búsqueda colectiva de una paz justa y duradera para todos los pueblos de Oriente Medio.
[1] Nombre completo: Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel