1.      El agua es vida. El derecho al agua es el derecho a la vida. Sin embargo, hoy miles de millones de personas de todo el mundo no tienen acceso –o tienen un acceso insuficiente- al agua limpia y al saneamiento seguro.  Los conflictos por los recursos cada vez más escasos de agua, no solo entre las naciones y los sectores económicos que compiten entre sí, sino también dentro de las comunidades y entre ellas, ya son una realidad y se prevé que en los próximos años sean más frecuentes e intensos. En esta situación, los que están más afectados y amenazados son los pobres y los marginados, ya que para ellos la crisis del agua supone una grave amenaza para su salud, sus medios de subsistencia e incluso para su existencia. El uso indiscriminado, el abuso, la explotación y la mala gestión de los recursos hídricos suelen verse agravados o ser provocados por un modelo de desarrollo centrado en el aumento del capital y orientado al beneficio. La discriminación y la exclusión son unas de las causas principales del empobrecimiento que conduce a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento causante de la muerte de dos millones de personas cada año.

2.      Muchos gobiernos han invertido recursos considerables en intentar cumplir con su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad, para el 2015, el porcentaje de las personas sin acceso a agua potable y saneamiento. No obstante, las autoridades públicas no suelen regular la propiedad y la gestión de los servicios de distribución de agua potable de modo que beneficien plenamente a los más vulnerables y marginados. Demasiado a menudo los intereses de quienes detentan el poder político y económico prevalecen sobre los de los pobres.

3.      La Experta Independiente de las Naciones Unidas (UN) sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento confirma que son siempre los mismos grupos e individuos los que se ven excluidos, esto es aquellos que deben enfrentarse a barreras físicas, institucionales, culturales o de otro tipo, tales como las mujeres, los niños, los habitantes de los barrios de tugurios, las personas que viven en las zonas rurales, las que viven en la pobreza, los grupos indígenas, las minorías y las personas con discapacidad. El derecho humano al agua y al saneamiento constituye un instrumento fundamental para poner de manifiesto y abordar esta exclusión y esta discriminación sistemáticas. Como en el caso de todos los otros derechos humanos, los principios subyacentes son la no discriminación, la participación y el empoderamiento, la transparencia y la responsabilidad. En el mundo actual, los derechos humanos han proporcionado un marco jurídico y ético eficaz para hacer justicia a los más vulnerables, los pobres y los oprimidos.

4.      La Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), celebrada en Porto Alegre (Brasil) en 2006, afirmó el significado bíblico del agua como “la cuna y la fuente de la vida, una expresión de la gracia perpetua de Dios para toda la creación” (véase Génesis 1:2 ss., Génesis  2:5 ss.). Las narraciones e imágenes bíblicas del agua reflejan nuestra realidad y compromiso actuales con este elemento esencial de la vida y nos recuerdan la naturaleza del agua, destructiva y a la vez portadora y sustentadora de vida, tal como podemos constatar en nuestras propias vidas.

5.      Desde la Asamblea del CMI, la comunidad internacional ha realizado progresos considerables en el reconocimiento del agua como un derecho fundamental. Muy recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución histórica en la que se afirma que tanto el acceso al agua como al saneamiento son un derecho humano. Ahora el derecho al agua y al saneamiento está reconocido casi universalmente como un derecho jurídicamente vinculante. Solo queda un número muy reducido de gobiernos que todavía no lo han reconocido públicamente, y aún quedan menos –el Reino Unido y Canadá figuran entre los más prominentes- que explícitamente lo deniegan.

6.      Las iglesias y sus interlocutores han contribuido a este logro, entre otros, a través del trabajo de la Red Ecuménica del Agua (REDA) que tiene su base en el CMI. Ahora que se ha conseguido su reconocimiento, resulta fundamental promover la aplicación del derecho al agua y al saneamiento tanto en el plano legislativo como en la práctica. A medida que el cambio climático, el crecimiento de la población y la evolución en los modos de vida aumentan la presión y la competencia por los recursos hídricos mundiales, se vuelve cada vez más importante aplicar el derecho al agua como  guía, salvaguardia y norma para las acciones de los gobiernos y las otras partes interesadas, incluidas las iglesias. Al centrarse en las necesidades de los más vulnerables, el derecho al agua y al saneamiento ofrece un instrumento concreto para hacer justicia a los pobres y marginados.

7.      En nuestra calidad de iglesias estamos llamados a servir de ejemplos en cuanto se refiere al modo en que utilizamos y compartimos el agua. Estamos llamados a apoyar a los más vulnerables en la defensa por sus derechos a la vida, la salud y medios de subsistencia en situaciones caracterizadas por la escasez, el conflicto, la ocupación y la discriminación (Isaías 1:17, Amós 5:24). Debemos recordar que el agua es una bendición que hemos de atesorar, compartir con todas las personas y proteger para las generaciones futuras.

Por consiguiente, el Comité Central del CMI, reunido en Ginebra, Suiza, del 16 al 22 de febrero de 2011:

a)      Se congratula del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.

b)      Aplaude a la comunidad internacional por los progresos realizados con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el agua y el saneamiento.

c)      Hace hincapié en que se necesita hacer más para garantizar que las políticas y las otras medidas adoptadas lleguen a los pobres y los más vulnerables, teniendo en cuenta que el acceso al agua y al saneamiento todavía están marcados por la discriminación, la injusticia y la desigualdad.

d)      Observa con preocupación que una comprensión del agua que la reduzca a un simple producto que puede venderse y comercializare en función de los principios del mercado amenaza el acceso y el control sobre este don portador de vida de Dios por parte de aquellos que están desfavorecidos desde un punto de vista político, social o económico.

e)      Insta a los gobiernos a adoptar políticas sostenibles que presten una atención particular a los derechos de los grupos, comunidades e individuos desfavorecidos, y que haga frente a las causas estructurales subyacentes de la discriminación en el acceso al agua y al saneamiento.

f)       Interpela a los gobiernos que todavía no han adoptado el principio de que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano jurídicamente vinculante para que lo hagan.

g)      Alienta a los gobiernos a incorporar el derecho al agua y al saneamiento en las legislaciones y políticas nacionales y hacerlo aplicable a nivel nacional, y a garantizar el acceso a las compensaciones legales correspondientes en todos los casos de violación.

h)      Pide el establecimiento de un mandato de Relator Especial sobre el derecho al agua y al saneamiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

i)        Reafirma el compromiso de las iglesias miembros del CMI y de las organizaciones internacionales de emprender iniciativas de defensa y promoción en favor de la aplicación del derecho al agua a todos los niveles, y promover la cooperación internacional entre las iglesias y los copartícipes ecuménicos en materia de agua a través de la participación en la Red Ecuménica del Agua (REDA), tal como se dijo en la Declaración sobre el agua para la vida de la Asamblea del CMI de 2006.