El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra del 11 al 14 de septiembre de 2001,

alarmado y consternado ante la escalada de la violencia en Tierra Santa tras la adopción por el Comité Central, en febrero de 2001, en Potsdam, de su última "Nota sobre la situación en Tierra Santa tras la segunda sublevación palestina";

expresa su sentido pésame a todas las víctimas del conflicto y, en especial, a las familias de las personas muertas tanto palestinas como israelíes;

recuerda y reafirma las orientaciones del Consejo Mundial de Iglesias por lo que respecta a la consecución de una paz justa en Oriente Medio y al estatuto de Jerusalén; y su compromiso de promover el diálogo entre cristianos, musulmanes y judíos;

reitera su llamamiento a todas las partes directamente implicadas y a la comunidad internacional para que pongan fin a los actos de agresión y a la violencia que nuevamente causan estragos en Tierra Santa y amenazan la paz y la seguridad internacionales;

recibe con aprecio y apoya las iniciativas tomadas por el secretario general y el personal del Consejo Mundial de Iglesias para aplicar las recomendaciones adoptadas por el Comité Central en Potsdam favoreciendo una respuesta ecuménica concreta y coordinada destinada a poner fin a la ocupación ilegal de Palestina; expresando solidaridad con las iglesias y comunidades cristianas más directamente afectadas; creando las condiciones que permitan a las iglesias miembros elaborar un plan de acción ecuménica concertada no violenta a fin de proteger a las comunidades vulnerables de Palestina y lograr el fin de las hostilidades;

pide al secretario general y al personal del CMI que sigan desempeñando e intensifiquen su función de coordinación de las iniciativas de defensa de la justicia y la paz, de formación de redes, de comunicación y de solidaridad concreta en favor de las víctimas del conflicto;

recibe con aprecio y ratifica las recomendaciones formuladas por la delegación del CMI que visitó Israel y los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén, en junio de 2001, y revisadas por la Consulta Ecuménica Internacional sobre el conflicto palestino-israelí celebrada en Ginebra los días 6 y 7 de agosto de 2001 que figuran a continuación:

  • elaborar un programa de acompañamiento en el que se prevea una presencia ecuménica internacional que se base en la experiencia del equipo de pacificadores cristianos;
  • exhortar a las iglesias miembros del CMI y a las organizaciones ecuménicasel año 2002, centren su atención en la realización de intensos esfuerzos para poner fin a la ocupación ilegal de Palestina, y participen activamente en las iniciativas ecuménicas coordinadas con este fin;
  • prevean la organización de una conferencia internacional sobre la ocupación ilegal de Palestina, que reuniría, en 2002, a representantes de iglesias, organizaciones ecuménicas, organismos internacionales competentes, así como universitarios y expertos, en el marco de la atención especial que otorga la comunidad ecuménica a los esfuerzos para poner fin a la ocupación de Palestina;
  • insta a que se organice un boicot internacional de los bienes producidos en los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados;
  • insta a las iglesias miembros y a todos los cristianos a que: participen en los actos no violentos de oposición a la destrucción de los bienes de los palestinos y a la expulsión de los habitantes de sus casas y tierras; y
  • participen en vigilias de oración internacionales destinadas a fortalecer la "cadena de solidaridad" con el pueblo palestino;

exhorta a las iglesias miembros y organizaciones ecuménicas de financiación a que respondan a este llamamiento con la mayor urgencia y que pongan a disposición del CMI los recursos necesarios para que pueda cumplir con su cometido y asumir las responsabilidades que se derivan del plan de acción ecuménica concertada propuesto;

pide al secretario general que señale la presente resolución a la atención de las iglesias miembros, las organizaciones ecuménicas, los organismos especializados y los órganos competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales regionales y los gobiernos de sus Estados miembros, y que presente un informe sobre el avance de la aplicación de la resolución en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.