Este manifiesto es el resultado del simposio “La comunicación para la justicia social en la era digital”, celebrado del 13 al 15 de septiembre de 2021. El simposio exploró los desafíos de la comunicación digital desde una perspectiva de justicia social e identificó las oportunidades de acciones conjuntas y concertadas entre las organizaciones religiosas, de la sociedad civil, y académicas, mediáticas y tecnológicas.

El simposio fue organizado por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC), con el apoyo de Pan para el Mundo (Brot für die Welt), la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), la Asociación de las Iglesias y Misiones Protestantes en Alemania (Evangelische Mission Weltweit, EMW), y la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos.

En el evento se conjugaron la investigación, las experiencias de las diferentes regiones y de las comunidades marginadas, las perspectivas de especialistas sobre las tendencias políticas y económicas y la reflexión ética y teológica como contribuciones para la 11ª Asamblea del CMI que tendrá lugar en septiembre de 2022.

 

Nuestro contexto mundial

Las tecnologías digitales están transformando nuestro mundo, y también los múltiples espacios en los que vivimos y nos movemos.

Estas tecnologías nos ofrecen nuevas formas de comunicarnos, de informarnos y de comprender el mundo, y de defender nuestra dignidad y nuestros derechos humanos, así como nuevos espacios para que nuestras voces sean escuchadas.

Crean nuevas formas de interactuar con los demás más allá de las fronteras del tiempo y el espacio.

Pueden ser herramientas poderosas para vivir en relación con los demás, para la inclusión, la educación, el encuentro, la imaginación, la creatividad y el entendimiento.

No obstante, las tecnologías digitales ofrecen tanto oportunidades como desafíos.

Las plataformas digitales también se utilizan para difundir deliberadamente desinformación y odio, y para socavar nuestra dignidad y nuestros derechos humanos.

Las campañas digitales de “noticias falsas” por motivos políticos socavan los procesos democráticos y el periodismo responsable.

Además, aunque las plataformas digitales parecen ofrecer oportunidades ilimitadas para la libertad de expresión, los crecientes monopolios mediáticos amenazan la diversidad de perspectivas y opiniones.

La comunicación se realiza cada vez más a través de plataformas que son propiedad de empresas y que prometen un sueño de empoderamiento democratizado, pero que monetizan los datos y el tiempo en lo que se conoce como “economía de la atención”. Los usuarios se han convertido en la nueva mercancía.

Cada vez más, un pequeño número de plataformas solicita, recopila y maneja datos personales con el objetivo de aprovecharse de las personas para fines políticos y económicos.

La vigilancia, la marginación y la militarización representan amenazas importantes en los espacios digitales.

Los algoritmos desarrollados según criterios subjetivos reflejan las consecuencias persistentes de la colonización, el racismo y los desequilibrios de poder sistémicos, y exacerban las desigualdades y la discriminación existentes.

La pandemia de la COVID-19 también amplifica las desigualdades: aquellas personas que quedan excluidas del espacio digital se ven cada vez más marginadas debido a la evolución hacia el aprendizaje y las economías en línea. La preocupación por la ciberseguridad es cada vez mayor, especialmente en el sector de la salud.

Perspectivas teológicas

Esta transformación de la sociedad plantea profundas preocupaciones que la comunidad ecuménica lleva muchas décadas tratando de abordar: el poder, la justicia, la igualdad, la participación, la promoción de comunidades sostenibles, cómo lograr que se escuchen las voces de las personas de los márgenes, y lo que significa ser humano.

Para tratar de responder a las cuestiones que plantea la transformación digital, podemos encontrar en muchas tradiciones religiosas una increíble profundidad de entendimiento sobre lo que significa ser humano y vivir con justicia dentro del entramado de la creación.

En la reflexión teológica sobre la justicia digital deben desempeñar un papel central dos aspectos intrínsecamente vinculados: el aspecto relacional y la vulnerabilidad.

Las personas cristianas  creen que el hecho de haber sido creados a imagen de Dios confiere una dignidad inherente a todos y todas, mujeres, hombres, niños y niñas (Génesis 1:27). Los seres humanos han sido creados como seres relacionales y capaces de colaborar y comunicarse. Estamos llamados a responsabilizarnos y a cuidar la creación de Dios.

En Jesucristo, Dios se hizo vulnerable y compartió la vida humana. Por lo tanto, la creación y el ser humano siguen estando en el centro de nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones. Esta vulnerabilidad compartida nos motiva a proteger los derechos individuales y comunitarios, y a utilizar las tecnologías digitales para el bienestar de los seres humanos. La opción preferencial de la Biblia por los pobres y vulnerables dirige nuestra atención hacia la pobreza informativa y las brechas digitales en el panorama mundial de la digitalización (Mateo 5).

Estamos llamados a un camino de justicia y paz, así como a velar por la integridad de la creación.

Estamos llamados a participar en la misión de Dios para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, también en el espacio digital (Juan 10:10).

En 2022, la comunidad ecuménica se reunirá en Karlsruhe (Alemania) para celebrar la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, en un mundo marcado por muchos tipos de injusticia y por el dolor de muchos de sus pueblos, de sus criaturas e incluso de la propia Tierra.

A pesar de esto, también es un mundo que está experimentando movimientos de cambio, justicia y esperanza.

Problemas y desafíos

La digitalización, en sus múltiples formas, plantea nuevas cuestiones relacionadas con la identidad y la libertad humanas. No solo está en juego la coherencia social, sino también la propia dignidad humana.

La digitalización también plantea cuestiones de justicia ecológica, como el uso de los recursos y la obsolescencia programada de las tecnologías digitales.

Los actores políticos, culturales y de la sociedad civil, así como las comunidades religiosas y académicas, se esfuerzan por dar una respuesta eficaz.

Para responder a los desafíos y oportunidades de la era digital, necesitamos un enfoque participativo incluyente y holístico que sea tanto internacional como intergeneracional y que esté basado en el valor sagrado de la justicia social.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo podemos imaginar y trabajar por un ecosistema de comunicación e información basado en principios de la justicia social como la participación inclusiva, la libertad, la igualdad, la vida sostenible y la solidaridad que:

  • permita a todas las personas ejercer plenamente sus derechos humanos, sus derechos civiles y sus responsabilidades;
  • refuerce el sentido de pertenencia y la participación colectiva;
  • fomente las alianzas y coaliciones que generan credibilidad, responsabilidad mutua y confianza;
  • tenga como propósito incluir y celebrar las voces ausentes, ignoradas, silenciadas y marginadas en la esfera digital;
  • luche contra los prejuicios explícitos e implícitos, el racismo, la discriminación de género y el extremismo en las tecnologías digitales;
  • exprese solidaridad con las comunidades al servicio de las cuales ha sido creado y no tenga ánimo de lucro ni de poder;
  • fomente plataformas que promuevan la comunidad, la cohesión, la colaboración y la creación de relaciones para el bienestar humano y el bienestar del planeta;
  • fomente el uso de plataformas que sean transparentes y publique abiertamente los valores en los que se basan dichas plataformas, y
  • privilegie las tecnologías de código abierto en la economía digital y comparta el conocimiento y la información como “conocimiento abierto”.

Hemos identificado los siguientes desafíos concretos:

Las brechas digitales: Nos enfrentamos a diversas brechas digitales: económica, geográfica, racial, educativa, de clase social, de género, de edad, cultural tecnológica y global. Entre ellas, también hay brechas que tienen su origen en el ámbito digital.

Estas brechas digitales ponen de relieve tanto la complejidad de la justicia social en la era digital como la necesidad de una reflexión intersectorial. La justicia digital requiere al mismo tiempo justicia de género, justicia climática, justicia económica, justicia racial y mucho más.

La accesibilidad: La principal preocupación suele ser el acceso al espacio digital en sí mismo, con un énfasis en la diferencia entre las economías de ingresos bajos, medios y altos, pero también en las diferencias dentro de cada país. El acceso significativo conlleva el acceso a infraestructuras básicas de comunicación, como conexiones eléctricas y de Internet estables, dispositivos tecnológicos, y el acceso a diversas herramientas digitales, datos, programación y contenidos del contexto cultural local. No obstante, también se refiere a los marcos legales para el acceso y los recursos económicos para invertir en estas infraestructuras.

La cuestión de la accesibilidad afecta a las relaciones de poder y a la distribución de los recursos y, por ello, el acceso a las tecnologías digitales es tanto causa como resultado de las brechas existentes.

La accesibilidad es una cuestión esencial en el contexto de la comunidad de personas con discapacidad. La digitalización ha mejorado la participación en la actividad económica, el ocio y la interacción social de las personas con discapacidad. Sin embargo, la accesibilidad en este ámbito también sigue estando distribuida de manera desigual en función de los patrones mundiales de riqueza.

El espacio público: Es el espacio donde interactúan los Estados y el público; donde las personas, incluidos los medios de comunicación, pueden expresar sus ideas y sentimientos, y participar democráticamente. La digitalización crea la oportunidad de ampliar este espacio, pero la restricción de la libertad digital también puede hacer que este espacio se reduzca.

La desigualdad: El control, el uso y el análisis de los datos recopilados gracias a la digitalización están muy concentrados en unas pocas empresas y en regiones geográficas específicas. Los gobiernos también pueden estar muy implicados en el control y la manipulación de datos.

La educación: La educación digital, incluyendo el cuestionamiento y el análisis crítico de la información y las fuentes, es fundamental para todas las personas. El acceso a esta educación suele ser muy desigual, atendiendo a consideraciones como la edad, la formación académica, el idioma, el género, la ubicación geográfica y los roles sociales de género.

La justicia de género: Las mujeres se benefician de la digitalización en el ámbito personal, educativo y económico, y la participación en el espacio digital puede contribuir a la plena participación en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres restringen este acceso.

El aumento de la digitalización también ha conducido a una mayor exposición de las niñas y las mujeres al acoso sexualizado, la vigilancia, el troleo y la difusión de odio en línea, que también pueden llevar a la violencia física. El impacto de la violencia en línea está silenciando a las mujeres, obligándolas a desvincularse del espacio digital.

La privacidad y la seguridad: Los desafíos universales del uso de datos y la pérdida de privacidad se ven agravados por el control arbitrario de los gobiernos, por leyes y directrices digitales nacionales ambiguas y llenas de lagunas, por los apagones de Internet que reprimen la disidencia en línea y por la vigilancia estatal injustificada.

La militarización: Hay una inversión militar en las tecnologías digitales, y las tecnologías están a su vez militarizadas, aumentando así el riesgo en situaciones de guerra y conflicto.

Principios para promover la comunicación para la justicia social en la era digital

Poco se puede hacer sin una comunicación eficaz, sea cual sea el tema de que se trate: violencia contra las mujeres, abuso de los niños, pobreza, resolución de conflictos, autodeterminación, racismo, migración, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, salud, tierra, medio ambiente…

Por este motivo, para crear tecnologías digitales que promuevan la vida, la dignidad y la justicia en lugar de socavarlas, es necesario un enfoque holístico e incluyente.

Necesitamos principios que permitan a todas las personas participar en un debate transparente, informado y democrático, en el que las personas tengan un acceso sin restricciones a la información y al conocimiento esencial para la coexistencia pacífica, el empoderamiento, el compromiso cívico responsable y la responsabilidad mutua.

Estos principios, basados en la historia de los derechos de la comunicación, están al servicio de un mundo en el que

  • todas las personas tengan derecho a comunicar, informar y compartir conocimientos. Para lograrlo, es necesario un acceso equitativo a las infraestructuras de comunicación y el derecho a la libre expresión;
  • todas las personas tengan derecho a participar en la sociedad de la información y la comunicación, y esto adquiere una mayor relevancia en el contexto de los grupos vulnerables y minoritarios, y requiere una gobernanza incluyente y participativa de las infraestructuras de los medios de comunicación y las plataformas digitales;
  • todas las personas tengan derecho a una comunicación pública justa e imparcial. Esto requiere normas éticas, responsabilidad y mecanismos de reparación y rectificación de la información engañosa;
  • todas las personas tengan derecho a la dignidad y el respeto. Esto requiere transparencia y responsabilidad por parte de los medios de comunicación y las plataformas digitales;
  • todas las personas tengan derecho a la privacidad y al control de sus datos, incluyendo el derecho a eliminarlos, siempre y cuando no estén involucradas en violaciones de derechos humanos o actividades criminales. Esto debería ser intrínseco e inherente a la identidad digital de cada persona y requiere marcos legales que regulen el derecho a la privacidad y la protección de los derechos humanos.
  • todas las personas tengan derecho a su propia identidad cultural y lingüística. Esto requiere espacios para la diversidad lingüística y cultural, así como acceso al control y la propiedad de los medios de comunicación;
  • todas las personas tengan derecho a tener acceso a los conocimientos en materia de comunicación y a la alfabetización mediática. Esto requiere una formación culturalmente adecuada y el desarrollo de las capacidades de diálogo, conversación, escucha, apertura y pensamiento crítico;
  • todas las personas puedan tener acceso a fuentes de energía sostenibles para el funcionamiento de sus medios digitales o electrónicos. Esto requiere el acceso a tecnologías como la energía solar o eólica;
  • todas las personas tengan derecho a dispositivos asequibles o acceso público a dispositivos en espacios seguros. Esto requiere recursos económicos, así como el “derecho a la reparación”.

Un movimiento transformador

Para lograr la justicia digital, es necesario un movimiento transformador de personas, comunidades, instituciones educativas, agencias de medios de comunicación y sociedad civil -incluidas las comunidades religiosas. También son necesarias políticas y medidas gubernamentales que estén informadas y apoyadas por la sociedad civil, y basadas en la dignidad y los derechos humanos y en los principios democráticos.

Los derechos fundamentales no prevalecerán por sí solos o mediante compromisos voluntarios de las empresas. El amplio apoyo y el compromiso conjunto de la sociedad civil, incluidas las iglesias y las comunidades religiosas, los actores políticos, el sector científico y las empresas es necesario para garantizar y proteger los derechos civiles en la era digital, y para hacer que el espacio digital sea utilizable para el bien común.

Nos reunimos en el simposio “La comunicación para la justicia social en la era digital” con el propósito de explorar estas cuestiones, reflexionar y compartir visiones de un futuro en el que las tecnologías se pongan al servicio de las personas y no de los gobiernos o las empresas.

  • Subrayamos la necesidad de principios comunes de inclusión, respeto y equidad.
  • Señalamos la importancia fundamental de los derechos de comunicación para los pueblos y comunidades marginados de todo el mundo.
  • Afirmamos que los derechos en los espacios digitales deben ser una extensión de los derechos humanos en los espacios públicos.
  • Rechazamos cualquier justificación de la violencia en línea mediante el uso indebido del evangelio.
  • Estamos de acuerdo en la importancia de los derechos de la niñez, y en que la juventud tenga oportunidades únicas para el liderazgo intergeneracional en nuestra transformación digital.
  • Subrayamos que los datos recopilados (no personales) deben ponerse a disposición con el fin de servir al bien común.
  • Subrayamos la necesidad de una mayor responsabilidad y transparencia por parte de las empresas que tienen el poder y la capacidad de influir y conformar el discurso público y político.
  • Destacamos los peligros de la denominada “red oscura” (darknet) para actividades ilegales y perjudiciales como el tráfico de órganos, la trata de personas, la explotación sexual, el comercio de armas y drogas, e incluso el reclutamiento para organizaciones extremistas. Apoyamos intervenciones que ayuden a las sociedades a erradicar estas actividades.
  • Reconocemos el poder de los espacios digitales como herramientas para que las comunidades oprimidas reclamen sus identidades y se expresen.
  • Desafiamos a las comunidades religiosas a alcanzar su potencial para hacer extensivo el acceso digital justo a aquellas personas que están marginadas.

 

Para tener acceso a las oportunidades y afrontar los desafíos de las tecnologías digitales, es necesario reimaginar continuamente nuestra esfera pública digital, haciendo hincapié en la democracia, los derechos fundamentales, la responsabilidad mutua y la solidaridad.

Trabajaremos con los actores estatales y de la sociedad civil, y con los grupos religiosos para crear espacios y canales incluyentes, interactivos y participativos, promoviendo la justicia digital, ampliando el espacio público y creando perspectivas para el futuro.

Alentaremos las críticas éticas y teológicas de las fuerzas que controlan los espacios digitales no regulados y de orientación comercial.

Crearemos una resistencia comunitaria inspirada en la fe para contrarrestar las fuerzas que ponen en peligro la dignidad humana y el desarrollo próspero dentro de los espacios digitales.

En un proceso colaborativo continuado, nos comprometemos a elaborar un plan de acción para crear esta realidad reimaginada en los diferentes contextos.

Seguiremos actuando conjuntamente para que

“el derecho fluya como el agua, y la justicia como un arroyo permanente”

(Amós 5:24).

 

21 de septiembre de 2021

 

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