Documento
25 de noviembre de 2019
Consejo Mundial de Iglesias
COMITÉ EJECUTIVO
Bossey (Suiza)
20 a 26 de noviembre de 2019
Doc. Nº 04.7 rev
Declaración sobre las situaciones preocupantes que se viven en la región de América Latina
América Latina vive un periodo de excepcionales crisis simultáneas. Brasil es uno de los países cuya situación nos preocupa, pues enfrenta una compleja crisis de polarización política y social, que afecta al estado de derecho, a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente, a la vez que reduce el espacio de la sociedad civil. Mientras, en Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina ha habido protestas masivas y crisis políticas que han afectado a sus gobiernos, economías y sociedades. En algunos casos, como en Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Colombia, las protestas populares han desembocado en enfrentamientos violentos y muertes.
El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), reunido en Bossey (Suiza), del 20 al 26 de noviembre de 2019:
Expresa su profunda preocupación y alarma ante la concurrencia de tales niveles de agitación en tantos puntos de la región latinoamericana, que afecta a sociedades e iglesias en toda la región.
Destaca los efectos y consecuencias para las comunidades pobres y vulnerables, especialmente para los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como para el estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, en una región que posee algunos de los mayores depósitos de biodiversidad que aún se conservan en el planeta.
Insta a los gobiernos y dirigentes políticos de América Latina a que:
- apoyen y refuercen las instituciones de la democracia y del estado de derecho, y protejan el espacio político para la sociedad civil;
- escuchen las voces del pueblo, tomen en serio sus reivindicaciones, protejan sus derechos y su seguridad, y promuevan su bienestar social y económico;
- hagan frente a los altos niveles de desigualdad patentes en muchos puntos de la región, promuevan la inclusión social y económica, y garanticen una redistribución justa y equitativa de la riqueza, mediante disposiciones fiscales progresivas y protección social;
- tomen medidas urgentes contra los altos niveles de violencia en la sociedad, especialmente la violencia armada y la violencia sexual y de género;
- se comprometan a dar prioridad a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, y también de la seguridad y de los derechos de los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas; y a tomar medidas contundentes para fomentar la adaptación y la resiliencia ante el cambio climático y para mitigarlo;
- aborden los asuntos relacionados con el desplazamiento y la migración, uno de los problemas más desatendidos y abrumadores que enfrentan millones de personas en la región, de manera que se atienda a las causas fundamentales del desplazamiento y se garantice el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de todos los migrantes y desplazados.
Expresa especial inquietud por la polarización de las sociedades, comunidades e iglesias de la región, que no deja espacio para el diálogo constructivo, basado en los principios éticos y morales fundamentales de justicia, dignidad humana y cuidado de la creación.
Reitera el compromiso del CMI y de sus iglesias miembros en otras regiones de acompañar a las iglesias de América Latina en sus esfuerzos por la justicia y la paz en circunstancias tan complejas y desafiantes.
Se compromete a intensificar la colaboración con los asociados ecuménicos, en particular con la Iglesia Católica Romana y con ACT Alianza, para apoyar la labor de las iglesias de la región en pro de la justicia y la paz.
Solicita al secretario general del CMI que estudie la viabilidad de establecer en la región un Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos y la Democracia, en cooperación con la sociedad civil, los gobiernos y los asociados intergubernamentales.
Antedecentes
América Latina es la región más violenta y más desigual del planeta; pero también, demográficamente, la más cristiana.
Las tasas de violencia, sobre todo de la violencia de género, siguen siendo excepcionalmente altas en muchas partes de la región. La violencia generalizada se combina con el fácil acceso a las armas, el tráfico de drogas, el contrabando, la delincuencia organizada y las bandas.
La pobreza y la desigualdad son problemas persistentes y en aumento. En 2017, un total de 184 millones de latinoamericanos vivían en la pobreza (30,2% de la población), de los cuales, 62 millones sufrían la pobreza extrema (10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008). Se estima que estas cifras seguirán en aumento en 2019.
El 40% de la población ocupada de la región de América Latina y el Caribe recibe ingresos que están por debajo del salario mínimo establecido en su país, y esa proporción es mucho mayor entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de entre 15 y 24 años (55,9%). En el caso de las mujeres jóvenes, esa cifra alcanza el 60,3%. Más de la mitad de las mujeres empleadas (51,8%) trabajan en sectores de baja productividad y el 82,2% de ellas no están afiliadas o no están incluidas en un sistema de pensiones.
En el 10% de los hogares más ricos de la región se concentra, en promedio, el 34,1% de la renta total.
Los efectos del cambio climático profundizan las brechas de desigualdad en las comunidades de la región. La vulnerabilidad se intensifica con las industrias extractivas, los monocultivos y el crecimiento de las megaciudades; fenómenos vinculados al modelo de producción dominante.
Las compañías multinacionales y los individuos ultraricos son en muchos lugares más poderosos que los gobiernos. La independencia, la voz y la vitalidad de la sociedad civil están cada vez más amenazadas, y aumenta cada vez más la influencia de los grupos religiosos en la política. Se incrementan la polarización y la inestabilidad en la sociedad y en la política.
Los virajes hacia el populismo en la política de algunos países de la región han venido acompañados de un retroceso en el respeto del estado de derecho y de muchos derechos humanos, libertades civiles y protecciones sociales y medioambientales que habían sido conquistados con mucho esfuerzo. Hay varios Estados que no respetan el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos, discriminan a las personas desplazadas y a los refugiados, y dan más importancia a la seguridad que a la justicia.
En toda la región, las mujeres y los pueblos indígenas son siempre los más afectados por la pobreza extrema, la violencia y las múltiples vulnerabilidades.
Brasil
En Brasil, durante 2019, la polarización social y política y la intolerancia han aumentado hasta alcanzar niveles inquietantes. El estado de derecho y los principios de los derechos humanos han sido atacados, y se ha cuestionado la legitimidad de las instituciones democráticas brasileñas. El colapso de una presa minera brasileña y los incendios en la selva de la Amazonía fueron noticia en todo el mundo.
El 28 de agosto de 2019, el CMI convocó en Ginebra una mesa redonda compuesta por líderes de iglesias y asociados ecuménicos de Brasil, con objeto de estudiar maneras en que: a) las iglesias podían alzar la voz públicamente sobre asuntos importantes, en un contexto en que sus propios miembros están altamente polarizados, y b) el CMI y sus asociados podían prestar asistencia y dar seguimiento a algunos temas planteados previamente por las iglesias, o que surgieron durante la propia reunión (violencia, derechos de los pueblos indígenas, la Amazonía y asuntos medioambientales, intolerancia religiosa, derechos humanos, etc.). Durante la mesa redonda se determinaron tres posibles modalidades de respuesta:
- Reflexión bíblica y teológica sobre una respuesta cristiana a la polarización, la violencia y la tergiversación de la teología cristiana para justificar la injusticia.
- Integrar la respuesta de la iglesia a los movimientos sociales y la sociedad civil en general.
- Participación juvenil (con un enfoque intergeneracional).
Chile
A mediados de octubre, se inició una ola de protestas violentas a raíz de un aumento de las tarifas del Metro de Santiago, que encendieron la mecha de una reacción popular contra los niveles extremos de desigualdad en el país. La policía respondió con gases lacrimógenos y fuertes cargas contra los manifestantes. Han muerto 18 personas y más de 1.400 han sido arrestadas como resultado de los disturbios.
El secretario general del CMI se unió a otros líderes eclesiales para pedir el cese de la violencia y el establecimiento de un mecanismo para eliminar sus causas profundas, y señaló que la democracia y la justicia social en Chile están en juego. Las iglesias miembros del CMI y los asociados ecuménicos se han pronunciado sobre la situación para pedir paz y condenar los actos de violencia, además de instar al gobierno chileno a eliminar las desigualdades subyacentes en el país.
Bolivia
Tras las elecciones presidenciales de octubre, a raíz de las dudas sobre los resultados, que parecían dar al presidente Evo Morales un cuarto mandato, empezaron a surgir protestas callejeras. La promesa de repetir los comicios no calmó las protestas, y Morales, tras recibir la recomendación por parte del jefe de las fuerzas armadas de que renunciara, huyó a México, donde recibió asilo político. Sin embargo, los partidarios del presidente Morales, especialmente las comunidades indígenas, siguen manifestándose contra la presidenta interina autoproclamada. Cinco semanas de violentos enfrentamientos políticos que han dejado más de treinta fallecidos. Los manifestantes han levantado barricadas en las carreteras por todo el país, sobre todo en torno a la capital, La Paz.
VENEZUELA
Hace años que Venezuela enfrenta la recesión y la hiperinflación, y gran parte de su población ha abandonado el país a causa de la pobreza y la escasez generalizada. El líder de la oposición, Juan Guaidó, se proclamó presidente en enero. A finales de abril, intentó organizar un levantamiento contra el presidente Nicolás Maduro. Algunos miembros del ejército se unieron a él, pero la mayoría de las fuerzas armadas se mantuvieron leales al régimen chavista. Ha habido enfrentamientos violentos en Caracas, y se tiene constancia de que al menos cinco personas han muerto.
Colombia
Han pasado tres años desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, pero su ejecución ha sido incompleta y muy controvertida. A pesar de las promesas de protección, 168 excombatientes de las FARC y más de 150 líderes sociales han sido asesinados. Ha habido varias matanzas de ciudadanos indígenas en Toribío, Corinto y Tacueyó, municipios de la región del Cauca. El compromiso del gobierno del presidente Duque con la paz, la reconciliación y la justicia social es ampliamente cuestionado.
Más recientemente, el jueves 21 de noviembre, estallaron manifestaciones antigubernamentales con la participación de 250 000 personas en un paro nacional en protesta por la corrupción y las posibles medidas de austeridad. Se informó del fallecimiento de varias personas en los enfrentamientos violentos que surgieron durante las manifestaciones.
Las iglesias unidas bajo el Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ) aún acompañan a los excombatientes en el proceso de integración social. La Iglesia Presbiteriana de Colombia también colabora con otras iglesias para responder a la situación de los migrantes venezolanos y a las constantes protestas estudiantiles que piden una educación superior de calidad.
Nicaragua
Nicaragua lucha por superar las secuelas de la dictadura, la guerra civil y los desastres naturales, que han convertido al país en uno de los más pobres del hemisferio occidental. El líder sandinista, Daniel Ortega, regresó a la política en las elecciones de noviembre de 2006, después de haber liderado el país durante una revolución y una guerra civil, antes de perder las elecciones en 1990. Ortega cuenta con el importante apoyo de los pobres del país, quienes representan más de un tercio de la población y han sido los principales beneficiarios de sus programas sociales. Durante su mandato, Nicaragua ha experimentado un crecimiento económico estable, la pobreza ha disminuido y los niveles de violencia han sido bajos, en comparación con otras partes de América Central. Sin embargo, a mediados de 2018, el presidente Ortega tuvo que enfrentarse a disturbios violentos, que inicialmente estallaron a raíz de unas propuestas de reforma del sistema de seguridad social, casi en bancarrota. El gobierno y las fuerzas de seguridad respondieron con una represión severa y persistente.
La iglesia miembro del CMI, la Iglesia Moravia de Nicaragua, ha estado luchando para resolver una grave división interna.
Argentina
En septiembre, los miembros de los movimientos sociales de Argentina protestaron en Buenos Aires para exigir al presidente Mauricio Macri que declarase la emergencia alimentaria para combatir la pobreza extrema. La Iglesia Católica Romana apoyó las protestas. El Congreso aprobó por unanimidad una ley de emergencia alimentaria para proporcionar más recursos a los programas sociales. La pobreza en Argentina había subido del 32% al 35,4% en la primera mitad del año, el nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001. El país celebró recientemente una elección presidencial en la que fue elegido el peronista Alberto Fernández.
La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) ha denunciado la creciente pobreza y las violaciones de los derechos humanos en el país.
Ecuador
Once días de violentas protestas y bloqueos estallaron en octubre tras el anuncio del presidente Lenin Moreno de la retirada de un subsidio al combustible que existía desde hacía cuarenta años –como parte de un paquete de medidas para cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional–, lo que provocó un aumento de hasta el 123% de los precios del combustible. En reacción a las manifestaciones, el gobierno decretó el “estado de excepción” y trasladó la sede del gobierno de Quito a la ciudad costera de Guayaquil. Pero no cesaron las manifestaciones y los disturbios, que se saldaron con siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 arrestados. El 14 de octubre, el presidente, después de reunirse con los líderes indígenas, anunció que revocaría el recorte del subsidio al combustible.
México
México es la segunda economía más grande de América Latina y un importante exportador de petróleo. Pero la prosperidad es aún un espejismo para muchos mexicanos, y la brecha socioeconómica sigue siendo profunda. Las áreas rurales a menudo quedan en el olvido, y enormes barrios de chabolas rodean las ciudades. Muchos mexicanos pobres han tratado de cruzar la frontera de 3.000 km con los Estados Unidos para buscar trabajo, pero, en los últimos años, han sido más los migrantes mexicanos que han regresado a México que los que han emigrado al país vecino. En el último decenio, decenas de miles de personas han perdido la vida a causa de la violencia de las bandas implicadas en el narcotráfico. Los poderosos carteles controlan el tráfico de drogas desde América del Sur a los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones presidenciales de julio de 2018.
Prácticamente todas las iglesias de México participan en la labor humanitaria en favor de los refugiados y los migrantes, entre ellas, la Iglesia Metodista de México, que recibió la visita del secretario general del CMI, en octubre.
Paraguay
En mayo, el gobierno firmó con Brasil un documento por el que se comprometía a comprar la energía por un precio superior al habitual en la central eléctrica de Itaipú, propiedad de ambos países. Como consecuencia de ello, en agosto el Paraguay se sumió en una crisis política, cayeron varios altos cargos y el presidente Mario Abdo fue amenazado por una petición opositora de juicio político. Hubo manifestaciones en todo el país, principalmente en la capital, Asunción. El pacto energético fue oficialmente anulado y las tensiones disminuyeron.
Perú
A finales de septiembre, el presidente Martín Vizcarra, tras ser derrotado en el Congreso, disolvió la legislatura y convocó nuevas elecciones. En respuesta, los miembros del Congreso votaron para destituir al presidente y designaron a su diputada Mercedes Aráoz para ocupar su cargo. Ella, sin embargo, renunció al cargo y Vizcarra conservó la presidencia. Los manifestantes apoyaron la disolución del Congreso, en un contexto de continua crisis de credibilidad de la clase política tras el escándalo de Odebrecht.
La iglesia miembro del CMI, la Iglesia Metodista del Perú, participa de forma significativa en la prestación de asistencia a los migrantes venezolanos en el país.