Documento
25 de noviembre de 2019
Consejo Mundial de Iglesias
COMITÉ EJECUTIVO
Bossey (Suiza)
20-26 de noviembre de 2019
Doc. N.º 04.2 rev
Declaración sobre los derechos humanos de los apátridas
Oh Señor, Dios mío, en ti me he
refugiado.
Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame.
No sea que arrebaten mi alma como el león que despedaza,
sin que haya quien libre.
Salmos 7:1-2
La nacionalidad es la “pertenencia” legal a un Estado, la esencia de pertenecer con dignidad. El derecho a una nacionalidad es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Los apátridas viven en una situación de limbo legal. Siendo la nacionalidad el medio para acceder a una amplia gama de derechos humanos, libertades y deberes, los apátridas (es decir, las personas que no tienen una nacionalidad reconocida) en todo el mundo experimentan barreras importantes y, a menudo, insuperables en el acceso al empleo, la educación, la atención de salud, la propiedad, la libertad de circulación y la participación política.
Los apátridas también se enfrentan a mayores riesgos de trata de seres humanos y otras formas de explotación, y a menudo llevan una vida de inseguridad constante y temen ser arrestados, detenidos e incluso expulsados físicamente por falta de documentos oficiales. Los niños constituyen más de un tercio de la población mundial de apátridas, y en los países con las 20 mayores poblaciones de apátridas nacen aproximadamente 70 000 niños apátridas cada año.
La apatridia puede deberse a diversos factores, como la sucesión de Estados, la discriminación de género y/o racial en las leyes de nacionalidad, los obstáculos administrativos y la falta de inscripción de los nacimientos o de documentación de la identidad nacional. Los riesgos de apatridia suelen aumentar en el contexto del desplazamiento forzado y la migración.
En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento de los discursos y políticas etnonacionalistas, racistas y xenófobos en todo el mundo. Hemos visto a políticos y otros grupos alimentando sentimientos populistas y manipulando ansiedades relacionadas con la seguridad nacional y la prosperidad económica contra los grupos minoritarios en general, así como promoviendo ideologías de superioridad racial en algunos contextos. Esta evolución tiene un efecto discriminatorio en el acceso de las personas y los grupos a la nacionalidad.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más del 75% de los millones de apátridas del mundo pertenecen a grupos minoritarios. La historia ha demostrado que, en distintas ocasiones y en distintos lugares, los Estados han utilizado el acceso a la ciudadanía y la privación de la nacionalidad como una herramienta discriminatoria para oprimir a comunidades enteras con motivo de su ascendencia, color, etnia o religión.
En este punto intermedio de la campaña de la comunidad internacional para poner fin a la apatridia 2014-2024, no se está haciendo lo suficiente para eliminar esta amenaza para los derechos humanos y la dignidad. Por otra parte, en lo que supone un duro golpe para estos esfuerzos, la publicación a principios de este año de un Registro Nacional de Ciudadanos en el estado indio de Assam, que excluye a unos 1,9 millones de personas, ha puesto a cualquiera de ellos que no posea otra nacionalidad en grave riesgo de apatridia.
El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias, reunido en Bossey (Suiza), del 20 al 26 de noviembre de 2019:
Reconoce que la apatridia y el hecho de que no se garantice que todas las personas disfruten del derecho a una nacionalidad se traduce en la negación de los derechos humanos y la dignidad de millones de personas en todo el mundo.
Reafirma el papel de las iglesias para elevar las voces de los apátridas en todo el mundo y dar visibilidad a los que la apatridia ha hecho invisibles.
Alienta a las iglesias miembros a utilizar su testimonio profético para concienciar sobre la situación de los apátridas que viven en sus países y en todo el mundo, así como para abogar por el derecho humano a una nacionalidad y por el fin de la apatridia.
Insta a las iglesias miembros y a los asociados ecuménicos a establecer un diálogo con los Estados para garantizar que adoptan políticas que otorgan la nacionalidad y proporcionan los documentos necesarios a las personas apátridas.
Insta a las iglesias, la sociedad civil y las entidades de derechos humanos, así como a los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, a colaborar para reducir y erradicar eficazmente la apatridia.
Pide al secretario general que continúe la defensa de los derechos humanos de los apátridas como parte de las prioridades programáticas del CMI.