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Declaración sobre la crisis de los desplazamientos forzosos

El Comité Central del CMI insta a adoptar medidas internacionales más concertadas y coordinadas a fin de resolver las causas profundas del desplazamiento forzoso de personas.

28 de junio de 2016

Porque tuve hambre y me recibieron. Mateo 25:35

El mundo está atravesando una crisis histórica de desplazamientos forzosos de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares, comunidades y países para huir del conflicto, la persecución, la represión, la degradación ecológica, desastres naturales o causados por el hombre u otras situaciones que ponen en peligro sus vidas, su libertad o sus medios de subsistencia.

Durante 2015, los desplazamientos forzosos debidos a los conflictos y la persecución alcanzaron niveles sin precedentes. Más de 65 millones de personas –es decir, una de cada 113 personas en el mundo– se vieron obligadas a huir de sus hogares temiendo por su vida. Los conflictos y la inseguridad en Oriente Medio –especialmente la guerra que continúa asolando trágicamente Siria– y en partes de África figuran entre los principales causantes de este éxodo.

En el mismo año, más de un millón de personas cruzaron el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas como refugiados o migrantes, muchos de ellos poniéndose en manos de traficantes, en búsqueda de seguridad y un lugar en el que reconstruir sus vidas. En 2015, más de 3770 personas murieron en esta peligrosa travesía y en lo que va de este año se estima que otras 2850 han corrido la misma suerte.

Tal como observó el Comité Ejecutivo del CMI en su declaración de junio de 2015 sobre las respuestas a la crisis migratoria, esta crisis mundial es evidente en muchos contextos diferentes de todo el mundo, tal como se refleja no solo en el número sin precedentes de migrantes y refugiados que intentan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa, sino también en el caso de los migrantes rohinyás y bangladesíes en el mar de Andamán y de las personas que se desplazan de América Central y del Sur a Estados Unidos, entre otros.

En América Central, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, la cuestión de la migración forzosa está relacionada con la corrupción galopante, las bandas y en última instancia con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. En su último informe de Tendencias Globales, el ACNUR indica que el número de solicitantes de asilo de países del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) aumentó de 20 900 en 2012 a 109 800 en 2015.

Estas crisis han demostrado que en el mundo actual es imposible permanecer en la propia seguridad y bienestar, aislados del sufrimiento que vive un gran número de personas que busca refugio. Taparse los ojos y hacer oídos sordos al sufrimiento de las víctimas nunca ha sido aceptable, y ahora ya no es posible.

Ante esta crisis mundial de desplazamientos forzosos, los Gobiernos y las sociedades de Europa, América del Norte, Australia y otras destinaciones a las que se dirigen estos movimientos de personas han sido puestos a prueba por lo que respecta a su voluntad y capacidad de cumplir con sus obligaciones y compromisos de conformidad con el derecho y las políticas internacionales, los derechos humanos y las normas éticas y morales básicas.

Las respuestas de los países a los que han acudido tantas personas desesperadas han sido muy variadas. En algunos casos, a pesar de las evidentes dificultades logísticas y de los desafíos políticos, han sido acogidas con compasión. El Comité Central afirma y celebra en particular los esfuerzos emprendidos por las comunidades y las iglesias para prestar ayuda y apoyo a las personas que han atravesado o llegado a sus países. Las iglesias y los ministerios especializados, sobre todo por medio de la Alianza ACT, han intentado proporcionar la asistencia humanitaria esencial a las personas afectadas en los países de origen, tránsito y destino. Otras instituciones eclesiales, como la Comisión de las Iglesias para los Migrantes en Europa (CIME), han abogado a favor de que las respuestas de los Gobiernos, las sociedades y las iglesias sean compasivas y estén fundamentadas en principios.

Por su parte, el CMI ha llevado a cabo visitas de solidaridad a los países afectados y a campos de refugiados y migrantes, ha organizado foros de reflexión teológica e intercambio entre las iglesias (como la consulta de dirigentes de iglesia sobre la crisis de refugiados en Europa, organizada conjuntamente por el CMI, la Iglesia Evangélica en Alemania y la Iglesia Evangélica Luterana en Baviera el 29 de octubre de 2015 en Múnich), y ha cooperado con organismos de las Naciones Unidas, tales como el UNICEF, el ACNUR y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para organizar una importante conferencia titulada “La respuesta de Europa a la crisis de refugiados y migrantes, desde los países de origen y de tránsito hasta los de acogida y refugio”, celebrada en Ginebra el 18 y 19 de enero de 2016. Asimismo, junto con la CIME, la Conferencia de Iglesias Europeas y la Iglesia Protestante en los Países Bajos, el CMI coorganizó una conferencia en Lunteren (Países Bajos), del 14 al 16 de junio de 2016, para examinar el impacto de la crisis mundial de los refugiados en Europa, titulada “No tengan Miedo”.

Sin embargo, demasiado a menudo, la respuesta de los Gobiernos y las sociedades de los diversos países en los que personas que sufren han buscado refugio ha sido una respuesta basada en el miedo, el rechazo y la exclusión. Demasiado a menudo, los actores políticos han intentado galvanizar la inquietud pública y aumentar el miedo para obtener ventajas políticas. Demasiado a menudo, las iglesias han luchado por no apartarse del imperativo cristiano de acoger al extranjero.

Además, en este contexto, se han cuestionado y socavado principios fundamentales de larga data del derecho internacional humanitario, incluido el derecho al asilo, el principio fundamental de que toda persona que huye del conflicto y la persecución tiene derecho a buscar protección internacional, independientemente de su nacionalidad, pertenencia étnica, religión, estado de salud o cualquier otro criterio ajeno a la propia necesidad.

Este principio, aunque se remonta a muchos años atrás, está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y protegido en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (Convención sobre los Refugiados) y su Protocolo de 1967. Junto con el establecimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Convención sobre los Refugiados supuso una respuesta internacional colectiva al sufrimiento de los refugiados –la mayoría europeos– tras la Segunda Guerra Mundial. Los principios y las obligaciones definidos en el derecho internacional de los refugiados son igual de pertinentes y necesarios en el contexto de la crisis mundial actual que en la crisis europea de refugiados en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Por consiguiente, el Comité Central, reunido en Trondheim (Noruega), del 22 al 28 de junio de 2016:

  • Acknowledges and respects
      the prerogative of sovereign states to define arrangements for the control of their own borders and the conditions of entry and stay, and recognizes the practical and political challenges posed by the numbers of people arriving. But all states must honour the letter and spirit of their obligations under international law, including human rights and refugee law and especially the right of asylum, or risk jeopardizing the very principles and protections defined to respond to such crises and to which all should be entitled. And states receiving refugees should refrain from imposing oppressive and inhumane constraints upon family reunification that cause suffering and impede social integration, such as lengthening waiting periods.
  • Acknowledges and understands
      the fear and uncertainty felt by societies, communities and churches in countries receiving large numbers of new arrivals – the fear of loss of security, of culture, of tradition, of identity and of livelihood. But in the midst of fear and uncertainty, as Christians we are called to remember our common humanity, the shared God-given human dignity of all, the ‘Golden Rule’, the mission of caring for orphans and widows in their affliction (James 1:27) and of welcoming the stranger (Matthew 25:35). We are assured by Jesus Christ who calls us to this ministry that we need not be afraid (John 14:27).
  • Affirms and commends
      to members churches and partners the WCC executive committee June 2015 statement on responses to migrant crises, the communiqué from the Church Leaders’ Consultation on the European Refugee Crisis, Munich, 29 October 2015, and the "Call for Shared Responsibility and Coordinated Action" issued by the WCC-UN conference on Europe’s Response to the Refugee Crisis, From Origin to Transit, Reception and Refuge, Geneva, 18-19 January 2016, and the June 2016 Lunteren conference statement "Have no fear".
  • Reiterates and underlines
      the WCC’s deep concern for the lives of the tens of millions of people forcibly displaced globally who, fleeing from situations of conflict, violence, persecution, oppression, disaster and deprivation, are driven to undertake journeys of desperate risk and danger.
  • Stresses
      its support for the principles of international humanitarian and human rights law and for their application in the context of this crisis.
  • Urges
      states to refrain from measures that undermine and do not respect their relevant obligations under international refugee and human rights law, especially the right of asylum, and not to abdicate their responsibilities for saving lives and providing protection, or to seek to shift such responsibilities to others, but rather to accept and share these responsibilities through international and regional cooperation and reflect on the true spirit of these laws.
  • Calls
      for much greater and more effective international solidarity in responding collectively to this global crisis, especially through the United Nations system and regional bodies, and addressing the entire trajectory of the movement of forcibly displaced refugees and migrants – from points of origin and transit to points of destination.
  • Draws attention to
      the forthcoming UN Summit on Refugees and Migrants, 19 September 2016, as an opportunity for collective governmental and non-governmental reflection and recommitment to a principled and effective response to the current crisis.
  • Especially calls
      for more concerted and coordinated international action to resolve the root causes of forcible displacement of people, especially the conflicts in Syria and elsewhere in the Middle East, in Libya and elsewhere in Africa, and the situations of extreme oppression and deprivation from which so many people are fleeing.
  • Highlights
      the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development/Sustainable Development Goals and also welcomes the engagement of the UN International Decade for people of African descent as one key framework for addressing such root causes.
  • Encourages
      churches and specialized ministries of the churches in their diaconal and humanitarian response to people on the move, both locally in their own contexts as well as through the international coordination of ACT Alliance.
  • Invites
      immediate wider ecumenical support for the efforts of churches and related organizations bearing the heaviest burden of numbers of forcibly displaced persons.

APPROVED