World Council of Churches

Una comunidad mundial de iglesias que buscan la unidad, el testimonio común y el servicio

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GEN/PUB 5 Segundo informe del comité de cuestiones de actualidad

22 de febrero de 2005

El Comité de Cuestiones de Actualidad recibió las siguientes propuestas para examen y decisión del Comité Central.

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Declaración sobre Iraq

Declaración sobre la Corte Penal Internacional

Declaración sobre Derechos Humanos y Lenguas de Pueblos Indígenas

Declaración sobre Pueblos Desarraigados

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B. Propuestas presentadas durante la reunión por miembros del Comité Central en el plazo de 24 horas tras el anuncio de las propuestas del Comité Ejecutivo:

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Declaración sobre el Tsunami

Decisión respecto de la conmemoración del 90 aniversario del Genocidio Armenio

La cuestión de la retirada de inversiones en empresas que apoyen la ocupación israelí de territorios palestinos.

Respuesta adecuada a la iniciativa del Gobierno del Reino Unido en favor del desarrollo en África

Respuesta adecuada a la situación de los derechos humanos en la Bahía de Guantánamo

Decisión respecto de la situación de la minoría húngara en Vojvodina, Serbia-Montenegro

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El Comité de Cuestiones de Actualidad debatió todas las propuestas recibidas y resolvió sobre ellas de la siguiente manera.

El domingo 24 de abril se cumplirán 90 años del Genocidio Armenio, la masacre trágica de millón y medio de armenios en Turquía y la deportación de otro medio millón de su patria.

El Consejo Mundial de Iglesias ha considerado la necesidad de que se reconozcan públicamente las atrocidades y de que Turquía haga frente a esta parte negra de su historia. La importancia de que Turquía evalúe su historia, en particular mejorando la relación con la minoría armenia, se ha expuesto también recientemente por la Conferencia de Iglesias Europeas en relación con la posición de Turquía con respecto a la Unión Europea.

Desde la perspectiva cristiana, el camino hacia la justicia y la reconciliación exige el reconocimiento del crimen cometido como condición sine qua non para la sanación de las memorias y la posibilidad del perdón. Perdonar no es olvidar, sino mirar atrás con mirada y corazón convertidos y restaurar las relaciones entre culpables y víctimas.

El Comité de Asuntos de Actualidad recomienda al Secretario General y al personal que propongan a todas las iglesias miembros la celebración el domingo 24 de abril de un día de conmemoración del Genocidio Armenio y la consideración otras medidas adecuadas en relación con el 90º aniversario del Genocidio Armenio.

La situación en Vojvodina, Serbia-Montenegro, sigue siendo muy inquietante. Varias delegaciones de iglesias y de gobiernos han visitado recientemente o están próximas a visitar la región. El Comité de Cuestiones de Actualidad recomienda que la CIAI, en contacto con la Conferencia de las Iglesias Europeas, se ocupe del asunto y estudie las medidas adecuadas.

A raíz del informe del Secretario General al Comité Central, se pidió al Comité de Cuestiones de Actualidad que estudiara las medidas adecuadas en respuesta a la iniciativa del Gobierno del Reino Unido en favor del Desarrollo en África.

Es este un Año Kairos para África, en el que se tomarán importantes decisiones sobre normas comerciales, cancelación de la deuda y asistencia al desarrollo. Durante los próximos meses, el papel del Reino Unido a este respecto será decisivo. Tal papel se debatió durante una reciente visita al CMI de un alto representante del Gobierno del Reino Unido. Las medidas adoptadas por el Reino Unido propiciarán un alivio de la deuda más profundo y amplio para los países más pobres, en particular los africanos. El Reino Unido cancelará la deuda en el 100% para los países más pobres, y ha invitado a realizar acciones paralelas de cancelación multilateral de la deuda. El Mecanismo de Financiación Internacional se propone ayudar a los países más pobres del mundo y contribuir a que la comunidad internacional alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el Reino Unido, se trata además de establecer la Comisión para África.

Dada la historia colonial del Reino Unido y las dificultades del país para alcanzar el nivel de ayuda fijado por las Naciones Unidas del 0,7 por ciento del PIB, esta es en verdad una noticia alentadora. Y el papel clave del Gobierno del Reino Unido en la presidencia del G8 y próximamente en la presidencia de la Unión Europea puede hacer que este liderazgo multiplique su efecto político. Hay que felicitarse pues por estas iniciativas.

El Comité de Cuestiones de Actualidad insta al Comité Central a que pida al Secretario General y al personal que sigan en contacto con el Gobierno británico y observen los efectos de esta y otras iniciativas en los países africanos en lo que se refiere a la deuda, el comercio y la ayuda, y estudien de qué manera el movimiento ecuménico puede abogar por una solución justa y equitativa de los problemas que se plantean al continente africano y a sus habitantes.

El Comité de Cuestiones de Actualidad pidió al Embajador Bethuel Kiplagat que elaborara un informe sobre los progresos realizados en el proceso de paz en Somalia y lo recibió con aprecio.

El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que tome las siguientes medidas:

El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que apruebe la siguiente nota sobre Israel y Palestina.

Nota sobre ciertas medidas económicas por la paz en Israel y Palestina.

En el conflicto que opone Israel y Palestina renace actualmente la esperanza aunque continúan las amenazas que separan a las partes en el conflicto. Los palestinos han organizado dos elecciones que han tenido efectos constructivos, a pesar de la continuación de la ocupación, y prevén la realización de otra elección a mediados de año. Las iglesias se alegran de que el proceso de paz progrese, así como la búsqueda de soluciones en la que se comprometen de forma creíble los que tienen que hacer la paz, tanto los poderosos como los débiles.

Las iglesias observan que su compromiso es un testimonio que tiene crecientes repercusiones tanto sobre los israelíes como sobre los palestinos. El Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI) está en marcha y presta ayuda tanto a los palestinos como a los israelíes que son víctimas de la situación actual. Por otra parte, las iglesias manifiestan un creciente interés por emprender nuevas acciones que den testimonio de su compromiso en favor de una paz justa, equitativa y duradera en Palestina y en Israel y aumenten las posibilidades de alcanzarla.

Entre otras, cabe destacar las iniciativas tomadas por las iglesias para administrar de forma más justa sus asuntos económicos, y evitar que se las asocie con las violaciones del derecho internacional en los territorios ocupados. El Comité Central toma nota de la medida tomada por la Iglesia Presbiteriana (Estados Unidos de América) que ha comenzado a retirar ciertas inversiones que tenía en empresas multinacionales implicadas en la ocupación. Esta medida es encomiable, tanto por el método empleado como por la forma de llevarla a cabo, utiliza criterios arraigados en la fe e insta a sus miembros a hacer "lo que sea para la paz" (Lucas 19:42).

Se trata en este caso de la preocupación por atenerse al derecho como fundamento de una paz justa. La empresas multinacionales están involucradas en la demolición de las casas de los palestinos, en la construcción de colonias y de su infraestructura en los territorios ocupados, en la construcción del muro de separación que está situada en buena medida dentro del territorio ocupado, y en otras violaciones del derecho internacional cometidas más allá de las fronteras internacionales reconocidas del Estado de Israel y que fueron fijadas por el Armisticio de 1949.

En este trigésimo octavo año de ocupación crece el deseo de una paz justa y equitativa. Para las iglesias miembros del CMI esas esperanzas están guiadas por la toma de posiciones y programas que dan testimonio de la búsqueda de la verdad en medio de tanta confusión.

Desde 1969, el CMI ha reclamado garantías internacionales efectivas para la independencia política y la integridad territorial de todas las naciones de la región, incluida Israel, y ha reiterado esta exigencia periódicamente y, últimamente, en 2004, al reconocer las serias y legítimas preocupaciones de Israel por la seguridad.

En 1992, el Comité Central declaró que "las críticas dirigidas a las políticas del Gobierno israelí no son en sí mismas antijudías". Durante el proceso de paz de Oslo de los años 1990, las iglesias apoyaron iniciativas de la sociedad civil en favor del acercamiento entre las comunidades en conflicto en la Tierra Santa.

En 1995, el Comité Central definió los criterios relativos a medidas económicas al servicio de la justicia, destacando que debían formar parte de una estrategia más amplia de instauración de la paz, estar dirigidas a hacer frente a las violaciones flagrantes y persistentes, tener un objetivo claro aunque limitado, así como proporcionalidad y un mecanismo de control, y ser llevadas a cabo con transparencia.

En 2001, el Comité Ejecutivo recomendó la organización de un boicot internacional de los bienes producidos en los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados, y las instituciones de desarrollo relacionadas con el CMI (APRODEV) se esfuerzan actualmente por que los productos de los asentamientos israelíes estén debidamente identificados antes de su transporte y envío a la Comunidad Europea de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea e Israel.

Sin embargo, las actividades ilegales en los territorios ocupados continúan como si una paz viable entre uno y otro pueblo no fuera posible. No ignoramos esos hechos y no debemos ser cómplices, aún sin quererlo. En consecuencia, el Comité Central, reunido en Ginebra del 15 al 22 de febrero de 2005:

estimula a las iglesias miembros a que trabajen por la paz de formas innovadoras y a que tomen medidas económicas que sean equitativas, transparentes y noviolentas;

convence a las iglesias miembros de la necesidad de mantener buenas relaciones con sus iglesias hermanas que toman esas iniciativas a fin de apoyarse y aconsejarse recíprocamente;

insta a que se multipliquen y amplíen los contactos entre las comunidades cristianas, musulmanas y judías a fin de que se comprometan juntas en la búsqueda de la paz;

recuerda a las iglesias que tengan fondos de inversiones que pueden hacer un uso responsable de esos fondos apoyando las soluciones pacíficas del conflicto. Las presiones económicas ejercidas en debida forma y abiertamente son uno de esos medios de acción.

El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que apruebe la siguiente declaración sobre los derechos humanos y las lenguas de los pueblos indígenas:

1. Declaración sobre los derechos humanos y las lenguas de los pueblos indígenas

El Consejo Mundial de Iglesias se ocupa de la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas desde el decenio de 1980. Supervisa y apoya la labor del grupo de trabajo especial sobre las poblaciones indígenas que pertenece al sistema de las Naciones Unidas, incluido el proceso de redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El Consejo Mundial de Iglesias sigue comprometido con la Declaración que representa las normas mínimas para la supervivencia de los pueblos indígenas en condiciones dignas. En la Declaración del Comité Central del CMI de Ginebra de julio de 1982 se exhortó a las iglesias miembros, y a otros organismos, a escuchar a los pueblos indígenas y aprender de ellos para profundizar en la comprensión cristiana de sus derechos legales, su situación política, sus logros y aspiraciones culturales y sus convicciones espirituales, y solidarizarse con ellos. Se invitó además a las iglesias a defender políticamente los intereses de los pueblos indígenas y a unirse en la lucha contra aquellos poderes y principados que intentan privar a los pueblos indígenas del derecho a la tierra y de los derechos humanos.

En la Declaración sobre los pueblos indígenas y el derecho a la tierra de la séptima Asamblea del CMI, celebra en Canberra en 1991, se exhortó a las iglesias miembros a pasar de las palabras a los hechos en las siguientes esferas específicas: negociar con los pueblos indígenas para determinar la forma de devolverles las tierras que les han quitado injustamente las iglesias; reconocer, admitir y apoyar enérgicamente el derecho de libre determinación y la soberanía de los pueblos indígenas, y utilizar su influencia sobre gobiernos y organismos internacionales para perseguir activamente el objetivo de justicia mediante la defensa de la soberanía y la libre determinación de los pueblos indígenas.

Si bien el Consejo ha abordado a lo largo de los años varios aspectos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, no ha hablado claro sobre la cuestión de sus lenguas.

El Consejo Mundial de Iglesias es consciente de su responsabilidad en lo que concierne a proteger la vida y está preocupado por el fenómeno global de la pérdida de lenguas a escala mundial. Según cifras de la UNESCO, por término medio una de las lenguas del mundo se pierde cada dos semanas. Se calcula que hasta un 90 por ciento de las 6.700 lenguas que hay en el mundo habrán desaparecido para fines del siglo. Las lenguas indígenas son vehículo de conocimientos esenciales sobre la manera de mantener la biodiversidad en el lugar concreto de la comunidad, contribuyendo así a mantener la vida en el planeta. Los estudiosos reconocen cada vez más el nexo crítico entre la diversidad lingüística y la biodiversidad, admitiendo la analogía entre ambas.

La historia misionera de las iglesias tiene no pocas ambigüedades, una de ellas en relación con las lenguas indígenas. En muchos casos las traducciones de la Biblia han ayudado a conservar y desarrollar lenguas indígenas, mientras que en otros el uso de la lengua colonial ha tenido repercusiones adversas.

Por lo tanto, es preciso revitalizar las lenguas indígenas de todo el mundo en relación con la diversidad cultural, intelectual y espiritual de la humanidad. Estas lenguas constituyen una fuente de conocimientos indígenas que se han ido acumulando y perfeccionando durante milenios: los conocimientos esenciales para comprender los ecosistemas locales, el uso de plantas para fines medicinales, la agronomía especializada y la adaptación cuidadosa a los entornos regionales.

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A pedir la proclamación de un Año Internacional de las Naciones Unidas para las lenguas indígenas en 2006;

A instar a sus gobiernos a que supriman las leyes discriminatorias contra las lenguas indígenas, intenten eliminar las capas de presiones sociales y educativas existentes contra las lenguas indígenas, y promuevan activamente el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales que consideran que la utilización de las lenguas del patrimonio cultural es un derecho humano básico;

A alentar a las ONG y las fundaciones a que den máxima prioridad a la necesidad de proteger la diversidad lingüística mundial brindando financiación y respaldo estructural a las comunidades de todo el mundo que tratan de conservar viva la esencia de las viejas tradiciones a través de sus lenguas indígenas;

A recordar a las iglesias y a la comunidad cristiana que deben tener presente que la diversidad de lenguas habladas es un símbolo de que todos están llenos del Espíritu Santo (Hechos 2) y que toda la diversidad de lenguas es parte integral de la visión de la adoración en presencia de Dios (Apocalipsis 7:9);

A continuar apoyando los servicios y actividades relacionados con las lenguas, en especial la traducción de las Escrituras, teniendo en cuenta que las sociedades miembros de la Sociedad Bíblica Unida traducen actualmente entre 500 y 600 lenguas, y representa así un catalizador importante para estabilizar y desarrollar lenguas;

A fomentar la reflexión sobre su papel y posible complicidad en modelos de genocidio cultural por conducto de los internados u otros organismos y procedimientos;

A solicitar a las iglesias que estudien métodos prácticos para responder a esta crisis mundial, llamen la atención sobre la importancia decisiva de la pérdida de lenguas, y se esfuercen por resolver esta cuestión en sus regiones y a escala internacional;

A pedir a los Estados miembros de las Naciones Unidas que resuelvan sus diferencias y desacuerdos pendientes para allanar el camino hacia la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que protege específicamente los derechos de las lenguas indígenas;

A pedir además a todos los países que tengan población indígena que firmen y ratifiquen el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales Nº 169 de la OIT de 1989, que se refiere a los derechos de las lenguas indígenas en sus artículos 28 y 30.

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El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que apruebe la siguiente Declaración sobre el Tsunami:

2. Proyecto de declaración sobre los países afectados por el tsunami

Nos interpela la visión de una iglesia que llegue a todos, dispuesta a compartir y a servir, proclamadora de la buena noticia de la redención divina, signo del Reino y servidora del mundo (Nuestra visión ecuménica, 8ª Asamblea del CMI, 1998.)

Con profunda tristeza y gran angustia, el Comité Central, reunido en Ginebra, Suiza, en febrero de 2005, toma nota de una de las catástrofes naturales mundiales más mortíferas que golpeó la región del Océano Índico el 26 de diciembre de 2004. Las enormes olas que se precipitaron desde el epicentro del terremoto, arrasaron horas más tarde las ciudades costeras de Indonesia, Tailandia, Maldivas, Sri Lanka, India, Somalia, Tanzanía y Myanmar (no está disponible la información sobre los daños y la pérdida de vidas humanas a causa de la índole de la junta militar en el poder) causando una pérdida inconmensurable de vidas humanas, de población local y turistas, la destrucción de comunidades enteras, la destrucción de propiedades y sufrimiento humano. Es muy lamentable que la tecnología disponible para advertir de inminentes tsunamis no existiese en el Océano Índico. Un sistema de alerta temprana hubiese salvado miles de vidas humanas. Ha llegado el momento de tomar medidas para la instalación de un sistema de alerta temprana en todos los océanos sin protección.

La difícil situación de los niños que han sufrido, como consecuencia del tsunami, es nuestra mayor preocupación. Alrededor de un tercio del total de las víctimas son niños, y miles de los que han sobrevivido se han quedado huérfanos o están separados de sus familias. Existe el temor creciente de que traficantes de seres humanos exploten a los niños como esclavos sexuales, como mano de obra barata o niños soldados. Los niños son nuestros signos de esperanza. Su bienestar hoy nos asegura un mundo mejor en el mañana. Nuestra esperanza sería poder proteger de los abusos y la deshumanización a estos niños vulnerables . Las iglesias y otras entidades no deben escatimar esfuerzos por impedir esta explotación de niños que ya han sufrido el trauma de esta magnitud a una edad muy temprana.

Hemos constatado el impacto del tsunami sobre las mujeres. En algunos casos, las viudas no son propietarias de sus viviendas y debido a la discriminación de género, les es muy difícil rehacer sus vidas. La UNIFEM ha informado sobre casos de secuestro y abuso sexual en mujeres afectadas por el tsunami.

Nos anima la respuesta espontánea a la crisis recibida por parte de las comunidades internacional, nacional y local, así como por las comunidades religiosas y otras entidades. . Esta respuesta incluyó tanto ayuda pastoral como material. La familia ecuménica y sus agencias relacionadas con ACT (Acción Conjunta de las Iglesias) respondieron rápidamente a las necesidades de todos las poblaciones en las áreas afectadas. Suministraron ayuda alimentaria crucial y suministros médicos, además de ayudar con la asistencia médica de emergencia e iniciar con los esfuerzos de rehabilitación. Damos gracias a Dios por revelar el fuerte espíritu de compasión, servicio y solidaridad que nos une como una familia humana.

Las iglesias de Indonesia, India, Sri Lanka y Tailandia han marcado un camino ejemplar de cooperación religiosa en su respuesta a la tragedia del tsunami, apoyándose en las características libertadoras y humanitarias de todas las religiones para subvenir a las necesidades de los supervivientes. Las comunidades cristianas en Indonesia, especialmente la PGI (Consejo Cristiano de Indonesia) y la KWI (Conferencia de Obispos Católicos de Indonesia) rechazaron todos los esfuerzos para usar la misión humanitaria como una forma de "cristianizar" a la población y anunciaron que era el momento para todas las comunidades de fe de trabajar conjuntamente para superar el desastre lo antes posible.

Para las iglesias, el mandato de trabajar con la población afectada por el tsunami viene del imperativo bíblico de proclamar el carácter sagrado y el valor de la vida. Dios nunca olvida "el clamor de los afligidos". (Salmos 9:12)

Asimismo, reconocemos la contribución realizada por los gobiernos donantes, las ONG nacionales e internacionales, así como los organismos de las Naciones Unidas para aliviar el sufrimiento de los supervivientes y sus familias. Con esta acción, han demostrado una dedicación ejemplar a las personas afectadas por esta inmensa tragedia. Esta respuesta sin precedentes al tsunami no debería apartar a las entidades donantes de su atención a sus obligaciones respecto a las necesidades de pueblos afligidos en otras regiones del mundo a consecuencia de "emergencias políticas complejas" y calamidades naturales.

Estamos agradecidos por toda la ayuda y asistencia humanitaria, la asistencia inmediata del personal militar de diferentes países y de los trabajadores extranjeros que han proporcionado sus conocimientos. Sin embargo, faltaríamos a nuestro deber si no hiciésemos hincapié en la importancia de mantener a la población local en el centro de las iniciativas de socorro y rehabilitación. Aunque la ayuda y la asistencia del exterior serán muy útiles para aliviar el sufrimiento inmediato y atender a las necesidades de las poblaciones afectadas, a largo plazo es necesaria la cooperación constructiva entre las diferentes comunidades de fe y el acompañamiento espiritual para reconstruir sus vidas y superar el trauma. Estas actividades tendrán que desarrollarse allí y ser respetuosas con el contexto de las costumbres y comunidades locales; las iglesias de la región tienen que estar capacitadas para ello.

Todos los países que cooperan en las acciones de socorro tendrán que crear una infraestructura propia de responsabilidad y transparencia, de manera que no hayan quejas de corrupción a medida que pase el tiempo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Naciones Unidas ya ha dado un ejemplo al contratar una conocida firma auditora internacional e independiente para realizar auditorías completas de los fondos recibidos y desembolsados.

El Comité Central, reunido en Ginebra, Suiza, del 15 al 22 de febrero de 2005:

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Expresa sus condolencias y sus oraciones por los que perdieron a sus familiares y amigos, incluyendo a los extranjeros, que se encontraban allí cuando el tsunami golpeó las costas en el sur de Asia y el Sudeste Asiático.

Aprecia la respuesta espontánea de la comunidad internacional, la comunidad local, las iglesias, la familia ecuménica y sus agencias de la ACT al proporcionar ayuda y asistencia humanitaria a los supervivientes y a sus familias afectados por el tsunami.

Aplaude a los interlocutores ecuménicos, a las iglesias y a los consejos nacionales en la región por fortalecer su gestión y sus capacidades de liderazgo, por usar la ayuda y asistencia recibidas del exterior de manera eficaz y eficiente.

Está profundamente preocupado por el bienestar de los niños que sobrevivieron al tsunami, que deberían ser atendidos adecuadamente y cuidados; se debe evitar que mujeres y niños sean de nuevo víctimas al caer en manos de traficantes de seres humanos.

También está preocupado por las consecuencias a largo plazo de la reorientación de los programas de ayuda al desarrollo, de la participación militar extranjera en programas humanitarios de asistencia, en particular en áreas de conflictos intraestatales en la región; es de esperar que la crisis ayudará a que las partes se pongan de acuerdo para resolver sus diferencias, se preocupen por el bienestar de la población y sirvan a sus necesidades.

Pide a las iglesias y a las organizaciones humanitarias, comprometidas en la ayuda y en los programas de asistencia que permanezcan alerta y sensibles a la manera de ser local, a la cultura y a las necesidades de la población y que desempeñen sus funciones en estrecha colaboración con las iglesias locales.

Pide a todas las iglesias miembros que proporcionen acompañamiento espiritual a largo plazo y apoyo psicológico en la reconstrucción social de las vidas de los supervivientes y de sus familias.

Estimula al Consejo Mundial de Iglesias a que envíe cartas vivas a las iglesias y los países afectados por el Tsunami.

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El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que apruebe la siguiente Declaración sobre la Corte Penal Internacional:

3. Declaración sobre la Corte Penal Internacional

1. Introducción

La búsqueda de justicia, paz y reconciliación ha estado en el centro de la misión de las iglesias cristianas como respuesta a la enseñanza de Jesús en el sermón del monte: "Bienaventurados los que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. […] Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios" (Mateo 5: 6,9).

 

Tanto en la vida de cada día como a nivel internacional, los cristianos y las iglesias de todo el mundo han hecho de la búsqueda de justicia y paz el elemento central de su compromiso cristiano. El CMI ha subrayado en varias ocasiones la importancia del derecho internacional para construir un mundo más justo.

2. Importancia de la Corte Penal Internacional

El establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) es uno de los avances más importantes de las últimas décadas en materia de derecho internacional. La Corte brinda a la comunidad internacional un instrumento para hacer justicia en el caso de crímenes específicos que de otro modo quedarían en la impunidad. La actuación de la CPI es un paso importante en el proceso de reconciliación dentro de y entre naciones y comunidades.

La CPI, que entró en vigor en julio de 2002, de conformidad con el Estatuto de Roma en que se basa, juzgará a las personas dentro de su jurisdicción que se limita a los siguientes crímenes:

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el crimen de genocidio, es decir, la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso;

crímenes de lesa humanidad, lo que incluye asesinato, exterminio, deportación, encarcelamiento en violación de las normas fundamentales, tortura, violación y esclavitud sexual, desaparición forzada;

crímenes de guerra, lo que incluye graves violaciones de las Convenciones de Ginebra y otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en conflictos armados internacionales, especialmente aquellos que se dirigen a la población civil;

el crimen de agresión (una vez que los Estados partes haya aprobado una disposición).

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La historia humana está llena de ejemplos de crueldades horrendas, agresiones y acciones inhumanas. Sólo en el siglo XX se reconocen cuatro genocidios: hace 90 años, el genocidio armenio; hace 60 años, el Holocausto; hace cerca de 30 años, el genocidio de los khmer rojos; y hace poco más de 10 años, el más reciente genocidio en Rwanda. Las reacciones a estos terribles crímenes fueron muy diferentes: apenas hubo consecuencias para el genocidio armenio, se aplicó la justicia de los vencedores en los juicios de Nuremberg contra los criminales de guerra nazis, fracasó la respuesta local al khmer rojo con el apoyo de Naciones Unidas y se creó el Tribunal Penal Internacional especial para Rwanda.

Con arreglo a los principios de la jurisprudencia penal, la jurisdicción de la CPI no puede tener efecto retroactivo para emprender acciones legales contra los autores de los genocidios impunes del siglo XX. Sin embargo, la CPI será un tribunal permanente que juzgará de una manera coherente los crímenes futuros similares, promoviendo la justicia y la reconciliación y tratando así de cuestiones como la impunidad y la responsabilidad por las acciones de cada cual.

El mundo de hoy está padeciendo muchos conflictos violentos en diferentes regiones y muchos Estados se han visto atrapados en círculos viciosos de violencia y venganza. Procesar a las personas por las atrocidades cometidas contribuirá al proceso de lograr justicia para las víctimas, los autores de los crímenes y la sociedad en su conjunto. También contribuirá a hacer respetar la ley, a establecer un registro histórico preciso y a disuadir a los futuros criminales.

Aunque la CPI no será capaz de prevenir todas las futuras violaciones de los derechos humanos, proporcionará un foro para juzgar los crímenes internacionales más atroces cuando los sistemas nacionales no puedan o no tengan la voluntad de hacerlo. Ofrecerá reparación a las víctimas cuando las cortes nacionales no estén en posición de impartir justicia. También reforzará la posibilidad de paz y acabará con el ciclo de violencia, ofreciendo justicia como una alternativa a la venganza. Finalmente, contribuirá al proceso de reconciliación al remplazar el estigma de la culpa colectiva por la catarsis de la responsabilidad individual.

Por lo que respecta al Estatuto de Roma, la CPI ha sido ratificada por 97 Estados hasta la fecha. Se ha creado una coalición mundial en el marco de la CPI para promover más ratificaciones en todo el mundo. Se ha llevado a cabo un esfuerzo especial en los Estados Unidos de América que, tras haber firmado el Estatuto de Roma, ha declarado su intención de no ratificarlo y está haciendo todo lo posible por concluir acuerdos bilaterales a fin de que los nacionales estadounidenses queden exentos de juicio por la CPI, en un intento inadmisible de beneficiarse de impunidad en relación con los crímenes definidos en el Estatuto.

3. Las iglesias y la CPI

"No cometerás injusticia en los juicios,

ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande:

con justicia juzgarás a tu prójimo" (Levítico 19:15).

Las iglesias han acogido positivamente el establecimiento de la CPI y algunas han instado a sus gobiernos a que firmen y ratifiquen el Estatuto de Roma. Las iglesias reconocen que la CPI permite hacer responsables a quienes de otro modo escaparían de la jurisdicción de los sistemas nacionales de justicia penal.

La Asamblea del CMI en Harare en 1998, en su declaración sobre Derechos Humanos, se congratuló por el acuerdo de crear la CPI, y el informe del moderador reconoció el establecimiento de la CPI como un mecanismo que debería ayudar a las Naciones Unidas a hacer respetar los derechos humanos. Animó al CMI a cooperar con las iglesias y con otros asociados haciendo frente a situaciones y casos en que la impunidad genera injusticia y violencia.

Las iglesias de diferentes partes del mundo y especialmente las de países que han sufrido recientemente violaciones flagrantes de los derechos humanos han estado luchando contra la impunidad a nivel nacional e internacional. Esta lucha se justifica no tanto por la búsqueda del castigo como por la superación de la violencia y la impunidad, el apoyo a las víctimas y la búsqueda de justicia, paz y reconciliación.

En esta tarea, el paradigma de la justicia reparadora ha surgido como una forma de subrayar la importancia de restablecer las relaciones rotas dentro de las comunidades. Mediante la justicia reparadora, la gente empezó a comprender la vulnerabilidad del otro y a reconocer su humanidad. La justicia reparadora apunta a ayudar a las víctimas, a los autores de crímenes y a las comunidades. El enfoque, que se centra en la víctima, surge como una de las características de los procedimientos de la justicia reparadora desde el nivel local hasta el nacional. La CPI, por la importancia dada a la participación de las víctimas en su estructura y sus procedimientos, lleva esta dimensión al plano internacional de un modo nuevo.

Las iglesias y las organizaciones ecuménicas han interpretado los llantos de las víctimas como una petición de respeto a sus derechos. La CPI responde a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Las víctimas tienen derecho a saber qué ocurrió exactamente en el caso de violaciones graves de los derechos humanos. Las víctimas tienen derecho a un juicio justo. Las víctimas tienen derecho a compensación, restitución y rehabilitación por el daño sufrido. Mientras el papel principal de las víctimas en la CPI se subraya con el establecimiento de la "Dependencia de Víctimas y Testigos" dentro de la Secretaría y de la "Dependencia de Participación de Víctimas y Reparaciones", la creación del Fondo Fiduciario se orienta específicamente a la reparación de las víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte.

El Comité Central del CMI, en su reunión de Ginebra del 15 al 22 de febrero de 2005, en consecuencia:

Reafirma la importancia del derecho internacional y de los instrumentos internacionales para responder a los desafíos del mundo de hoy en el proceso actual de globalización;

Reitera su reconocimiento a la creación de la CPI como un instrumento permanente para exigir responsabilidad por crímenes específicos en el proceso de vencer la impunidad y promover la justicia;

Recuerda el compromiso de las iglesias en el Decenio para Superar la Violencia - Las iglesias en busca de la reconciliación y la paz, siguiendo la enseñanza bíblica "Busca la paz y síguela" (Salmo 34:14);

Acoge con aprecio y respalda el establecimiento de la CPI como un instrumento adecuado que contribuirá a la construcción de la paz con justicia;

Anima a la CPI -jueces, fiscal, secretario y personal- a seguir estrictamente los procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma para cumplir función de impartir justicia en los casos que se le presenten y reitera la necesidad de que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres y de las regiones en todos los puestos de conformidad con el Estatuto de Roma;

Subraya especialmente la importancia de la participación de las víctimas tal y como está estipulado en los procedimientos y de la creación del Fondo Fiduciario de la CPI para compensar a las víctimas y a los familiares de las víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte;

Se congratula del reconocimiento sin precedentes por la CPI de que los abusos de los derechos fundamentales de las mujeres y de los derechos específicos de género son crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, dando a las víctimas mujeres el derecho de recurrir;

Exhorta a todos los gobiernos que todavía no han ratificado el Estatuto de Roma para la CPI, y especialmente a los Estados Unidos de América, a que lo ratifiquen sin demora y sin reservas, dando a la Corte tanta competencia como el tratado permita por lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, a fin de que haya un equilibrio a nivel político;

Expresa su reconocimiento a los gobiernos que han ratificado el Estatuto de Roma para la CPI y les pide que adapten sus legislaciones nacionales para cumplir con la CPI y apoyen de modo efectivo cualquier proceso que competa a la CPI;

Hace un llamamiento a las iglesias miembros del CMI para:

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promover la ratificación universal del Estatuto de Roma para la CPI, en especial en aquellos países que aún tienen que ratificar el Estatuto de Roma;

cooperar activamente con la CPI en aquellos países donde los procesos ya han comenzado;

emprender actividades de formación para profundizar en el conocimiento y la pertinencia de la labor de la CPI;

apoyar iniciativas cristianas, ecuménicas e interreligiosas que se dirijan específicamente al trabajo de la CPI, como la Red de Fe y Ética por la CPI y el Centro para la Justicia y la Reconciliación de La Haya;

unirse, en sus propios países y regiones, a otras iniciativas de la sociedad civil en apoyo al trabajo de la CPI;

seguir orando por un mundo justo y pacífico.

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4. Declaración sobre los detenidos de la Bahía de Guantánamo

Todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo o creencia han sido creados por Dios como personas y en una sola comunidad humana. "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal" (Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

El Comité Central, por tanto, está profundamente preocupado por la continua detención sin escrúpulos e ilegal de más de 600 nacionales de diferentes países, en su mayoría musulmanes, en la base naval de la Bahía de Guantánamo. Han sido detenidos sin el debido procedimiento y en total violación de las normas del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos, incluidas las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los Estados Unidos ratificaron en 1992.

El Gobierno de los Estados Unidos ha negado a los detenidos que sus casos sean examinados por los tribunales en los Estados Unidos alegando que "están retenidos bajo la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe y conforme a las leyes y costumbres de la guerra". Además, son "extranjeros sin ninguna relación con los Estados Unidos, retenidos fuera del territorio soberano de los Estados Unidos". Las razones dadas para esta detención socavan los principios universales de jurisprudencia y violan los derechos fundamentales de los detenidos.

Nos animan, por tanto, las acciones del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos (NCCC) que han unido sus voces a otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, jurídicas o religiosas en un informe de amicus curiae presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La petición del NCCC de visitar a los detenidos en la Bahía de Guantánamo por motivos pastorales y humanitarios fue denegada por el gobierno. El NCCC sigue comprometido con la lucha por la justicia y el estado de derecho, y continúa siguiendo de cerca la situación ya que algunos de los casos de detenidos están siendo juzgados bajo el sistema judicial estadounidense.

El Comité Central, reunido en Ginebra, del 15 al 22 de febrero de 2005:

Insta al Gobierno de los Estados Unidos a que conceda inmediatamente derechos jurídicos a los detenidos, como se resume en el informe de amicus curiae del que el NCCC es parte junto a otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;

Exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a que permita al NCCC que desempeñe sus responsabilidades pastorales y humanitarias con los detenidos dando permiso para visitarlos en la Bahía de Guantánamo;

E invita a las iglesias a:

Apreciar y alentar la importante labor realizada por el NCCC en sus esfuerzos por hacer respetar la ley y asegurar un juicio con las debidas garantías para los detenidos en la Bahía de Guantánamo;

Educar y concientizar a sus fieles respecto a la situación de los actualmente detenidos en la Bahía de Guantánamo y desempeñar su responsabilidad como comunidad de fe en Cristo reclamando la liberación de los detenidos en condiciones inhumanas;

Invita a las iglesias miembros a orar por un trato y un juicio justos y equitativos para los detenidos y para sus familias.

El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que apruebe la siguiente declaración sobre Iraq.

5. Declaración sobre la crisis de Iraq: promoción de la paz, obligación de rendir cuentas y estado de derecho.

La crisis de Iraq persiste a expensas del pueblo iraquí, con complicaciones a largo plazo para la comunidad internacional. El Comité Central del Consejo Ecuménico de Iglesias (CMI), reunido en Ginebra, Suiza, del 15 al 22 de febrero de 2005, hace pública esta declaración recordando especialmente a las mujeres, a los niños y a los hombres que han perdido sus vidas durante la guerra y el conflicto en Iraq, a los incontables muertos, a los muchos heridos, enfermos y traumatizados por la violencia, y a los millones de afligidos y atemorizados. Observamos que esta guerra es sólo la última de ocho guerras en Iraq desde la Primera Guerra Mundial, un siglo violento, en el que entidades extranjeras y élites locales monopolizaron el petróleo de la región desatendiendo en general el bienestar de su población.

Nos preocupa la suerte de los ciudadanos más pobres y vulnerables de Iraq -un quinto de la población, unos cinco millones de personas, cuya penuria perdura desde el régimen anterior hasta el actual. Sus índices de mortalidad infantil, niveles de renta y acceso al agua potable, a servicios de higiene y a servicios sanitarios son suficientes para situar en la lista de países que padecen el mayor nivel de pobreza a una nación poseedora de las segundas reservas petrolíferas más grandes del mundo y a la que se dirigen más promesas de ayuda que a toda África.

Expresamos nuestro reconocimiento a las comunidades cristianas de Iraq por su papel único en la sociedad iraquí de hoy, por ser testigos consagrados del Evangelio y por su compromiso para vivir en harmonía con sus vecinos. Declaramos que el actual conflicto no es un conflicto religioso y que los líderes de las partes implicadas tienen una responsabilidad de no utilizar mal la religión para seguir atizando el conflicto.

En la tierra natal de Abraham, vemos a hijos suyos -judíos, cristianos, musulmanes- que actúan como agentes de la sanación y la reconciliación que Iraq tan apremiantemente necesita y que nuestras confesiones tan claramente requieren.

Vemos un rayo de esperanza para el futuro en los millones de ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado mes, aun cuando otros no participaran, entre ellos algunas comunidades cristianas a las que se impidió votar. La acogida de un proceso democrático es un voto para un nuevo Iraq, liberado tanto de la dictadura como de la ocupación.

Sin embargo, la mayoría de las noticias no han sido positivas. En este momento de la crisis, tenemos que constatar que las posiciones que adoptamos hace tres años, lamentablemente, son todavía relevantes, a saber:

nuestros llamamientos para una diplomacia basada en soluciones pacíficas, nuestro rechazo de acción militar preventiva y nuestra afirmación del derecho internacional (Declaración del Comité Central del CMI, 9/02);

nuestro llamamiento para que se respeten los límites sobre el uso de la fuerza de la Carta de las Naciones Unidas, nuestra denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Iraq, en víspera de la guerra, nuestro firme apoyo a las acciones de las iglesias por la paz en todo el mundo (Declaración del Comité Ejecutivo del CMI, 2/03); y, cinco meses después del ataque preventivo sobre Iraq,

nuestra consternación cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cedió a la presión para legitimar la ocupación, socavando su mandato como árbitro de la seguridad internacional, nuestra condena de las atrocidades bajo el régimen de Saddam Hussein, nuestra defensa de la integridad del territorio iraquí, nuestro apoyo al trabajo humanitario sin trabas e imparcial allí, nuestra preocupación por la polarización dentro de los Estados Unidos respecto a la guerra, nuestra advertencia contra el establecimiento de bases militares extranjeras en Iraq, nuestras reivindicaciones en concepto de reparaciones de guerra para la población iraquí y nuestra afirmación del papel de las iglesias de Iraq en la reconstrucción de la sociedad civil junto con otras comunidades religiosas en Iraq (Declaración del Comité Central del CMI, 9/03).

Rechazamos enérgicamente las invocaciones de la llamada "guerra global contra el terror" como justificación de la guerra de Iraq. Emplear ahora el mismo lenguaje indiscriminado contra otros países de la región es tan irresponsable como peligroso. Los líderes que recurrieron al falso pretexto de las conexiones terroristas y de las armas de destrucción masiva para alentar su apuesta por la guerra serán juzgados por la historia. Asimismo, el tiempo reconocerá las pérdidas reales de vidas en Iraq y dejará constancia de las formas más adecuadas para que las democracias respondan a los actos terroristas.

El Comité Central del CMI valora la oposición importante, por principio, a la guerra de Iraq entre los dirigentes y miembros de las iglesias en todo el mundo, pero está alarmado por el hecho de que las iglesias, comunidades y personas que tienen mucho que ofrecer en la crítica constructiva sean silenciadas porque el patriotismo en sus gobiernos, medios de comunicación, campañas electorales e incluso en parroquias locales alcanza muy altas cotas.

Nos preocupa profundamente la violencia contra civiles inocentes para matar a personas por su categoría: en atentados suicidas con bomba durante reuniones públicas, en ejecuciones sumarias de nuevos solicitantes de puestos de trabajo, en bombardeos de iglesias y mezquitas, en el secuestro y asesinato de rehenes.

Condenamos inequívocamente la tortura y la humillación de prisioneros en Iraq y deploramos que el castigo por estos crímenes quede relegado a soldados de grado inferior, a pesar de haber amplias pruebas de decisiones en altos niveles de la Administración estadounidense para eludir las obligaciones del derecho internacional.

La abrumadora violencia en Iraq surge por el uso desproporcionado de la fuerza por los ejércitos de la coalición, causando muertes a civiles en número de 100.000, y destruyendo pueblos y barrios enteros, supuestamente para salvarlos. Consideramos que estas estrategias de ocupación y represión engendran más violencia, sirven para excusar a los adversarios de sus propias barbaridades, inflaman a la opinión pública en toda la región, y rebajan el umbral político de la violencia estatal en los conflictos de todo el mundo.

Los costos humanos de la guerra y el conflicto pesan fuertemente sobre las mujeres iraquíes. La quiebra de la seguridad pública, el colapso de los servicios de salud y hospitalarios y la denegación de derechos humanos afectan a las mujeres y a las niñas ahora y les impedirán contribuir al futuro de su nación.

La financiación de la guerra en Iraq ha sido y continúa siendo un uso erróneo irresponsable de la riqueza del mundo. Los 200.000 millones de dólares destinados por la Administración de los Estados Unidos a Iraq, por ejemplo, proporcionarían agua potable a todos los niños necesitados en el mundo durante una década y media, salvándose así 25 millones de vidas. En cuanto a las obligaciones pendientes, la cantidad gastada hasta la fecha serviría para pagar las contribuciones de los Estados Unidos a las Naciones Unidas durante los próximos 400 años.

Este episodio refleja el desequilibrio mundial entre las preocupaciones de la seguridad nacional y las necesidades de la seguridad humana, y demuestra una falta de responsabilidad en la comunidad internacional.

Por lo tanto, el Comité Central del CMI hace un llamamiento a los gobiernos y organismos intergubernamentales una mayor responsabilidad en el respeto del derecho internacional, tanto para la causa de paz en Iraq como para una gestión más eficaz de futuras crisis. Pedimos a las iglesias miembros y a las organizaciones vinculadas al CMI que transmitan también a sus gobiernos este llamamiento, apoyando iniciativas en las siguientes áreas:

Tomar medidas en los foros internacionales pertinentes para un debate abierto sobre un calendario para la reducción y el cese de la presencia militar de la coalición dirigida por los Estados Unidos en Iraq y para la retirada de sus bases militares allí;

Controlar cada elección iraquí de 2005, de manera que estos ejercicios de voluntad popular bajo la ocupación de facto se usen para alimentar las perspectivas de verdadero autogobierno y no para prolongar la autoridad de entidades no elegidas o extranjeras;

Preparar una transferencia progresiva, bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los instrumentos de gobierno y la gestión de recursos en Iraq a instituciones nacionales con una base amplia, en las que grupos antagónicos puedan aprender a negociar sobre poder y política,

Preparar asimismo la transferencia de las cuestiones de seguridad en Iraq a una fuerza conjunta mantenimiento de la de paz de Iraq y las Naciones Unidas;

Crear un mecanismo en las Naciones Unidas para supervisar la reconstrucción del Iraq post-bélico de manera que se reorienten la ayuda internacional y los recursos iraquíes en torno a los derechos básicos y al bienestar de la población iraquí, asesorar en cuestiones de compensación por daños de guerra, asegurar la máxima participación posible de los iraquíes en los proyectos de reconstrucción reduciendo en gran medida el papel de los contratistas extranjeros, y garantizar la transparencia en la gestión de tales proyectos;

Reafirmar que la guerra contra Iraq fue ilegal bajo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y la necesidad de consolidar el consenso político internacional sobre las bases legales para la acción militar y sobre las respuestas legítimas a las amenazas;

Promover y facilitar una verificación independiente, creíble y exacta a cargo de terceros de las víctimas de ambas partes durante este conflicto, exigiendo responsabilidad por las muertes, las enfermedades, los traumas y las heridas causadas directa e indirectamente por el uso desproporcionado de la fuerza, por las minas que no han explotado y por el uso de uranio empobrecido;

Presionar a la Administración de Estados Unidos para que corrija sus actuales violaciones del derecho internacional en materia de arresto, detención, trato y representación legal de prisioneros y cerrando todas las prisiones extraterritoriales y fuera de la legalidad.

Abogar por los derechos humanos en Iraq y por el cumplimiento del derecho internacional -especialmente la Cuarta Convención de Ginebra y sus Protocolos adicionales- por las autoridades de ocupación, el gobierno interino y los futuros gobiernos en Iraq;

Asimismo, el Comité Central del CMI pide a las iglesias miembros y a las organizaciones vinculadas con el CMI que emprendan acciones locales e internacionales para sanar las heridas infligidas durante la crisis:

Ayudar los ciudadanos cristianos a permanecer en Iraq hablando en su nombre y en nombre de todos los que allí padecen actos de violencia, asesinatos, ataques y secuestros, prestando ayuda a las iglesias y los organismos de los países vecinos que han acogido a cientos de miles de cristianos iraquíes que se vieron obligados a huir; y orando y trabajando por su regreso en seguridad;

Esforzarse, en cuanto a iglesias, por superar las divisiones que surgen de este conflicto en todo el mundo y que se han desarrollado antes, durante y después de esta guerra, y pedir a los gobiernos que se unan a las iglesias, escuelas, fundaciones y medios de comunicación en el largo proceso de reconciliar tales divisiones;

Apoyar los esfuerzos constantes entre los cristianos para trabajar con los musulmanes y las personas de otras confesiones en la búsqueda de nuevas metas para Iraq y Oriente Medio y en la elección de tipos de acción que conduzcan a estos objetivos;

Pedir a las iglesias en todo el mundo que oren por la paz en Iraq, sean solidarias con las iglesias que cuestionan esta guerra y, confesando la necesidad de un diálogo más amplio, acompañen -con espíritu de apertura- a los muchos cristianos que no comparten nuestra postura contra la guerra.

Encomendamos estas acciones a las iglesias miembros y a los gobiernos por el bien de la población de Iraq y por la causa de paz en Oriente Medio.

El Comité de Cuestiones de Actualidad propone al Comité Central que apruebe el siguiente memorándum y las siguientes recomendaciones sobre "practicar la hospitalidad en una época de nuevas formas de migración

7. Memorándum y recomendaciones sobre la práctica de la hospitalidad en una época de nuevas formas de migración

Hace diez años, en septiembre de 1995, el Comité Central del CMI adoptó una declaración sobre las personas desarraigadas titulada "Ha llegado el momento de optar por la solidaridad con los desarraigados". La expresión "personas desarraigadas" se empleó para referirse a todos los que se ven obligados a abandonar su tierra por la gravedad de las condiciones políticas, económicas y sociales, a saber: los refugiados, las personas desplazadas en su propio país y los migrantes forzados. En efecto, las razones por las que las personas se ven obligadas a abandonar sus comunidades con frecuencia son diversas. Hay quienes huyen de las guerras porque sus vidas se ven amenazadas, pero asimismo porque sus medios de vida son destruidos. Las personas que huyen de la persecución pueden utilizar las mismas rutas migratorias que los que abandonaron sus comunidades en buscan de un puesto de trabajo.

Aunque las dificultades de los que buscan seguridad y supervivencia en otras comunidades no son nuevas y han sido objeto de anteriores declaraciones del CMI, también ha habido hechos nuevos y preocupantes durante el decenio pasado. Dos de ellos son el objeto de la presente declaración: las nuevas formas de migración resultantes de la mundialización y los efectos de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en el movimiento de personas.

En este contexto de nuevas modalidades de migración, es importante decir que la migración es normal y que forma parte de nuestra historia. Pero muchas personas se ven obligadas a emigrar por sucesos dramáticos. Cristo nos llama a brindar hospitalidad a los migrantes y los refugiados. El tema de la hospitalidad se puso de relieve durante la reunión plenaria de 2004, de la Comisión de Fe y Constitución del CMI sobre el texto: "Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios" (Romanos 15:7). Los desafíos diarios a los que se enfrentan los migrantes y los refugiados en la actualidad demuestran que tenemos ante nosotros una gran labor para hacer realidad esta llamada de hospitalidad.

Mundialización de economías

Como la integración de las economías nacionales a la economía mundial ha intensificado las desigualdades entre ricos y pobres, más personas tratan de dejar sus países de origen en busca de mejores oportunidades económicas o de la supervivencia. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hoy hay 175 millones de migrantes en el mundo. La revolución en las comunicaciones y en el transporte, consecuencia también de la mundialización, aumenta las posibilidades de que la gente sepa que los niveles de vida son mejores en otras partes y encuentre medios para trasladarse a otros países. Mientras que antes la migración económica era protagonizada sobre todo por hombres solteros, hoy más del 50% está compuesta por mujeres que emigran a otros países en busca de trabajo.

Mientras la mundialización ha significado más facilidad para el movimiento de algunas personas, los gobiernos de los países del Norte y del Sur en general han seguido políticas para impedir el ingreso de las personas fuera de los canales legales. Como se hace más difícil pasar las fronteras de algunos países ricos, están surgiendo nuevos países de destino para los inmigrantes. Por esta razón, los países de Europa central y oriental han recibido muchos más inmigrantes a medida que las vías de acceso a los países de Europa occidental se han vuelto más difíciles, o los solicitantes de asilo son devueltos a esos países. En segundo lugar, como la entrada a los países ricos se hace más difícil, los inmigrantes recurren a vías de acceso cada vez más peligrosas, ya sea cruzando el Mediterráneo en botes poco seguros o atravesando inhóspitas tierras fronterizas para entrar en Estados Unidos. El número de muertes de personas que intentan entrar en los países ricos está aumentando. En tercer lugar, los aspirantes a inmigrantes recurren cada vez más a contrabandistas y traficantes para pasar las fronteras. Otra consecuencia es que muchos refugiados ya no piden asilo sino que más bien permanecen en situaciones irregulares por temor a que su justificada solicitud les acarree la deportación a un tercer país.

Nuevas tendencias en migración

El tráfico de personas implica la contratación y/o el transporte de éstas empleando la violencia u otras formas compulsivas o suministrando información engañosa a fin de explotarlas económica o sexualmente (mediante, por ejemplo, la prostitución o el trabajo forzados). Las personas objeto de tráfico a menudo están en condiciones de esclavitud y ya no tienen libertad de circulación ni de decisión sobre sus destinos. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables al tráfico. UNICEF da cuenta de que, entre 1989 y 1999, el tráfico de niños se duplicó. El tráfico de personas ahora se ha convertido en un gran negocio. Se calcula que entre 600.000 y 800.000 personas por año son víctimas de tráfico, lo que arroja rendimiento anuales de 8 a 10 mil millones de dólares estadounidenses.

Dadas las tendencias demográficas de bajos índices de fecundidad y envejecimiento de las poblaciones, los países desarrollados necesitan inmigrantes para mantener sus niveles de vida y obtener ingresos fiscales con los que pagar las pensiones a los sectores de más edad de su población. Este análisis muy compartido está en total contradicción con la concepción actual de las políticas de inmigración, cuando las hay.

En efecto, para los países de acogida la inmigración plantea muchos problemas. En los países desarrollados, los inmigrantes, en especial los indocumentados, trabajan en puestos que la población local suele despreciar. En muchos países, los políticos han encontrado más fácil culpar a los inmigrantes de los problemas sociales que admitir su propia incapacidad para desarrollar y aplicar los programas necesarios. La inmigración es también la que produce sociedades cada vez más pluriculturales y plurirreligiosas que cuestionan la identidad nacional. Pero en vez de tolerancia y respeto mutuo, los inmigrantes a menudo suscitan actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. De hecho, el racismo también está aumentando dramáticamente en los países en desarrollo, a medida que el empleo y las condiciones sociales se deterioran debido en parte a la liberalización de los mercados económicos.

Por el lado positivo, varios países tienen desde hace tiempo políticas y programas para fomentar el "pluriculturalismo", mediante los cuales se asiste tanto a los grupos de inmigrantes como a las comunidades que los acogen para que se cree el respeto mutuo. Las iglesias se han transformado recibiendo a inmigrantes y el establecimiento de iglesias de inmigrantes en constante aumento está enriqueciendo el paisaje ecuménico en muchas regiones.

No obstante, se están ejerciendo muchas presiones sobre los programas que fomentan los acercamientos pluriculturales. Aunque las sociedades pluriculturales son una descripción de la realidad en la mayoría de los países, cada vez más se están aplicando políticas para restringir los derechos, particularmente sociales pero también derechos fundamentales de los inmigrantes. Con demasiada frecuencia, el trabajo y el servicio se aceptan pero a las personas no. Las políticas restrictivas dejan cada vez más inmigrantes en la inseguridad y éstos a su vez buscan con frecuencia seguridad en sus propias comunidades étnicas. Parece un círculo vicioso, la auto-realización de una profecía de integración fallida, que lleva a poner barreras cada vez más grandes a la integración y al incremento de los temores en las sociedades.

La migración también tiene consecuencias en los países de origen de los inmigrantes. Hay una preocupación generalizada acerca de la llamada "fuga de cerebros" de las personas que dejan sus países. Según la Organización Internacional para las Migraciones, África ya ha perdido la tercera parte de su capital humano. Los ejemplos son muchos. La tercera parte de los médicos de Etiopía han abandonado el país. En el decenio de 1980, Ghana perdió el 60% de sus futuros médicos.

Los migrantes envían dinero a su país. Las remesas de los migrantes han aumentado de una cifra estimada en 2.000 millones de dólares estadounidenses en 1970 a 100.000 millones en 2003; hay investigaciones que indican que la suma que entra por canales informales asciende a 100.000 millones de dólares estadounidenses más. Esta cifra excede en mucho a los 68.500 millones de dólares estadounidenses que gastan actualmente los países ricos en la asistencia oficial al desarrollo y representa una parte sustancial del PIB de muchos países del Sur. Al aumentar el monto de las remesas, los gobiernos están cada vez más ansiosos por tener acceso a esos fondos en divisas mediante impuestos a las transferencias de dinero. Si bien algunos de esos fondos se utilizan para el desarrollo de infraestructura, hay pocos incentivos para que los migrantes quieran invertir esas transferencias en obtener una jubilación y seguridad social. Los migrantes se quejan también del elevado costo bancario -que a menudo llega al 20-30% del total- que tienen que pagar para enviar dinero a su país.

Seguridad y migración

Desde el 11 de septiembre, los gobiernos han intentado impedir la entrada de "terroristas" en sus territorios mediante un montón de nuevas medidas restrictivas. Nuevas leyes, controles más estrictos de los pasaportes, sanciones más severas a las empresas de transporte, más restricciones a los visados y fronteras cada vez más militarizadas son las formas con las que se procura controlar la entrada en el territorio nacional. Estas políticas repercuten particularmente en los migrantes procedentes de ciertas regiones. De hecho, muchos turistas y visitantes ecuménicos han experimentado las consecuencias de la mayor severidad en las políticas de inmigración y obtención de visados.

La detención de los solicitantes de asilo, método que ya utilizaban mucho los gobiernos del Norte, ha aumentado desde el 11 de septiembre de 2001. En Australia, todo hombre, mujer y niño que llega sin visado a pedir asilo es sometido a detención obligatoria, indefinida e inapelable. Los solicitantes de asilo que la Marina intercepta con rumbo a Australia son trasladados por la fuerza a centros de detención en el Pacífico donde el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad por su violación son débiles y poco claros.

Algunos gobiernos europeos ahora quieren emular la "Solución del Pacífico" de Australia y están estudiando nuevas formas de pasar la responsabilidad de los solicitantes de asilo a terceros países instalando campamentos en otras regiones. Si bien oficialmente estas propuestas fueron retiradas de la agenda política de la Unión Europea después de que un estudio demostró que el concepto no es viable, la idea sigue afianzándose. Hay una tendencia a transferir la responsabilidad del examen de las solicitudes de asilo y de la protección de los refugiados a terceros países con garantías judiciales más débiles para los refugiados y con menos potencial económico para atenderlos e integrarlos.

Se están haciendo más comunes las deportaciones de extranjeros. Los gobiernos que antes toleraban la presencia de solicitantes de asilo cuyas solicitudes habían sido denegadas ahora hacen redadas para devolverlos a su país de origen o a un tercer país. En el caso de América Central y el Caribe estas deportaciones están teniendo graves consecuencias sociales, en especial cuando los deportados tienen antecedentes penales y/o actúan en alguna banda.

Por motivos de seguridad en algunos países se violan las libertades civiles y se reduce la seguridad jurídica del régimen de residencia o de reparación legal. En un contexto en el que los migrantes, especialmente los de origen árabe o religión musulmana, son sospechosos de ser criminales o "terroristas" en potencia, están aumentando de manera impresionante los ataques racistas o étnicos.

Implicación cada vez mayor de los militares en los asuntos humanitarios

Aun cuando la guerra y los conflictos civiles continúan desplazando gente, la asistencia humanitaria a los refugiados y los desplazados se está haciendo más peligrosa. En Afganistán, Iraq, Chechenia y muchos otros lugares están aumentando los ataques contra los trabajadores humanitarios. La utilización creciente de la asistencia humanitaria como instrumento de la política exterior y la participación cada vez más frecuente de fuerzas militares en la prestación de ayuda humanitaria han desdibujado los límites entre asistencia humanitaria y motivaciones políticas. El espacio humanitario se está reduciendo. Los conflictos continúan desplazando gente, pero las soluciones son cada vez más difíciles de encontrar. Mucho más de la mitad de los refugiados del mundo han sido desplazados durante más de 10 años sin perspectivas básicas de repatriación, integración local o reasentamiento.

Si bien hay un cuerpo sustancial de leyes que defienden los derechos de los refugiados que deben ser protegidos, esos instrumentos internacionales han sido debilitados durante el pasado decenio. Los gobiernos están aplicando las disposiciones básicas de las leyes internacionales que protegen a los refugiados y los derechos humanos de maneras más restrictivas. Hace 15 años que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias quedó abierta a las firmas y hace dos que entró en vigor pero aún no ha sido firmada por ningún gobierno de los países que acogen grandes cantidades de inmigrantes. La manera de hacer frente a la migración -más que los derechos o la justicia de los migrantes- ha pasado a ser el tema de los debates internacionales sobre la migración, orientados todavía tan solo a controlar e impedir la migración.

Si se analizan las formas de migración en el mundo se advierte una enorme distancia entre el imperativo evangélico de practicar la hospitalidad para con los extranjeros y las políticas y prácticas actuales de los gobiernos de cerrar las fronteras. Confesamos que hay cristianos que rechazan a las personas diferentes a ellos. Al mismo tiempo, miles de congregaciones y de cristianos a título personal están trabajando con refugiados e inmigrantes en contextos cada vez más difíciles y necesitan apoyo. Sin duda existen otros modelos serios y bien estudiados para oponer a las políticas más severas de los gobiernos; deben ser compartidos y utilizados como base para la acción común. Las iglesias intervienen mucho en la educación y la sensibilización de la comunidad en los planos local y nacional y nunca había sido más grande la necesidad de cooperación internacional en las tareas de sensibilización.

Recomendaciones

El Comité Central, reunido en Ginebra del 15 al 22 de febrero de 2005, pide al Consejo Mundial de Iglesias que evalúe los programas adecuados de acuerdo con estas recomendaciones y pide a sus iglesias miembros y a todos los cristianos:

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Que estimulen y apoyen a las iglesias y a los cristianos que están trabajando en defensa de la vida y la protección de todas las personas desarraigadas: refugiados, personas desplazadas en su propio país y migrantes;

Que afirmen una cultura de encuentro, hospitalidad y acogida cordial para con los migrantes y que encuentren ejemplos positivos en los que las iglesias han trabajado juntas con eficacia para brindar soluciones a las políticas restrictivas;

Que hagan tomar conciencia a los miembros de nuestras iglesias de los recursos y las cosas buenas que los migrantes y los refugiados aportan a sus comunidades, para lo cual se puede, entre otras cosas, organizar encuentros entre los desarraigados y quienes los acogen a fin de disipar prejuicios, temores y estereotipos;

Que organicen reuniones de oración y campañas de sensibilización con motivo del Día Internacional de los Migrantes (18 de diciembre) o del Día Mundial del Refugiado (20 de junio) o de otros días especiales sobre temas de este tipo que haya en cada país;

Que trabajen con iglesias y organizaciones próximas, en redes regionales y mundiales ecuménicas para personas desarraigadas para responder a las necesidades de quienes se ven obligados a cruzar las fronteras nacionales, para abogar por el respeto de sus derechos humanos fundamentales, y para mejorar la capacidad en la aplicación de programas en las iglesias en diferentes regiones;

Que promuevan el ministerio multicultural, tanto en la formación del personal de la iglesia local como en el intercambio entre iglesias de los países de acogida y de los países de origen y que profundicen en la reflexión teológica sobre el tema de la hospitalidad y el desarraigo;

Que incluyan, cuando sea procedente, las preocupaciones de las personas desarraigadas, en particular la violencia racista contra los inmigrantes, en los actos que se organicen con relación al Decenio para Superar la Violencia;

Que luchen contra el tráfico de seres humanos, en particular de mujeres y niños para la explotación sexual; que trabajen con gobiernos, iglesias y organizaciones no gubernamentales para asegurar que las víctimas de traficantes reciben el tratamiento apropiado y el respeto; y que se opongan a los esfuerzos de los gobiernos que usan el tráfico existente como una excusa para restringir todavía más la inmigración;

Que se aseguren de que tanto los programas de asistencia como de defensa de derechos se apoyan en un reconocimiento de las formas particulares en que el sexo, la raza, la etnia y la clase se combinan para marginar aún más a las personas desarraigadas

Que tomen la iniciativa en el diálogo interreligioso sobre cuestiones que afectan a la sociedad y las comunidades religiosas para superar conflictos en la sociedad;

Que analicen y estudien las razones políticas, económicas, sociales y ambientales que provocan el desarraigo de las personas y que, en este contexto, examinen el papel de los gobiernos en la creación de condiciones que llevan a la gente a desarraigarse o que ponen a los migrantes en situaciones difíciles, y que elaboren material educativo para la vida de la iglesia sobre las causas del desarraigo;

Que interpelen a los gobiernos que tratan de introducir políticas de inmigración cada vez más restrictivas y se opongan a la tendencia a utilizar motivos de seguridad para justificar la detención de todos los inmigrantes y/o solicitantes de asilo indocumentados;

Que presionen a los gobiernos para que no procedan judicialmente contra los inmigrantes ni los que traten de protegerlos y que alienten a los gobiernos a hacer más por crear y facilitar sociedades receptivas y por fomentar la integración de refugiados y migrantes en sus comunidades;

Que insistan, como cuestión de principio, en que los migrantes indocumentados y los solicitantes de asilo sean detenidos solo en circunstancias excepcionales, y que en esas circunstancias excepcionales se cuide de que los detenidos lo sean por tiempo limitado y puedan recurrir a la autoridad judicial y obtener asesoramiento legal. En ninguna circunstancia deben ser las condiciones de detención de migrantes y solicitantes de asilo peores que las de delincuentes confesos.

Que busquen maneras de incrementar la colaboración entre las iglesias y las organizaciones afines para hacer respetar el derecho internacional y apoyar a las instituciones internacionales establecidas para dar protección y asistencia a las personas desarraigadas;

Que promuevan la ratificación y la aplicación de la Convención Internacional y el Protocolo relativos a los Refugiados (1951/1967) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias (1990); y

Que reconozcan que las leyes humanitarias sobre migrantes, refugiados y personas desplazadas internamente se encuentran bajo constante revisión y examen, ante el cambio del entorno internacional. Las iglesias están llamadas a supervisar y realizar estudios para prepararse a participar en estas complejas cuestiones que probablemente pueden determinar cambios en las leyes tanto internacionales como nacionales.

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