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Declaración aprobada por la X Asamblea del CMI.
La nacionalidad es un derecho humano fundamental establecido en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye la base de la identidad, la dignidad humana y la seguridad. La nacionalidad es un requisito previo esencial para el goce y la protección del conjunto de los derechos humanos.
En la actualidad, hay más de diez millones de personas en todo el mundo que no tienen ninguna nacionalidad: son apátridas. La mayor parte de estos apátridas no se han marchado de su país de origen.
Las personas son apátridas debido a varias razones, algunas relacionadas con aspectos técnicos de la legislación relativa a la nacionalidad y los procedimientos para obtener los documentos que dan prueba de esta. No obstante, la causa suele ser la discriminación. Las minorías son, a menudo excluidas de forma arbitraria de la ciudadanía por motivos de discriminación racial, étnica, religiosa o lingüística.
Esta clase de discriminación en la legislación relativa a la nacionalidad ha convertido en apátridas a más de 800.000 rohingyas, una minoría étnica musulmana que vive en el estado de Rakhine, pese a que está vinculada a Myanmar desde hace siglos. En los últimos 30 años, los rohingyas han sido objeto de una discriminación generalizada, que ha implicado, entre otras cosas, la denegación de la ciudadanía, de la libertad de movimiento y del derecho a casarse; han sido sometidos a detenciones y trabajos forzosos. A raíz de las condiciones discriminatorias imperantes en el país, más de 200.000 rohingyas han huido a Bangladesh, país vecino, pero menos de 30.000 son reconocidos oficialmente como refugiados. La mayoría de los rohingyas no registrados vive en asentamientos para refugiados provisionales no oficiales, en los que los alojamientos se vienen abajo y la desnutrición es generalizada. Pese a estas condiciones, en ocasiones, no se ha autorizado a los organismos de asistencia humanitaria a prestarles ayuda. Al carecer de permiso de residencia o de trabajo, los refugiados no registrados temen ser detenidos o repatriados a la fuerza a Myanmar. Debido a la falta de documentación, las mujeres y las niñas rohingyas son especialmente vulnerables a los ataques físicos, la violencia sexual y la trata de personas. Existen también poblaciones de rohingyas en países del Golfo y muchos de ellos han realizado el peligroso viaje por mar hacia otros países de Asia, o han muerto en el intento.
Los butaneses que viven en Nepal, denominados también lhotshampas, son otro ejemplo de apátridas. Estos descendientes de migrantes nepaleses que se establecieron en el sur de Bután a finales del decenio de 1890 fueron inicialmente contratados por el Gobierno de Bután para despejar las selvas de los Estados meridionales. En 1958, el Gobierno de Bután promulgó la Ley de Ciudadanía, que otorgó la ciudadanía a los lhotshampas. Sin embargo, en los años ochenta, las autoridades de Bután aprobaron una serie de políticas conocidas con el nombre de “butanización”, encaminadas a unificar el país bajo la cultura, la religión y el idioma druk budista. Tras el censo realizado en 1988, se reclasificó a los lhotshampas como ‘inmigrantes ilegales’ y el Gobierno estableció nuevos requisitos para obtener la ciudadanía, en virtud de los cuales se despojó de la nacionalidad a numerosas personas de origen étnico nepalí. Para 1991, muchas decenas de miles habían huido a la India, la mayoría de los cuales llegaron hasta Nepal. Más de la mitad de los 110.000 refugiados butaneses que residen en Nepal han sido ahora reasentados en otros países, y los restantes siguen viviendo en campamentos a la espera de que se solucione su situación.
En Côte d’Ivoire, se negó la ciudadanía a cientos de miles de personas descendientes de trabajadores migrantes traídos en la época colonial porque se consideró que eran ‘extranjeros’ y no reunían los requisitos para obtener la nacionalidad. Este trato discriminatorio ha sido una de las causas fundamentales del conflicto constante imperante allí. Actualmente, el Gobierno de ese país toma medidas para resolver la situación de muchas de las personas afectadas.
La Ley General de Migración de 2004 promulgada por el gobierno de la República Dominicana terminó con el derecho automático a la nacionalidad dominicana del que gozaban los dominicanos de ascendencia haitiana. La ley se aplicó con efecto retroactivo convirtiendo en apátridas a todos los descendientes de los inmigrantes haitianos que habían llegado al país 50 o 60 años atrás. En 2010 se introdujeron enmiendas en la constitución dominicana que establecieron nuevas normas relativas a la nacionalidad basadas en criterios similares. Recientemente, el 23 de septiembre de 2013, el tribunal constitucional de la República Dominicana determinó que los hijos de los inmigrantes haitianos indocumentados del país, incluso los que nacieron en territorio dominicano hace varias décadas, ya no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Actualmente esto afecta a la situación de decenas de miles de personas de la República Dominicana que nunca han tenido ninguna otra nacionalidad. Esta sentencia niega la nacionalidad dominicana a toda persona nacida después de 1929 si ninguno de sus progenitores tiene sangre dominicana.
Además de ser víctimas de la estigmatización y la discriminación, muchos de los miembros del pueblo romaní que están dispersos en diferentes países de Europa son apátridas. Su carencia de nacionalidad, y la consecuente falta de documentos de identificación o de existencia administrativa, impiden su acceso a los derechos humanos básicos tales como la educación, la asistencia sanitaria o el registro de los nacimientos o matrimonios, y aumenta su vulnerabilidad a la marginalización persistente.
En lo que respecta a la población de habla rusa en Letonia, a pesar de que antes de la era soviética ya existía una minoría rusa en este territorio, la ley letona sobre la nacionalidad de 1994 convirtió en apátridas a aproximadamente medio millón de antiguos ciudadanos de la Unión Soviética que se encontraban en territorio letón por no considerarlos como ciudadanos.
La apatridia puede también surgir cuando en la legislación sobre ciudadanía no se trata a hombres y mujeres por igual. Más de 25 países de África, Asia, América y Oriente Medio siguen impidiendo que las madres transmitan su nacionalidad a los hijos en iguales condiciones que los padres. En caso de que estos últimos sean apátridas, estén ausentes o no puedan dar su nacionalidad a los hijos, estos serán apátridas.
La sucesión de Estados es también una causa de la generalización de la apatridia dado que las personas no pueden obtener la ciudadanía en los nuevos Estados. Por ejemplo, cuando se dividieron la ex Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, una gran cantidad de personas en toda Europa central y oriental, Asia central y los Balcanes se convirtió en apátrida. Los más afectados fueron los migrantes y los grupos sociales y étnicos marginados.
Hay apátridas en todas las regiones del mundo. Muchos migrantes se convierten en apátridas tras dejar sus países y encontrarse abandonados a su suerte, sin nacionalidad y sin tener culpa alguna. Varios miles de personas originarias de Myanmar, la ex Unión Soviética y Yugoslavia y de muchos otros lugares son apátridas en los Estados Unidos. Debido al hecho de ser apátridas y, por tanto, no poder viajar ni residir legalmente en otro Estado, no están amparados por la legislación sobre inmigración de los Estados Unidos. Por consiguiente, es casi imposible que las personas sin nacionalidad obtengan la residencia o la ciudadanía en ese país, a menos que se les reconozca como refugiados. Muchas de esas personas terminan en centros de detención de inmigrantes en los que pueden permanecer durante periodos prolongados, aunque no tengan ninguna esperanza de trasladarse a otro país.
