World Council of Churches

Una comunidad mundial de iglesias que buscan la unidad, el testimonio común y el servicio

Segundo informe (para examen y decisión)

22 de febrero de 2006

Poblaciones vulnerables en peligro
Declaración sobre la responsabilidad de proteger 

Introducción

1. En enero de 2001, el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias recibió el documento "Protección de la población en peligro en situaciones de violencia armada: hacia un enfoque ético ecuménico". El documento, en el que se pedía a las iglesias que siguieran estudiando la cuestión, era también el comienzo de un proceso de estudio y consulta dentro del CMI, realizado por la Comisión de las Iglesias sobre Asuntos Internacionales, CIAI. La reflexión profunda sobre los aspectos éticos y teológicos de la responsabilidad de proteger es un asunto que no compete solamente a las iglesias. En una reunión celebrada en la Ciudad de Nueva York en 1999, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pidió al Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Konrad Raiser, que contribuyera al debate internacional sobre la "intervención humanitaria" aportando una perspectiva teológica y ética sobre la cuestión de la intervención para fines humanitarios.

2. La utilización de la fuerza para fines humanitarios es una cuestión controvertida en la mayoría de las esferas intelectuales y políticas. Mientras algunos creen que no se debe evitar el recurso a la fuerza cuando pueda paliar o detener violaciones de derechos humanos a gran escala, otros solamente apoyan una intervención por medios constructivos y noviolentos. Otros otorgan una prioridad máxima a la integridad y la soberanía territoriales. Este debate ha surgido también en las iglesias y estas tres alternativas se mantienen entre los miembros del CMI desde el comienzo mismo del Movimiento Ecuménico. Durante la Primera Asamblea del CMI celebrada en Ámsterdam en 1948, la Asamblea reafirmó las siguientes posiciones opuestas:

"(a) Hay quienes sostienen que, incluso aunque participar en una guerra pueda ser un deber del cristiano en determinadas circunstancias, las guerras modernas, con la destrucción masiva que causan, nunca pueden ser un acto de justicia.

(b) Hay quienes defienden que, a falta de instituciones supranacionales imparciales, la acción militar es la última sanción del imperio de la ley, y es preciso enseñar claramente a los ciudadanos que, si es necesario, tienen la obligación de defender la ley con la fuerza.

(c) Otros, en cambio, convencidos de que un testimonio absoluto contra la guerra y en favor de la paz constituye para ellos la voluntad de Dios, rechazan cualquier tipo de servicio militar y desean que la iglesia hable en este sentido."

3. A lo largo de la historia, hay algunas iglesias que han figurado entre quienes legitiman las intervenciones militares, una actitud que ha llevado a guerras desastrosas. En muchos casos las iglesias han admitido su culpa posteriormente. Durante el siglo XX, las iglesias han empezado a tomar conciencia de su vocación de ser un ministerio de sanación y reconciliación, por encima de las fronteras nacionales. La creación del CMI puede interpretarse como el resultado de este redescubrimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús nos exhorta a no quedarnos en amar al prójimo, sino amar también a nuestros enemigos. Este mandamiento se basa en la naturaleza del amor de Dios, cuya manifestación suprema es la muerte de Jesucristo para salvar a sus enemigos, absorbiendo su hostilidad e impartiendo su misericordia en vez de una justicia retributiva (Rom 5:10; Lucas 6:36). La prohibición de matar constituye el núcleo de toda ética cristiana (Mt 5:21-22). Pero el testimonio bíblico nos informa también sobre una antropología que toma en serio la capacidad humana de obrar el mal. Los cristianos afrontan el desafío de conseguir la paz en medio de la violencia.

4. Las iglesias miembros del Consejo Mundial confiesan unidas la primacía de la no violencia sobre la base de su fe en que todo ser humano ha sido creado a imagen de Dios, y comparte la naturaleza humana adoptada por Jesucristo al encarnarse. Esto está en consonancia con los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por esta razón, el CMI estableció en el ámbito ecuménico un "Decenio para superar la violencia 2001-2010: las iglesias en busca de la reconciliación y la paz", semejante al "Decenio internacional de una cultura de paz 2001-2010" de las Naciones Unidas. Es en aquellos que son más vulnerables donde Cristo se hace visible para nosotros (Mt 25). Esta responsabilidad trasciende las fronteras de las naciones y de las tradiciones religiosas. Es una responsabilidad ecuménica, que concibe el mundo como la casa única de Dios creador de todos. Las iglesias respetan el firme testimonio de muchas personas que han reconocido la responsabilidad de proteger a los débiles, pobres y vulnerables mediante la no-violencia, algunas veces pagando con sus vidas.

De una "intervención humanitaria" a la "responsabilidad de proteger"

5. El concepto de Responsabilidad de Proteger fue elaborado por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIIES) en su informe de diciembre de 2001. Con ello el debate se desplazó del punto de vista de los que intervienen al de las personas que necesitan ayuda, redefiniendo así la soberanía como la condición de un sujeto de obligaciones, y no como un poder absoluto. Esta noción innovadora se centra en las necesidades y los derechos de la población civil y en las responsabilidades de la soberanía, no sólo en los derechos de la soberanía. Por lo tanto, al centrar la atención, no ya en la intervención, sino en la protección, se coloca a los ciudadanos en el centro del debate. Los estados no pueden seguir ocultándose tras el pretexto de la soberanía para perpetrar violaciones de los derechos humanos contra sus ciudadanos y vivir en una impunidad total.

6. Las iglesias apoyan la nueva norma internacional de la responsabilidad de proteger. Según esta norma, los gobiernos nacionales cargan claramente con la responsabilidad primaria y soberana de proporcionar seguridad a sus poblaciones. Además, la responsabilidad de proteger y fomentar el bienestar de su pueblo es fundamental para la soberanía de un estado. Cuando se incumple esta responsabilidad, bien por negligencia, bien por falta de capacidad o por ataques directos a la población, la comunidad internacional tiene la obligación de ayudar a los pueblos y a los estados y, en situaciones extremas, debe intervenir en los asuntos internos del estado por mor del interés y la seguridad de las personas.

Nuestra preocupación primordial: la prevención

7. Ser fieles a la responsabilidad de proteger a las personas significa sobre todo prevención; prevención de cualquiera de las agresiones a gran escala contra los individuos y las comunidades de las que el mundo ha sido testigo en Camboya, Ruanda, Sudán, Uganda, República Democrática del Congo, y en otros casos y lugares de crisis causadas por los seres humanos. Los estudios del CMI pusieron de manifiesto que, si bien las iglesias tienen opiniones diferentes sobre el uso de la fuerza para fines de protección de los seres humanos, están de acuerdo sobre la función esencial y primordial de los esfuerzos preventivos para evitar y, en lo posible, afrontar las crisis antes de que alcance proporciones graves. La protección resulta necesaria cuando fracasa la prevención. Por consiguiente, las iglesias insisten en la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en la prevención. Aunque una intervención externa - mediante el uso de la fuerza o por medios noviolentos - puede ser inevitable en algunas situaciones, las iglesias deberían participar no obstante en incrementar la capacidad de la población local para intervenir por sí misma, mediante el fortalecimiento de las estructuras de la sociedad civil y por medio de asociaciones modernas entre los sectores público y privado, con fines tanto de prevención como de protección. Las iglesias están llamadas a ofrecer su autoridad moral para la mediación entre partes que tienen un poder desigual.

8. La prevención de la inseguridad en una situación catastrófica exige prestar atención tanto al origen de la inseguridad, como a sus causas más directas o inmediatas. En términos generales, lo que hay que hacer a largo plazo es tratar de conseguir la seguridad humana y la transformación de la vida de acuerdo con la visión del Reino de Dios. Los elementos esenciales de la seguridad humana y el desarrollo económico (la satisfacción de las necesidades fundamentales), la educación universal, el respeto de los derechos humanos, el buen gobierno, la no exclusión política y la repartición del poder, el comercio justo, el control sobre los instrumentos de la violencia (en particular, las armas pequeñas) y el imperio de la ley, por medio de instituciones de seguridad que sean respetuosas y responsables ante la ley, y promoviendo la confianza en las instituciones públicas. Por otra parte, una atención preventiva más inmediata a la aparición de crisis de seguridad debe incluir medidas específicas encaminadas a mitigar inseguridades inmediatas y a infundir una esperanza fundada en que las instituciones y mecanismos nacionales, con el apoyo de una comunidad internacional atenta, seguirán empeñándose en evitar una crisis de inseguridad humana.

9. En el ámbito nacional, los gobiernos deberían realizar actividades de autocontrol para tomar conciencia de las amenazas que surjan, establecer mecanismos para alertar a las autoridades y organismos sobre la aparición de tales amenazas, comprometer a la sociedad civil y a las iglesias en la evaluación de las condiciones de seguridad e inseguridad humanas, entablar diálogos nacionales, incluido el diálogo con partes no estatales, reconocer los problemas emergentes y comprometer a la población en la búsqueda de soluciones y elaborar planes de acción nacionales.

10. La prevención exige la adopción de medidas para afrontar las condiciones de inseguridad en cuanto surjan, antes de que hagan estallar la crisis, lo que, a su vez, exige capacidades de prevención concretas, tales como las de alerta temprana, o de identificación de amenazas emergentes o condiciones de inseguridad, así como la voluntad política de actuar antes de que se produzca la crisis. Para actuar antes de que estalle la crisis, es necesario tener una sensibilidad y comprensión especial de las condiciones y necesidades de la población, lo que, a su vez, implica la cooperación activa de la sociedad civil y especialmente de las comunidades de fe que están arraigadas en las realidades cotidianas, espirituales y físicas, de la población. En muchos contextos de crisis, las comunidades de fe desempeñan una función muy importante en los procesos de creación de confianza y búsqueda de la verdad, tales como los de las comisiones de verdad y reconciliación, centros de sanación de traumas, lugares seguros de reunión para grupos opuestos, etc.

La formación de una mentalidad ecuménica sobre los dilemas que plantea el uso de la fuerza

11. Es necesario distinguir entre prevención e intervención. Desde la perspectiva eclesial y ecuménica, si se produce una intervención, es porque ha fracaso la prevención. La responsabilidad de proteger consiste, ante todo y sobre todo, en proteger a las personas civiles y en evitar que una crisis les perjudique en sus derechos humanos. La responsabilidad de la comunidad internacional consiste fundamentalmente en una acción preventiva no militar, por medio de medidas como el despliegue del personal de ayuda humanitaria y de enviados especiales, la creación de capacidad y el fortalecimiento de una estructura local sostenible, así como la imposición de sanciones económicas y embargos sobre armamentos, etc. La comunidad internacional tiene la obligación de contribuir a la seguridad humana antes de que las situaciones difíciles que padecen los estados degeneren en catástrofes. Es la obligación de ofrecer protección mediante la prevención de los ataques contra la seguridad, los derechos y el bienestar de las personas en sus hogares y comunidades, y contra el bienestar del entorno en el que viven.

12. La comunidad de iglesias, al instar a la comunidad internacional a que preste ayuda a poblaciones vulnerables que padecen sufrimientos y peligros extraordinarios, no se halla en condiciones de afirmar que nunca es apropiado ni necesario recurrir al uso de la fuerza para proteger a las personas vulnerables. El hecho de negarse por principio a descartar el uso de la fuerza no se basa en la creencia ingenua de que se puede confiar en la fuerza como medio para resolver problemas insolubles. Se basa, en cambio, en la certeza de que el objetivo debe ser el bienestar de la población, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y totalmente a merced de los caprichos y privilegios de sus torturadores. Es una realidad trágica que los civiles, especialmente las mujeres y los niños, sean las principales víctimas en situaciones de extrema inseguridad y guerra.

13. El recurso a la fuerza es, ante todo y sobre todo, el resultado del fracaso en evitar algo que podría haberse previsto y evitado si se hubieran tomado las medidas apropiadas, pero que tras no tomarlas y una vez reconocido el fracaso, el mundo necesita hacer cualquier cosa para aliviar el sufrimiento y el peligro que padecen las personas como consecuencia de ello. El ejercicio de la fuerza puede legitimarse únicamente como medio para detener el uso de la fuerza militar, a fin de reinstaurar los métodos civiles de resolver los problemas, y respetando estrictamente la proporcionalidad de los medios. Ha de someterse al control del derecho internacional, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, y solamente podrán ejercerlo aquellos países que se ajusten estrictamente al derecho internacional. Se trata de una condición obligatoria. La violación del derecho es inaceptable incluso en los casos en que parece que, a corto plazo y desde el punto de vista militar, el respeto del derecho implicar actuar con desventaja o entorpecer la eficiencia de la intervención. Las iglesias reconocen que, de la misma forma en que las personas y comunidades de sociedades estables y ricas pueden, en situaciones de emergencia, recurrir a la policía militar para que les ayuden cuando se encuentran en situaciones poco comunes o extraordinarias de violencia, también debería poderse brindar protección a las personas que se hallan en circunstancias mucho más peligrosas.

14. Por consiguiente, es posible que las iglesias reconozcan que, en algunas circunstancias, el recurso a la fuerza con fines de protección es una posibilidad que no garantiza el éxito, pero que debe intentarse si el mundo no ha conseguido encontrar otros medios de prestar ayuda a quienes se hallan en situaciones desesperadas. Conviene recordar que dentro de las iglesias hay personas que rechazan el uso de la fuerza en cualquier circunstancia. La forma en que conciben su responsabilidad es la persistencia en un compromiso preventivo y, como último recurso, correr el riesgo, cualquiera que sea su costo, de realizar una intervención noviolenta durante el uso de la fuerza. Es posible que cualquiera de estas dos opciones fracase también pero ambas deben respetarse como expresiones de la responsabilidad cristiana.

Los límites del uso de la fuerza

15. Sin embargo, las iglesias no creen en el ejercicio de una fuerza letal para instaurar un nuevo orden de paz y seguridad. Al limitar el recurso a la fuerza muy específicamente a objetivos inmediatos de protección, las iglesias insisten en que no pueden conseguirse por la fuerza los tipos de soluciones a largo plazo que se necesitan, es decir, devolver a las sociedades unas condiciones en las cuales la mayoría las personas gocen de una seguridad física, se satisfagan las necesidades fundamentales económicas, sociales y de salud, se respeten los derechos y libertades fundamentales, estén controlados los instrumentos de violencia y se afirmen la dignidad y el valor de todas las personas. En realidad, la limitación de la legitimidad de la fuerza en operaciones de protección equivale a reconocer que las dificultades de las sociedades profundamente afligidas no pueden aliviarse rápidamente ni por medios militares ni por la diplomacia; y que en el proceso largo y penosamente lento de reconstruir las condiciones de una paz sostenible, quienes son más vulnerables tienen el derecho a estar protegidos, al menos, de las amenazas más importantes.

16. El uso de la fuerza para fines humanitarios nunca puede constituir un intento de encontrar soluciones militares a problemas sociales y políticos, ni de fraguar militarmente nuevas realidades sociales y políticas. Tiene por objeto más bien mitigar amenazas inminentes y aliviar sufrimientos inmediatos mientras se buscan soluciones a largo plazo por otros medios. Por lo tanto, el uso de la fuerza para fines humanitarios debe realizarse en el contexto de una amplia gama de esfuerzos económicos, sociales, políticos y diplomáticos encaminados a mejorar las condiciones directas y crónicas que son causa de la crisis. A largo plazo, se deberían educar y formar fuerzas de policía internacional dedicadas a esta tarea concreta, regidas por el derecho internacional. Las intervenciones deberían ir acompañadas de esfuerzos paralelos de socorros humanitarios y deberían incluir los recursos y la voluntad de permanecer con las personas en peligro hasta que se restablezcan un orden fundamental y la seguridad pública, y exista una capacidad local demostrada para continuar creando las condiciones de una paz duradera.

17. La fuerza que ha de desplegarse y utilizarse para fines humanitarios debe distinguirse también de los métodos y objetivos de guerra y lucha militares. La operación militar no es una guerra para derrotar a un estado, sino una operación destinada a proteger a poblaciones en peligro de ser acosadas o perseguidas o asesinadas. Se relaciona más con una actividad policial justa, si bien no necesariamente con el nivel de fuerza exigido, en el sentido de que no se emplean las fuerzas armadas para "vencer" en un conflicto o derrocar un régimen. Las fuerzas se hallan en el lugar para proteger a personas en peligro y para mantener cierto nivel de seguridad pública, mientras otras autoridades e instituciones buscan soluciones a los problemas subyacentes.

18. Por lo tanto, pueden darse casos en que haya iglesias afectadas que pidan activamente una intervención protectora con fines humanitarios. Estas peticiones estarán dirigidas siempre a la comunidad internacional y presupondrán un proceso de discernimiento y adopción de decisiones de conformidad con la comunidad internacional y ajustadas estrictamente al derecho internacional. Es probable que sean llamamientos hechos a regañadientes, debido a que las iglesias, lo mismo que otras instituciones y personas, sabrán siempre que la actual situación de peligro podría y debería haberse evitado. En tales circunstancias, las iglesias deberían considerar apropiado reconocer su propia culpabilidad colectiva por no haber evitado la crisis que ha puesto a la población en tal peligro.

Propuestas

La 9ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, reunida en Porto Alegre, Brasil, del 14 al 23 de febrero de 2006:

a) Aprueba la Declaración sobre la Responsabilidad de Proteger y expresa las gracias a todos los miembros de las iglesias y los individuos que participan en el proceso de estudio y consulta sobre "La responsabilidad de proteger: reflexión ética y teológica", y pide al Comité Central que siga elaborando directrices para las iglesias miembros, basándose en los principios formulados en este informe.

b) Promueve la prevención como instrumento y objetivo fundamental de las iglesias, en relación con "La responsabilidad de proteger". Dado que las iglesias y otras comunidades de fe, así como sus dirigentes, están arraigados en las realidades espirituales y físicas cotidianas de la población, tienen tanto la responsabilidad como la posibilidad especial de participar en la creación de mecanismos nacionales y multilaterales de protección y de prevención de conflictos militares. Las iglesias y otras comunidades de fe tienen una responsabilidad especial para contribuir la detección anticipada de situaciones de inseguridad. La prevención es el único medio fiable de protección; y a fin de detectar con anticipación si una situación de conflicto está empeorando, no hay que dejar de prestar atención a todas las personas que trabajan estrechamente con las poblaciones afectadas y que gozan de su confianza.

c) Se une a otros cristianos de todo el mundo en el arrepentimiento por nuestra incapacidad colectiva para vivir con justicia, promover la justicia y negarnos a participar en la injusticia. Es posible adoptar esta postura en el mundo sólo cuando el Señorío de Cristo es más elevado que cualquier otra lealtad y cuando la iglesia está abierta a recibir el misterioso poder del Espíritu Santo. Una solidaridad crítica con las víctimas de la violencia y su defensa contra todas las fuerzas opresoras deben informar también nuestros esfuerzos teológicos para conseguir esta nueva eclesiología. El ministerio de la iglesia para con las personas que necesitan protección se basa en un acompañamiento integral y conviviente de la humanidad a lo largo de toda la vida, en épocas buenas y malas.

d) Reafirma el ministerio de reconciliación y sanación de las iglesias como una función importante para fomentar el diálogo político en la nación para la unidad y la confianza. Una visión unificadora del estado es aquella en que todas las partes de la población se consideran a sí mismas decisivas para el futuro del país. Las iglesias deben tratar especialmente de subrayar la comprensión de la soberanía como responsabilidad. Bajo la soberanía de Dios, consideramos que todos los seres humanos tienen la obligación de cuidar unos de otros y de toda la creación. La soberanía ejercitada por las instituciones humanas se basa en el ejercicio de "La responsabilidad de proteger" al prójimo y a toda la creación.

e) Pide a la comunidad internacional y a los distintos gobiernos nacionales que fortalezcan su capacidad para establecer estrategias preventivas dotadas de medios de intervención para reducir la violencia juntamente con las instituciones de la sociedad civil, a fin de contribuir a desarrollar un derecho internacional basado en los derechos humanos, e iniciar un proceso de apoyo a la creación de estrategias de actuación policial para frenar graves violaciones de los derechos humanos.

f) Exhorta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que, en aquellas situaciones donde ha fallado la prevención y donde los gobiernos nacionales no pueden o no quieren ofrecer protección a las personas a quienes ampara ese derecho, adopten oportunamente las medidas eficaces, en cooperación con las organizaciones regionales correspondientes, para que se proteja a los civiles en situaciones de peligro extremo, y se promuevan reacciones urgentes encaminadas a restaurar la seguridad y el bienestar sostenibles.

g) Insta nuevamente a la comunidad internacional y a cada unos de los gobiernos nacionales a que destinen muchos más recursos y formación a la intervención noviolenta y al acompañamiento de las poblaciones vulnerables.

h) Solicita al Comité Central que considere un proceso de estudio en el que participen todas las iglesias miembros y las organizaciones ecuménicas, a fin de elaborar una extensa declaración ecuménica sobre la paz -en la que se traten temas como la paz justa, la Responsabilidad de Proteger, el papel y la naturaleza jurídica de los combatientes sin estado, el conflicto de valores (por ejemplo, la integridad territorial y la vida humana)-, para que sea adoptada al concluir el Decenio para Superar la Violencia en 2010.

Declaración sobre el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos

 

1. "La violencia del terrorismo -en sus múltiples formas- es aborrecible para todos los que creen que la vida humana es un don de Dios y, por lo tanto, infinitamente preciosa. Todo intento de intimidar a otros infligiéndoles muertes y heridas indiscriminadas debe ser condenado universalmente. Sin embargo, la respuesta al terrorismo no puede consistir en pagar con la misma moneda, ya que esto puede conducir a más violencia y más terror. En lugar de ello, se necesita un esfuerzo concertado de todas las naciones para eliminar toda justificación posible de tales actos".

2. Este mensaje que el Secretario General del CMI incluyó en su carta del 1 de octubre de 2001 al Secretario General de las Naciones Unidas ha sido reafirmado por la 9ª Asamblea del CMI.

3. En los últimos tiempos, los actos de terror y algunos de los aspectos de la llamada "guerra contra el terror" han introducido nuevas dimensiones de violencia. Además, están bajo amenaza las principales leyes y normas internacionales, sobre todo la normativa en materia de derechos humanos ya establecida en el pasado.

4. Los terroristas basan sus acciones en reivindicaciones absolutistas. La religión se utiliza a veces como pretexto para el uso de la violencia, sancionada ésta por decreto divino. Reunidos aquí los representantes de iglesias de todos los rincones del mundo declaramos solemnemente que el terror en cuanto acto de violencia indiscriminado con fines políticos contra civiles desarmados no admite ninguna clase de justificación jurídica, teológica o ética.

5. La 9ª Asamblea del CMI apoya el objetivo fijado por el Decenio para Superar la Violencia: "renunciar a toda justificación teológica de la violencia y afirmar la espiritualidad de la reconciliación y de la noviolencia activa".

6. Los actos de terror son actos criminales, y así han de ser tipificados en los instrumentos del imperio de la ley, tanto nacionales como internacionales, cuyo fortalecimiento es necesario. Las reglas y normas en materia de derechos humanos y derecho humanitario consagradas internacionalmente son el resultado del esfuerzo común y están específicamente concebidas para afrontar situaciones de crisis y amenazas a individuos y sociedades. Al emplear estos instrumentos para responder al terror se corre el riesgo de que resulten erosionados. Es sumamente importante resistir a la erosión de derechos y libertades. La "guerra contra el terror" ha redefinido el concepto de guerra y ha relativizado el derecho internacional y las leyes y normas en materia de derechos humanos. Una acción militar para frenar el terror puede ser indiscriminadamente destructiva y atemorizar a las poblaciones afectadas. Como consecuencia de ella se puede legitimar una acción violenta, en detrimento de otros medios basados en la justicia penal, que son los pertinentes en situaciones de terror. La comunidad internacional debe cooperar para poner fin al terrorismo, en particular consolidando la Corte Penal Internacional para intervenir en actos de terror. La comunidad internacional sólo puede superar el terror si defiende el respeto a la dignidad de los seres humanos y al imperio de la ley.

7. Las iglesias y todas las demás comunidades de fe están llamadas a hacer frente a la realidad de que vivimos en un mundo dominado por el miedo. En una época como ésta conviene recordar los excelentes recursos que ofrece la religión para guiarnos hacia la paz y la reconciliación. Estos recursos deben utilizarse cuando las comunidades y los líderes religiosos se reúnen para denunciar los actos de terror y cualquier intento de legitimarlo. Asimismo, deben tomar medidas contra cualquier intento de responder al terror con medios militares o cualquier otro medio que suponga un menosprecio de los derechos humanos y el imperio de la ley. Las comunidades y los líderes religiosos deben estar al frente de la lucha por una sociedad donde reine la ley y el respeto a la dignidad humana. Las iglesias desempeñan un papel esencial a la hora de elaborar estos asuntos en el marco de una cultura de diálogo.

Propuestas

La 9ª Asamblea del CMI, reunida en Porto Alegre, Brasil, del 14 al 23 de febrero de 2006:

a) Aprueba la Declaración sobre el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos.

b) Afirma que las iglesias tienen la función de buscar la paz y tratar de conseguirla. La violencia contra civiles desarmados e inocentes, ejercida con fines políticos por los estados y agentes no estatales, no admite ninguna clase de justificación jurídica, teológica o ética.

c) Insta a que los actos y amenazas terroristas, al igual que el apoyo al terror por parte de organizaciones, sean considerados como asuntos de justicia penal. Hay que buscar otras soluciones contra el terrorismo que no sean militares; las iglesias deben desafiar firme y decididamente el concepto de "guerra contra el terror".

d) Reconoce la labor teológica realizada por las iglesias con respecto al concepto de seguridad y pide que siga perfeccionándose.

e) Expresa la necesidad de acompañar y apoyar a las iglesias cuando éstas responden de manera profética y constructiva en su misión pastoral y profética de ayudar a quienes se hallan atrapados por el miedo.

f) Estimula iniciativas interreligiosas para movilizar otras respuestas posibles al terrorismo que no se basen en la violencia. Se deberá rechazar todo intento de justificar actos de terror como respuesta a problemas políticos y sociales y será preciso desempeñar una función activa en la prevención de los conflictos, actuando como sistema de alerta temprana y construyendo una cultura de paz para la vida.

g) Afirma que todas las acciones antiterroristas realizadas por el estado deben mantenerse dentro de los límites del derecho internacional, asegurando el respeto de los derechos humanos y el derecho humanitario. La legislación antiterrorista no deberá causar la humillación y violación de los derechos humanos y la dignidad humana de los ciudadanos comunes. Es preciso que los estados y la comunidad internacional no se limiten a cooperar en materia de policía y medios militares, y emprendan una cooperación encaminada a erradicar las causas del terrorismo.  

Nota sobre el respeto mutuo, la responsabilidad y el diálogo con pueblos de otras religiones 

1. La comunidad internacional debe trabajar unida para contribuir al respeto del mundo entero por la diversidad, la cultura y la religión. Las comunidades y los líderes religiosos tienen la responsabilidad especial de promover la tolerancia y de tratar de aminorar el desconocimiento de otras religiones. Los representantes de las 348 iglesias de 120 países, reunidas en Porto Alegre, Brasil, en la 9ª Asamblea del CMI, reafirman su compromiso de respetar el diálogo y la cooperación entre los pueblos de las distintas religiones. Mediante el diálogo aprendemos de la fe de los demás y comprendemos mejor el dolor y la frustración que subyacen tras este desconocimiento. Nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Además, percibimos mejor el papel que desempeña la religión en la política nacional e internacional.

2. En un mundo donde observamos que la religión y la política están cada vez más interrelacionadas, hay muchos conflictos y tensiones que llevan la impronta de la religión. El CMI ha promovido siempre el diálogo interreligioso tanto a nivel internacional como local. Instamos a las iglesias miembros y a los consejos nacionales de las iglesias a que creen plataformas para facilitar este diálogo. Éste debería venir acompañado por una cooperación para que las comunidades de fe interpelen al resto de la sociedad civil y los gobiernos con respecto a cuestiones de interés común, especialmente, allí donde la religión, los lugares sagrados, los derechos de las minorías y los derechos humanos se encuentran amenazados.

3. Con respecto al asunto de la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma, que comenzó en Dinamarca en septiembre del año pasado, es esencial fortalecer el diálogo y la cooperación entre los cristianos y los musulmanes. Estas caricaturas han sido motivo de controversia en todo el mundo. La reproducción de las mismas ha dado lugar a reacciones violentas que aumentan la tensión. Deploramos la publicación de estas caricaturas y las violentas reacciones a que han dado lugar.

4. La libertad de expresión es, por supuesto, un derecho humano fundamental que necesita de garantías y amparo. Mediante el ejercicio de este derecho se obliga a las estructuras de poder a rendir cuentas y se afrontan los abusos de poder. Con la publicación de las caricaturas, se ha utilizado la libertad de expresión para causar dolor ridiculizando las religiones, los valores y la dignidad de los pueblos. Al hacerlo así, se devalúa el fundamento de este derecho. Conviene que nos recordemos a nosotros mismos lo que escribió San Pedro: "Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos" (1 P 2; 16-17). El uso incorrecto de la libertad de expresión debería abordarse con medios no violentos como la crítica y las expresiones de desacuerdo rotundo.

5. Reconocemos que en la actual situación de tensión intervienen otros aspectos además de los religiosos. El fracaso a la hora de encontrar una solución justa y pacífica al conflicto árabe-israelí, las dificultades para aceptar los resultados de unos elecciones libres, junto con las guerras de Iraq y Afganistán incrementan la frustración dentro de un contexto histórico marcado por las cruzadas y el colonialismo. En numerosas regiones en el mundo, hay personas que se sienten exluidas política y económicamente, y que consideran que, a menudo, los poderes y las culturas dominantes aplican un doble rasero cuando tratan cuestiones que son importantes para ellos. En las regiones ricas e influyentes del mundo, hay muchos países cuyas políticas de integración no han logrado que las minorías se sientan acogidas. Por el contrario, éstas deben afrontar el racismo, los estereotipos, la xenofobia, y una falta de respeto por su religión.

6. En nuestro mundo, la verdadera tensión no es la que se da entre la religión y las creencias, sino entre la intolerancia agresiva y las ideologías manipuladoras de índole secular y religiosa. Estas ideologías se utilizan para legitimar el uso de la violencia, la exclusión de las minorías y la dominación política. Las principales víctimas de estos conflictos son las minorías religiosas que viven en un contexto de diferencia con la mayoría cultural. Sin embargo, reconocemos que existe un respeto y una tolerancia cada vez mayores en todas las culturas. Muchos están aprendiendo que es posible ser diferente, incluso estar en desacuerdo y, sin embargo, seguir dialogando con serenidad y colaborando por el bien común.

7. La crisis reciente indica la necesidad de que los estados y las sociedades seculares entiendan mejor y respeten más el papel y el significado de la religión en un mundo multicultural y globalizado y, especialmente, que la asuman como una dimensión de la identidad humana. Esta actitud contribuirá a que la religión y los pueblos de fe sean instrumentos para tender puentes entre las culturas y las naciones y a que ayuden a resolver los problemas subyacentes.

Propuestas

La 9ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, reunida en Porto Alegre, Brasil, del 14 al 23 de febrero de 2006:

a) Aprueba la nota sobre el respeto mutuo, la responsabilidad y el diálogo con los pueblos de otras religiones.

b) Pide a las iglesias miembros y a los asociados ecuménicos de todo el mundo que se unan para expresar su solidaridad con aquellos que son atacados en sus símbolos y sentimientos religiosos, así como para defender la integridad de su religion mediante medios no violentos.

c) Recomienda a todas las iglesias miembros, a los consejos nacionales y regionales de las iglesias que contribuyan a la creación de plataformas para el diálogo con los fieles de otras religiones, y adopten inmediatamente medidas destinadas a superar las razones sociales, económicas y políticas que subyacen a las divisiones.

d) Insta a las iglesias miembros y a los asociados ecuménicos para que, en contextos donde la religión interactúa con la política causando divisiones, profundicen en el diálogo con los dirigentes de otras religiones, buscando soluciones en común y creando códigos comunes de conducta.

e) Apela a las iglesias miembros y a los asociados ecuménicos de todo el mundo para que sigan trabajando en la eliminación del racismo, los estereotipos y la xenofobia en sus respectivas sociedades y para que, junto con los pueblos de otras religiones, contribuyan a una cultura de respeto y tolerancia.

f) Reafirma nuestro compromiso con el derecho a la libertad de expresión, al mismo tiempo que se hace un llamamiento a las iglesias miembros para que contribuyan a una necesaria reflexión sobre cómo ratificar la necesidad de introducir una conducta ética y unos criterios justos en el ejercicio de este derecho.