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Frente “al empeoramiento de la situación de los derechos humanos y la creciente violencia e impunidad” en Filipinas, el Comité Central del CMI expresó su alarma e indignación señalando en particular el rol del gobierno del país.
En la declaración se citan informes en los que se dice que la denominada “guerra contra las drogas” ha redundado en la muerte de más de 22.893 hombres, mujeres y niños a manos de la policía y vigilantes respaldados por esta”. También se denuncia el desplazamiento forzado de indígenas a gran escala, el daño a escuelas, las ejecuciones extrajudiciales y los arrestos ilegales en Mindanao desde que allí se impusiera la ley marcial en mayo de 2017.
Además, en la declaración se “exhorta al Gobierno de Filipinas a poner fin a la cultura de la impunidad, ordenar la investigación de todos los asesinatos y abandonar la demanda del Departamento de Justicia de declarar terroristas a los activistas”, así como a levantar la ley marcial en Mindanao.
Leer la declaración del Comité Central sobre la situación en Filipinas (en inglés)
