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La decisión judicial de la República Dominicana que anula la ciudadanía de una cifra que se estima en torno a los 200000 dominicanos de ascendencia haitiana ha sido duramente criticada por los líderes de las iglesias.
Katharine Jefferts Schori, obispa presidenta de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, una iglesia miembro del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), puso de relieve los desafíos a los que se enfrentan los apátridas en una reciente entrevista con el Servicio Episcopal de Noticias publicada el pasado 26 de enero. «La realidad actual es que hay generaciones enteras de personas con ascendencia haitiana en la República Dominicana: hijos, nietos e incluso bisnietos nacidos en la República Dominicana a los que hoy se les niega la ciudadanía, lo cual significa que ya no pueden solicitar pasaportes o tener teléfonos móviles, ya que no tienen números de identificación», explicó.
«En muchos casos, sus actas de nacimiento se han suprimido o se han declarado inválidas. No pueden ir a la escuela ni a la universidad, no pueden solicitar préstamos; en definitiva, no pueden participar en la vida normal de la sociedad. No son solamente indocumentados, sino también "desdocumentados"», añadió.
El dictamen judicial de 2013 se pronunció tres años después de que la República Dominicana modificase su Constitución eliminando el jus soli, el derecho de toda persona nacida en el territorio de un Estado a la nacionalidad o la ciudadanía, que es un derecho prácticamente universal en las Américas. La resolución judicial reforzó este cambio constitucional, haciéndolo retroactivo a 1929 y privando de la ciudadanía a tres generaciones enteras nacidas en la República Dominicana, como ilustra un artículo de Lynette Wilson publicado por el Servicio Episcopal de Noticias.
«La desnacionalización impuesta por esta resolución es un acto de injusticia, una forma de iniquidad; se trata de dominicanos que han sido desposeídos de su nacionalidad por resolución judicial», afirmó el obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana Julio Holguín, que ha colaborado con un comité de solidaridad formado por abogados, activistas y académicos que han condenado esta acción legal y que defienden los derechos de los afectados.
«En tanto que iglesia, nos sentimos comprometidos con esta causa y llamados a ser la voz de los que no tienen voz», precisó Julio Holguín.
Se calcula que unos 10 millones de personas son apátridas en todo el mundo debido a conflictos y a otras razones como la migración económica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que inició una campaña de diez años con el objetivo de erradicar la apatridia en el año 2014.
«Las iglesias cuentan con una amplia experiencia en contribuir a hacer oír las voces de los marginados, olvidados e invisibles», declaró Semegnish Asfaw Grosjean, responsable del programa del CMI para asuntos internacionales. «Tienen la misión de mostrar la vulnerabilidad de aquellos que han sido excluidos del sistema y abogar por la protección de sus derechos humanos», añadió.
Con sus 345 iglesias miembros, el CMI ha participado activamente en la defensa de los derechos de los apátridas. En la X Asamblea del CMI que se celebró en Busan (República de Corea) en 2013, se adoptó una declaración sobre los derechos humanos de los apátridas. Una delegación del CMI presentó asimismo un conjunto de recomendaciones para la defensa de los derechos de los apátridas ante el Primer Foro Mundial sobre la Apatridia organizado por el ACNUR y por la Universidad de Tilburgo, en los Países Bajos, en 2014.
Declaración sobre los derechos humanos de los apátridas
Las recomendaciones de Den Dolder para defender los derechos de los apátridas (en inglés)
Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI
