El pueblo uruguayo reforma la Constitución nacional para garantizar el derecho al agua
El 31 de octubre de 2004 se convirtió en un día histórico para Uruguay y el movimiento global del agua, cuando más del 60% del pueblo uruguayo apoyó la reforma constitucional en defensa del agua, agregando el agua como derecho humano a la Constitución y fijando la base para su manejo exclusivamente público, participativo y sostenible.
Este referéndum fue promovido por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). La Comisión fue creada en el 2002 como respuesta a la firma de una carta intención entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario Internacional (el FMI), que se comprometía a ampliar la privatización de los servicios de agua potable y del saneamiento al país entero. Las privatizaciones comenzaron en el departamento de Maldonado, en primer lugar con la presencia de la compañía multinacional francesa Suez Lyonnaise, seguida por la compañía española Aguas de Bilbao. Como ha sucedido en la mayoría de los casos estas privatizaciones tuvieron consecuencias negativas.
Desde el punto de vista social, amplios sectores de la población no podían acceder al agua potable por no poder pagar los costos del servicio, que disminuyó considerablemente su calidad en comparación a los servicios ofrecidos por la compañía estatal de agua, OSE. Las condiciones del servicio eran de tan baja calidad que los organismos de control de calidad en esa materia recomendaron no consumir el agua porque no se conformaba con estándares mínimos.
La victoria del plebiscito del agua fue, de hecho, una conquista social. CNDAV es un grupo amplio de organizaciones sociales y políticas, que se oponen a un concepto mercantil del agua. Entre sus fundadores están organizaciones de vecinos, FFOSE (sindicato de la compañía del estado del agua) y REDES (Amigos de la Tierra, Uruguay).
Sin embargo, a pesar del apoyo político, el plebiscito del agua era secundario dentro de la agenda política y de los medios de comunicación.
Además de esto, las compañías privatizadoras del agua y de otros sectores (como compañías embotelladoras) así como los sectores empresariales conservadores (propietarios de tierras, forestación y arroz) realizaron una campaña fuerte contra la reforma. Durante los nueve meses anteriores al plebiscito, el FMI llevó a cabo una discusión pública con la CNDAV, negando cualquier imposición al gobierno de Uruguay y rechazando la responsabilidad atribuida al contenido de la carta de intención de 2002, que funge como un contrato entre el gobierno y el FMI. El trabajo, que permitió el triunfo de la reforma constitucional, fue basado en los grupos y comunidades a nivel de base, quienes transmitieron el espíritu y el contenido de los artículos propuestos
El resultado auspicioso del plebiscito abre las puertas para una política del agua diseñada a partir de una visión de este recurso como bien común, a ser manejado públicamente en base a criterios de participación social y sostenibilidad. El resultado del plebiscito también prueba la viabilidad y el potencial de esfuerzos y alianzas populares en defensa y protección de bienes sociales comunes. Es un signo inspirador de esperanza para la comunidad internacional de defensores del derecho humano al agua.
(Texto proporcionado por Danuta Sacher, Pan para el Mundo)